La patronal de concesionarias ve excesiva la quita del 50% en la propuesta de rescate de autopistas

• Aseguran que estudirán la propuesta del Ministerio de Fomento
• Reconocen que hay "poco o ningún margen" para la negociación
• Almunia pide a Pastor que le informe antes de adoptar  una decisión definitiva

Las constructoras de las autopistas en quiebra consideran excesivas las quitas propuestas por el Gobierno

El presidente de la patronal de constructoras y concesionarias Seopan, Julián Núñez, ha asegurado que el sector "analizará" el plan de rescate de las autopistas en quiebra planteado por el Gobierno, a pesar de considerar "excesiva" la quita del 50% que propone para la deuda con la banca y las constructoras y de reconocer que el proyecto presenta "poco o ningún margen" para la negociación.

"La quita es excesiva, porque es más del 50% tanto para la banca como para las constructoras", ha indicado Núñez, que además ha recordado que es "una quita sobre otra quita del 50% que se hizo en 2010, es excesivo pero tenemos que estudiar esta alternativa y responderemos cuando acabe el plazo", ha declarado Núñez en las Jornadas Fidex sobre ingeniería y eficiencia.

Respecto al hecho de que la sociedad de autopistas sea finalmente 100% titularidad del Estado y no se ceda participación alguna a las actuales concesionarias de la vías, Núñez ha indicado que el sector "no tiene inconveniente siempre y cuando se reconozcan otros aspectos".

"Vamos a estudiar la alternativa planteada y responderemos en plazo", ha afirmado pese a admitir que la propuesta del Ejecutivo no presenta "mucho margen o ninguno" para negociar. "Hay alguna cuestión que se puede discutir pero margen para la negociación poco o ninguno", ha reconocido el presidente de Seopan, antes de participar en las Jornadas Fidex sobre Ingeniería y Eficiencia.

Proyecto del Gobierno

Núñez asistió en representación del sector a la reunión celebrada el pasado martes en el Ministerio de Fomento en la que la titular del Departamento, Ana Pastor, junto con el secretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalá, y el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, presentó a constructoras y a los seis grandes bancos el plan diseñado para rescatar a las nueve autopistas de peaje que actualmente presentan un riesgo de quiebra.

El proyecto contempla integrar estas vías en una sociedad 100% pública tras, previamente, realizar una quita de hasta el 50% en la deuda que soportan con los bancos. Este pasivo quedaría reducido a 2.400 millones de euros y se convertiría en un bono a treinta años con una rentabilidad del 1%.

La constitución de la nueva empresa nacional de autopistas también pasa por recortar otro 50% la deuda de 471 millones que la Administración aún tiene con las constructoras que construyeron las vías, que asimismo cobrarían el resto a través de un bono a treinta años.

Posteriormente a ese encuentro en Fomento, el presidente de Seopan se reunió con constructoras y concesionarias para informarles del encuentro previo y del plan presentado, así como de los "límites y contornos" que tendrá la sociedad pública de autopistas. La banca y las concesionarias tienen hasta el lunes para dar respuesta al Gobierno sobre si finalmente aceptan este plan.

Bruselas pide que se le informe antes

Este miercoles, el vicepresidente de la Comisión y responsable de Competencia,  Joaquín Almunia, ha pedido durante una conversación  telefónica a la ministra de Fomento, Ana Pastor, que informe en  detalle al Ejecutivo comunitario antes de adoptar una decisión  definitiva sobre el rescate de las nueve autopistas de peaje en  riesgo de quiebra.

"El vicepresidente Almunia ha recibido una llamada de la ministra  esta tarde. El comisario le ha pedido a Pastor que las autoridades españolas informen a la  Comisión antes de adoptar una decisión sobre este asunto", según ha  explicado a Europa Press el portavoz de Competencia, Antoine  Colombani.

“Bruselas podría vetar el rescate u obligar a  modificarlo“

El Ejecutivo comunitario debe determinar si el plan del Gobierno  español supone una subvención estatal y, en caso positivo, examinar  si las medidas se ajustan a las normas de la UE sobre ayudas  públicas. Si no es así, Bruselas podría vetar el rescate u obligar a  modificarlo.

El Gobierno ha dado de plazo hasta el 31 de marzo a todas las  partes afectadas para que respondan si aceptan el plan.