Bruselas: "El acuerdo con EE.UU. no pondrá en peligro la protección ni la democracia europeas"

• Así lo afirma el jefe negociador de la UE en el pacto de librecomercio con EEUU
• Parte de la sociedad civil europea, movilizada contra este acuerdo
• Bruselas abre consulta pública sobre el arbitraje en disputas Estado-inversores
• La cuarta ronda de negociación se cerró el viernes "con avances sustanciales"

El jefe negociador de EE.UU., Dan Mullaney, y su homólogo de la UE, Ignacio García Bercero, a la derecha de la fotografía, junto al secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz.

El acuerdo de libre comercio entre la UE y EE.UU.  no incluirá "nada" que pueda poner en peligro los niveles de protección del consumidor, salud o medio ambiente alcanzados en Europa o en EE.UU., ni tampoco los procedimientos democráticos propios de cada una de las partes a la hora de regular sobre esas protecciones. Ese ha sido el mensaje de los jefes de ambos equipos de negociación este lunes en Madrid, ante la creciente preocupación en Europa por el mecanismo de resolución de disputas entre los Estados y los inversores que quiere introducirse en ese pacto trasatlántico de liberalización comercial.

Este mecanismo (ISDS, por sus siglas en inglés) definiría en qué situaciones y condiciones los inversores/empresas privadas podrían demandar a los gobiernos ante tribunales de arbitraje si consideran que las normas y leyes nacionales perjudican sus inversiones, y podrían llevar a los Estados a pagar elevadas compensaciones a esas compañías.

Preocupación en la sociedad civil europea

Tanto el responsable de la negociación por parte de la UE, el español Ignacio García Bercero, como el del equipo estadounidense, Dan Mullaney, han participado en una conferencia sobre el punto actual de la negociación y los objetivos del llamado TTIP (las siglas derivadas de su nombre en inglés: Trasatlantic Trade and Investment Partnership) celebrada en el Ministerio de Economía, en Madrid, y allí han recordado que este tipo de arbitraje ya se contempla en 1.400 acuerdos firmados por los Estados miembros de la UE y en unos 3.000 vigentes en todo el mundo.

Pero su utilización por parte de algunas multinacionales para tratar de debilitar normas estatales que les perjudican ha puesto en guardia a muchas asociaciones y organizaciones de la sociedad civil europea, que temen puedan usarse para, por ejemplo, extender la fractura hidráulica o fracking en la UE o relajar las estrictas normas europeas sobre transgénicos.

Así, recurren a ejemplos de empresas que han recurrido a esta vía, como la española Repsol, que llevó a Argentina a varios tribunales de arbitraje para obtener compensación por la expropiación de YPF; la compañía sueca de energía Vattenfall, que pide casi 4.000 millones de euros de compensación a Alemania por su decisión de cerrar las centrales nucleares más antiguas; la estadounidense Lone Pine Resources, que ha demandado al estado canadiense de Québec por su moratoria para fracking y le exige más de 190 millones de euros; la petrolera estadounidense Chevron, que ha recurrido al arbitraje para soslayar la sentencia de los tribunales ecuatorianos que le obliga a pagar los 18.000 millones de dólares gastados para limpiar tierras y agua contaminadas por sus operaciones, o la demanda multimillonaria de la tabaquera Philip Morris contra Australia, por legislar a favor de las cajetillas sin marca.

Berlín pide excluir el mecanismo y Bruselas abre una consulta pública

Ante esta creciente polémica, el Gobierno de Alemania ha solicitado ya que esas disposiciones se excluyan de la negociación, cuando se cumplen nueve meses desde que se iniciaron en julio del año pasado y cuando, el viernes pasado, se acaba de cerrar la cuarta ronda negociadora "con avances sustanciales", según los negociadores de ambas partes.

Con este panorama, la Comisión Europea (encargada de negociar los acuerdos de librecomercio en nombre de la UE) ha decidido detener la negociación en este capítulo para realizar una consulta pública, que comenzará a finales de este mes y recogerá las preocupaciones y propuestas de los ciudadanos. Después de ese proceso, se discutirá con los Estados miembros y el Parlamento Europeo para cerrar la que será la propuesta comunitaria para la negociación de ese punto.

El jefe negociador de la Unión Europea, el español Ignacio García Bercero, ha insistido en que el objetivo de Bruselas es lograr un mecanismo "plenamente respetuoso con la reglamentación" de los Estados -que "en ningún caso ponga en riesgo el derecho de la UE, de los Estados o de EE.UU. a adoptar normas de interés público"- y con una definición "más precisa" de los estándares de protección del inversor, "para evitar el riesgo de que los árbitros puedan tener una discrecionalidad excesiva".

García Bercero ha señalado que este sistema "no se ha inventado" para este acuerdo en concreto, aunque ha afirmado que la intención de ambas partes es modernizarlo y hacerlo más transparente, "con la posibilidad de que la sociedad civil intervenga en los procedimientos".

Según el responsable del equipo negociador estadounidense para el TTIP, Dan Mullaney, el objetivo es que el ISDS (Investor-State Dispute Settlement) "proteja a los inversores ante acciones discriminatorias y, a la vez -y muy importante-, preserve el espacio regulatorio para conseguir objetivos normativos de interés público". Así, ha especificado Mullaney, es necesario "proteger a los inversores contra interpretaciones indeseadas de la regulación".

Lo más difícil: compaginar dos sistemas normativos complejos

Respecto a otros ámbitos incluidos en la negociación del TTIP, García Bercero y Mullaney han coincidido en que el más complicado es el que deberá ajustar reglamentos, normas y regulaciones de ambos lados del Atlántico en casi todos los sectores, unos más sensibles que otros, pero todos complejos.

"Por primera vez, la UE y EE.UU. negocian de igual a igual y ninguno de ellos puede imponer su modelo al otro, sino que hay que establecer vasos comunicantes", ha destacado el funcionario comunitario.

Para su homólogo estadounidense, este acuerdo va mucho más allá de eliminar aranceles y garantizar el acceso a los mercados. "Se trata de tomar dos regímenes regulatorios complicados, que han evolucionado de forma distinta, y hacer que funcionen juntos".

Como ha ilustrado el británico Angus Lapsley, director de la Secretaría de Asuntos Generales y Europeos del primer ministro británico, en la UE hay 26 normas para regular el espejo retrovisor de los automóviles y en EE.UU. hay otras 24 diferentes, "y los espejos retrovisores son muy parecidos en los dos lados".

García Bercero también ha advertido que el compromiso político fuerte en ambas partes será "crítico"  para lograr sacar adelante el acuerdo, para lo cual -ha añadido- "hay  que comunicar bien los beneficios que traerá y que se desmonten mitos  sobre los riesgos". Esa voluntad política se enfrenta a "un contexto político complejo", con elecciones al Parlamento Europeo y nueva Comisión Europea, y comicios legislativos en EE.UU., que dejarán al equipo negociador de ese país sin autorización expresa de sus Cámaras parlamentarias.