Garzón insta a los jueces de la Audiencia Nacional a no aplicar "leyes inconstitucionales"

• Cree que el recorte de la justicia universal "subvierte" el ordenamiento español
• Considera que "potencia la impunidad" y "usurpa claramente" el poder judicial
• Baltasar Garzón fue pionero en aplicar el principio de jurisdicción universal

El exjuez Baltasar Garzón, durante el seminario sobre "Justicia universal o impunidad", organizado por el grupo parlamentario de la Izquierda Plural, en el Congreso de los Diputados.

El exjuez español Baltasar Garzón ha asegurado que la reciente limitación del concepto de justicia universal en España "subvierte" el ordenamiento jurídico español y ha sugerido que esa reforma podría ser ilegal y ha instado a los jueces de la Audiencia Nacional a seguir el ejemplo del juez Pedraz, que anunció este lunes que no archivará el caso Couso, a fin de no aplicar "leyes inconstitucionales".

"Son los jueces, no puede ser una ley, quien imponga el sobreseimiento de una causa judicial, estamos subvirtiendo totalmente el orden jurídico y los jueces tienen la obligación de no aplicar las leyes claramente inconstitucionales. Es lo que ha hecho Pedraz y es lo que deben hacer todos los demás", ha denunciado Garzón. 

El que fuera juez de la Audiencia Nacional ha recomendado a los magistrados no aplicar la norma hasta que "no se resuelvan" las cuestiones pendientes sobre "una ley claramente exorbitante" y "claramente contraria" a tratados internacionales ratificados por España que son parte del ordenamiento jurídico español y que "tienen un cauce". 

Durante su intervención en un seminario organizado en el Congreso de los Diputados sobre la justicia universal, Garzón ha aludido a la reforma legal aprobada recientemente en el Parlamento por la cual los jueces españoles ven limitada su capacidad de acción en algunas causas a los delitos de genocidio o lesa humanidad cuando la causa se dirija contra ciudadanos españoles o ciudadanos extranjeros que residan habitualmente en España o cuya extradición hubiera sido denegada.

Según Garzón, esa reforma "usurpa claramente el ámbito del poder judicial" y la ha calificado de "arbitraria" y "claramente contraria a tratados internacionales ratificados por España".

Sanciones para España

A juicio de Garzón se trata de una reforma aprobada "ad hoc" a modo  de "ley excepcional" ya que dispone que hay que cerrar los casos que ya  están investigando los jueces, lo que supone "una interferencia y una  usurpación que castiga el Código Penal".

"No tiene por qué salir esto gratis",  ha dicho Baltasar Garzón, quien  ha insistido que puede existir "responsabilidad de quienes  conscientemente han votado una norma que dice que hay que suprimir a los  jueces, que son los únicos que pueden archivar los casos abiertos y no  los diputados del PP".

Además, ha dicho no tener ninguna duda de que el incumplimiento de convenios internacionales puede acarrear sanciones para España por parte del Comité de Desaparición Forzada de Personas, el Comité de Tortura y otros.

Garzón, actualmente presidente de la Fundación Internacional Pro Derechos Humanos y Jurisdicción Universal, ha apuntado que las sanciones en ese sentido tienen que ir encaminadas a garantizar que las investigaciones de varios jueces españoles se mantengan hasta que se aclare la constitucionalidad de la ley.

Baltasar Garzón fue uno de los jueces pioneros en poner en práctica  el principio de jurisdicción universal al investigar los crímenes  cometidos por la dictadura de Augusto Pinochet en Chile y que llevó a la  detención de éste en 1998 en Londres, aunque finalmente el Gobierno  británico le concedió la libertad.

"Fuera de España esto es un escándalo"

Convencido de que los poderes económicos y políticos del mundo están detrás de esta "reforma exprés" de la justicia universal, Garzón ha asegurado que "fuera de España esto es un escándalo".

Para el exjuez se trata de "una de las mayores agresiones legales en  España a las víctimas, que son las grandes olvidadas y marginadas", por  lo que ve también necesaria una movilización ciudadana contra esta ley,  que "potencia la impunidad" en aras de los intereses de algunos países.

Entre las causas afectadas por esta reforma figuran la investigación a varios exjerarcas chinos por el supuesto genocidio en el Tíbet y la muerte del camarógrafo español José Couso en Irak en 2003 por disparos de militares estadounidenses.

A este respecto, el juez de la Audiencia Nacional que investiga la muerte del reportero español, Santiago Pedraz, anunció que mantendrá abierta la causa por considerar que está amparada por la Convención de Ginebra que protege a las personas en un conflicto armado, procedimiento que han seguido otros jueces como Pablo Ruz o Ismael Moreno -quien investiga el caso del genocidio en el Tíbet-, que han preguntado a las partes en las causas que tienen abiertas antes de proceder a decidir si archivan los casos.

Consecuencias en otras causas

Garzón ha señalado que la reforma no solo favorece la impunidad de delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra, sino también otros de diversa índole hasta el punto de que un juez ya ha tenido que archivar una causa de abusos sexuales de hermanos españoles en el extranjero al estar fuera de España.

Otro ejemplo que ha puesto Garzón es que España ya no puede perseguir con la nueva norma a un hipotético responsable de Al Qaeda que dirija la organización y ordene un atentado en territorio español por el hecho de que se encuentre fuera de este.

Por su parte, el portavoz de La Izquierda Plural en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, Gaspar Llamazares, ha explicado que la reforma es "un golpe de mano" a la justicia universal, que supone su "derogación" en el ordenamiento nacional ya que para su aplicación se exige "que víctimas y victimarios sean españoles, residan en España y no tengan órdenes de extradición".

Tanto Llamazares como Manuel Ollé, abogado de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, que también ha participado en el acto, han coincidido en que en esta reforma han primado los intereses económicos y que el detonante han sido las órdenes dictadas contra exdirigentes chinos por el caso Tíbet.