Las políticas de cuatro años y medio de gobiernos de Adolfo Suárez: de la dictadura a la democracia
- La Ley para la Reforma Política desmanteló las instituciones franquistas
- La legalización del PCE fue uno de los momentos "culminantes"
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Cuando Adolfo Suárez dimitió el 29 de enero de 1981, habían pasado cuatro años y siete meses desde que el rey le dijo que tenía que pedirle "un favor" y le eligió como presidente del segundo gobierno de la Monarquía. Suárez, al frente de su primer gabinete de ministros, al que se llamó despectivamente por su falta de prestigio "Gobierno de penenes" -en alusión a los profesores sin plaza-, puso en marcha las primeras medidas que permitieron pasar de la dictadura a la democracia.
Cuando se fue de la Moncloa atacado por todos -la oposición, su propio partido, la prensa, el Ejército...-, Suárez se había convertido ya en el primer presidente de la democracia tras la muerte del dictador Francisco Franco despúes de ganar las dos primeras elecciones democráticas, las de 1977 y 1979.
Entre las medidas más importantes de aquellos cerca de cinco años destaca la Ley para la Reforma Política, la amnistía de los presos políticos, la legalización del Partido Comunista, los Pactos de la Moncloa y la Constitución.
Ley para la Reforma Política
La Ley para la Reforma Política, aprobada por las Cortes apenas un año después de la muerte del dictador y ratificada en referéndum el 15 de diciembre de 1976 con el 94,45% de los votos y una participación del 77,72%, fue el primer paso en firme para el desmantelamiento de las instituciones franquistas.
Su primer artículo establecía que "la democracia, en el Estado español" se basaba "en la supremacía de la Ley, expresión de la voluntad soberana del pueblo", recogía la obligación del Gobierno de impulsar las primeras elecciones a Cortes para elegir un Congreso y un Senado y hablaba de reforma constitucional.
¿Cómo consiguió el Gobierno de Suárez que las Cortes franquistas se hicieran el haraquiri, como se ha dicho en muchas ocasiones, aprobando una ley que en la práctica suponía la desaparición del régimen? El catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense Juan Francisco Fuentes señala que se hizo una "intensa labor de relaciones públicas". Este historiador explica que "las Cortes de Franco nunca fueron un verdadero Parlamento y por lo tanto carecían de un hábito de discusión y oposición ante las propuestas del Ejecutivo. Con la Ley para la Reforma Política hicieron lo que habían hecho desde su creación: decir amén al Gobierno".
Legalización de del Partido Comunista
"El Partido Comunista de España ha quedado legalizado". Alejo García dio la noticia en la tarde del Sábado Santo 9 de abril de 1977 en RNE. La voz entrecortada del periodista, que subió corriendo las escaleras que llevaban al estudio para interrumpir la programación, forma parte de la memoria colectiva de la Transición.
Tras la Ley para la Reforma Política, la oposición exigía la legalización de todos los partidos políticos, incluido el PCE. Suárez acabó entendiendo que sin la presencia de los comunistas las elecciones previstas podrían cuestionarse por falta de legitimidad.
El presidente se reunió en secreto con el secretario general de Partido Comunista de España, Santiago Carrillo, el 27 de febrero de 1977 en la casa de José Antonio Armero, a las afueras de Madrid. Fue un encuentro clave que se prolongó durante ocho horas.
“La legalización del PCE fue uno de los momentos culminantes y de mayor riesgo de la Transición“
Como explica Gregorio Morán en libro Adolfo Suárez. Ambición y destino "cada uno sabía lo que el otro necesitaba, y no costó ningún trabajo intercambiar mercaderías tratándose de dos vendedores de excepción". La legalización pasaba por que el PCE reconociera la Monarquía y aceptara la bandera. Carrillo se comprometía además a "frenar los movimientos que agitaran la vida del país".
"Yo no soy comunista, pero sí soy demócrata"
El 11 de marzo se decretó la amnistía política, el 9 de abril se legalizó el Partido Comunista y el 28 de ese mismo mes se legalizaron los sindicatos.
"La legalización del PCE fue uno de los momentos culminantes -y de mayor riesgo- de la Transición. Fue un punto de no retorno hacia una verdadera y completa democratización", explica el catedrático Juan Francisco Fuentes. El historiador Santos Juliá cree que fue la "clave de todo el proceso porque mostró que las Fuerzas Armadas habían perdido el tácito derecho de veto a cambios políticos sustanciales. En ese punto, Suárez jugó todo el papel. Fue un golpe de audacia, muy propio del personaje".
