Los expertos proponen bajar las cotizaciones sociales y compensarlo con los indirectos

• Las cotizaciones podrían bajar 3 o 4 puntos si el IVA sube en dos puntos
• Lagares aboga porque las prestaciones sociales reflejen más lo aportado
• Plantean eliminar la exención de la indemnización por despido improcedente

El grupo de expertos designado por el Gobierno para elaborar una propuesta para la reforma fiscal aboga por reducir la parte de las cotizaciones sociales que sufragan las empresas y compensar la caída de ingresos de la Seguridad Social a través de la imposición indirecta.

En concreto, el presidente del comité, Manuel Lagares, ha abogado por bajar las cotizaciones sociales entre 3 ó 4 puntos a cambio de elevar dos puntos el IVA.

"España se caracteriza por un sistema impositivo en el que el peso  de las cotizaciones sociales es superior a la media de la UE y porque  el peso inicial de estas cuotas recae en bastante mayor medida sobre  los empresarios que sobre los trabajadores", apuntan los expertos.

El informe apunta que en una situación "ideal" se propondría simplemente una reducción de las cotizaciones sociales, pero admite que "la situación de elevado déficit público no permite formular responsablemente una propuesta semejante".

Imposición sobre nóminas

Al mismo tiempo, el informe señala que "las bases de cotización  tienen unos valores mínimos y, sobre todo, máximos, que las  encorsetan fuertemente" y que impide una imposición sobre nóminas  "plenamente equivalente al gravamen de rendimientos de trabajo en el  IRPF".

Por ello, los expertos recomiendan eliminar esos máximos y mínimos  y obligar a la tributación por el salario efectivamente percibido, ya  que así se lograría un "auténtico impuesto sobre nóminas".

Al mismo tiempo, señalan que sería conveniente  establecer los nuevos tipos fijos de gravamen de las cotizaciones  sociales de modo que su recaudación global resulte, en todo caso,  equivalente a la actual, pero reduciendo, "en la medida de lo  posible", el número actual de esos tipos, tipificando contingencias  cubiertas en cada caso y reduciendo su presión sobre el empleo de más  baja retribución y menos cualificado.

Además los procedimientos de  gestión, una vez unificada la base de gravamen en torno a los  rendimientos efectivamente percibidos, podrían incluso integrarse sin  grandes dificultades en el actual sistema de retenciones en la fuente  del IRPF, "con notables ahorros de costes para la Administración y  para los afectados".

Prestaciones sociales

Lagares opina que sería necesario subir las prestaciones sociales para que sean "más equilibradas" con lo que efectivamente se ha aportado y "con el tiempo, computar toda la vida laboral" para el cálculo de las pensiones.

El catedrático de Hacienda Pública apunta que España tiene "un problema de envejecimiento terrorífico" y hay que tomar decisiones radicales para no dejar sin protección social a una amplia capa de la población.

Insiste en que se debe "aumentar la contributividad de las prestaciones sociales" aunque antes es necesario estabilizar las cuentas de la Seguridad Social.

También propone una devaluación fiscal para aumentar el empleo con una fuerte reducción de las cargas sociales para "abaratar los costes laborales sin afectar a los salarios".

Antes de acometerla, habría que estabilizar la financiación de las pensiones y mejorar la eficiencia del mercado laboral. Además se debería evitar que los menores costes sirvieran para subir los salarios, en lugar de crear nuevos contratos, y fomentar la competencia para que los empresarios no aumentasen sus márgenes sin crear empleo.

Indemnizaciones por despido

Los expertos fiscales plantean suprimir la exención tributaria de la que disfrutan los trabajadores que sufren un despido improcedente.

El informe considera que la especial compensación a los despidos improcedentes se encuentra en la indemnización más elevada que reciben, pero "no en que tal indemnización quede exenta de la tributación correspondiente, que en todo caso debería ser la que se aplica a los rendimientos obtenidos en más más de dos ejercicios".

Por eso creen que debería suprimirse su exención, pues "esa medida reduciría sustancialmente la litigiosidad laboral", que podría quedar reducida casi exclusivamente a las auténticas situaciones de despido injustificado.