Los dos imputados que seguían en la cárcel por la 'Operación Madeja', en libertad bajo fianza

• Un empresario de Fitonovo y el exjefe de Servicio de Parques y Jardines de Sevilla
• Es una de las ramas en la investigación del caso Mercasevilla

La juez Mercedes Alaya ha dejado en libertad bajo fianza a los dos únicos imputados  que siguen encarcelados en el  marco de la 'Operación Madeja' que investiga las supuestas  dádivas entregadas al exdirector del área de Vía Pública y exasesor  del grupo socialista en el Ayuntamiento de Sevilla Domingo Enrique  Castaño, entre otros, a cambio de la adjudicación de contratos  públicos a las empresas 'Fitonovo' y 'Fiverde'.

En sendos autos notificados este pasado martes, la magistrada de  Instrucción número 6 de Sevilla acuerda dejar en libertad bajo fianza  de 250.000 euros al empresario de 'Fitonovo' José Antonio González  Baró, junto al  exjefe de servicio de la Delegación de Parques y Jardines del  Ayuntamiento de Sevilla Francisco de Amores, para quien ha fijado una  fianza de 150.000 euros.

Según fuentes cercanas al caso en declaraciones recogidas por Europa Press,  en el caso de Francisco de Amores, su entorno ha solicitado un aval  bancario a fin de poder pagar la fianza y se encuentra a la espera de  que se materialice su concesión para presentar dicho aval en el  Juzgado y que el imputado pueda salir en libertad, lo que se podría  producir esta misma semana.

Cabe recordar que la juez Alaya prorrogó recientemente el secreto  de sumario que pesa sobre el caso desde julio de 2013.

Actualmente, sólo siguen en prisión José Antonio González Baró y  Francisco de Amores, ya que el responsable de conservación del Parque  de María Luisa, Francisco Luis Huertas, pudo salir en libertad  provisional después de que su familia abonara una fianza de 60.000  euros.

Nueve detenidos y cuatro imputados

La 'Operación Madeja', desarrollada en dos fases entre julio y  diciembre de 2013, se ha saldado hasta el momento con nueve personas  detenidas y otras cuatro imputadas por la Guardia Civil.

En la  primera de estas fases, fueron detenidas cuatro personas e imputadas  otras dos, siendo Domingo Enrique Castaño el único que ingresó en  prisión, aunque la pudo abandonar a mediados del pasado mes de agosto  de 2013 después de pagar la fianza de 60.000 euros que le impuso la  Audiencia Provincial de Sevilla.

La instructora imputa a Castaño los presuntos delitos de cohecho,  prevaricación, blanqueo de capitales y fraude y exacciones ilegales.  Asimismo, le impuso una fianza de responsabilidad civil de 7,6  millones de euros, frente a la petición de 360.000 euros planteada  por el Ministerio Público.

Ya en la segunda fase de la operación, desarrollada en diciembre,  la Guardia Civil imputó a dos personas y detuvo a otras cinco, de las  que entraron inicialmente en prisión tres.

De igual modo, la juez dejó en libertad sin fianza al director  comercial de Fitonovo, Juan Andrés Bruguera, y a un ingeniero de  caminos, empleado de la empresa Jardines y Riegos Al-Andalus,  imputado por un delito de cohecho después de que la instructora le  acusara de haber realizado un pago de 25.000 euros a Francisco de  Amores, aunque según algunas fuentes éste habría alegado que dicha  cantidad se correspondería con un préstamo.

Supuesta contabilidad B de la empresa

Amores también habría sido acusado de haber recibido pagos  periódicos de unos 500 euros por parte de Fitonovo a cambio de la  adjudicación de un contrato de mantenimiento, y de hecho la Guardia  Civil le enseñó durante su declaración un supuesto documento con un  pago a su nombre, aunque sin su firma, no obstante lo cual el exalto  cargo de Parques y Jardines negó ante la juez Alaya todas las  acusaciones.

En esta segunda fase de 'Madeja', la magistrada imputó al director  del Area de Medio Ambiente, Parques y Jardines, Joaquín Peña (PP),  que fue destituido de manera fulminante y nada más conocer su  imputación por el alcalde, Juan Ignacio Zoido.

La juez investiga una supuesta contabilidad 'b' de la empresa  Fitonovo donde ésta registraría las presuntas 'mordidas' abonadas a  cambio de ser favorecida en la concesión de determinados contratos  públicos.