El propio Suárez explicó sus razones de su decisión en un discurso televisado: "Yo no solo no soy comunista, sino que rechazo firmemente su ideología como la rechazan los demás miembros del gabinete que presido. Pero sí soy demócrata, y sinceramente demócrata, y por ello pienso que nuestro pueblo es suficientemente maduro, y lo demuestra a diario, como para asimilar su propio pluralismo”.
Las primeras elecciones democráticas
El 15 de junio de 1977 se celebraron las primeras elecciones democráticas tras la dictadura. Unión de Centro Democrática (UCD) de Adolfo Suárez gana con el 34,44% de los votos y 165 escaños. El PSOE de Felipe González obtiene 118 diputados con el 29,32% de los sufragios. El Partido Comunista de España (PCE) obtuvo solo 20 escaños y el 9,33% de los votos.
Suárez cerró aquella campaña electoral con el conocido discurso del puedo "prometer y prometo" con el que pidió el voto para que la España que "políticamente" ya era de todos, aseguró, comenzara a serlo "también en lo social, en lo económico y en lo cultural".
En este discurso prometió "intentar elaborar una Constitución en colaboración con todos los grupos representados en las Cortes, cualquiera que sea su número de escaños" y "dedicar todos los esfuerzos a lograr un entendimiento social que permita fijar las nuevas líneas básicas que ha de seguir la economía española en los próximos años".
Los Pactos de la Moncloa
La economía había quedado en un segundo plano en los primeros compases de la Transición, la prioridad había sido el cambio político. "Se podría criticar a los gobiernos de UCD por no atreverse a tomar medidas drásticas e impopulares para reformar un modelo económico, creado durante el desarrollismo, que la crisis de los 70 dejó obsoleto", explica el historiador Juan Francisco Fuentes, que añade sin embargo que esa "crítica probablemente sería injusta" porque "encarar a la vez el cambio político y la reforma estructural de la economía hubiera podido resultar suicida".
Los Pactos de la Moncloa, firmados el 25 de octubre de 1977 por el Gobierno y la oposición, vinieron precisamente a corregir este vacío de reformas económicas de la primera etapa de la Transición. El objetivo de estos acuerdos económicos, pero también políticos, fue "equilibrar la economía y la sociedad española hacia un futuro de libertad y progreso".
Además de escenificar el consenso, sirvieron para controlar una inflación completamente desbocada y poner en marcha la reforma fiscal con la creación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Entre los acuerdos, se encuentra el control de la subida de los salarios que hasta entonces se actualizaban en función de la inflación registrada y que a partir de entonces lo harían en función de la prevista.
La Constitución de 1978
Suárez había prometido que contaría con todos los grupos políticos representados en el Congreso independientemente de su número de escaños para redactar la Constitución.
El papel de Adolfo Suárez, según explica la catedrática de la Universidad Autónoma de Barcelona Carme Molinero, fue "indicar a los dirigentes de la UCD que debían priorizar los acuerdos para que la democracia a consolidar tuviera el máximo de legitimidad".
Esta historiadora señala que en un principio se llegó a muchos acuerdos con Alianza Popular, pero que cuando el resto de fuerzas hicieron ver que retirarían su apoyo, "Suárez enfatizó a los dirigentes de su partido que debían llegar a acuerdos con los partidos procedentes del antifranquismo".
El presidente del Gobierno, como otros muchos políticos de su generación, señala Fuentes, "tenía muy clara la necesidad de consenso si no se quería acabar como en 1936". Entre los grandes artífices de este consenso constitucional, añade este catedrático, se encuentran Fernando Abril Martorel y Alfonso Guerra.
Una vez aprobada la Constitución en el referéndum del 6 de diciembre de 1978 con el 88,54% de los votos y una participación del 67,11%, Suárez convocó elecciones generales para el 1 de marzo de 1979. La UCD volvió a ganar con el 34,84% de los votos y 168 escaños frente a los 121 del PSOE.
Durante esta legislatura, Suárez tuvo que hacer frente a la moción de censura presentada por el PSOE y los ataques de quienes dentro de su propio partido cuestionaban su figura. A esta situación había que añadir el constante ruido de sables de los militares que amenazaban con dar un golpe de Estado y los peores años de terrorismo de ETA que ha sufrido España.
Suárez finalmente dimitió el 29 de enero de 1981.
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