Almunia recuerda que la normativa permite a Berlín expulsar a ciudadanos europeos sin trabajo

• Reconoce que la UE tiene un problema "serio" para integrar la inmigración legal
• El comisario de Competencia dice que la eurozona corre "riesgo de deflación"
• Ha participado con Javier Solana en un encuentro sobre los retos de la UE

El comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, y el ex Alto representante para la política exterior y seguridad de la UE Javier Solana, han participado este jueves en una conferencia en ESADE.

El vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, ha reconocido que la Unión Europea tiene “problemas serios” para integrar la inmigración legal a raíz de la propuesta alemana de expulsar a los ciudadanos europeos que no consigan trabajo en seis meses.

“El debate en Alemania refleja que necesitamos reforzar una política de inmigración legal a escala europea porque ahora mismo no hay capacidad de absorción, ni de integración, ni de acogida”, ha señalado Almunia en un acto organizado por ESADE Business School en Madrid.

Un informe de expertos encargado por el Gobierno alemán y presentado este miércoles recoge la concesión de permisos limitados de residencia -de entre tres a seis meses- para la búsqueda de empleo ante el temor de que aumente de forma importante la "inmigración de la pobreza", esto es, la llegada de ciudadanos rumanos y búlgaros (ver Sozialtourismus). Esta y otras medidas han planteado dudas sobre si cumplen o no con la ley de libre circulación de personas y trabajadores, uno de los pilares de la Unión Europea.

“Desde 2004 la normativa europea permite a los países que han recibido inmigrantes que no encuentran trabajo decidir si los invita a retornar a sus países de origen pasado un determinado tiempo. Lo que ocurre es que no se había utilizado hasta ahora”, ha señalado el comisario europeo de Competencia.

Carga para la seguridad social

Sin embargo, sí hay un país donde esta normativa ya se aplica. Desde hace unos años el gobierno belga es muy restrictivo y envía órdenes de expulsión a los ciudadanos europeos que lleven más de tres meses de trabajo aunque no hayan consumido servicios sociales. En la práctica esa orden no se cumple. Bélgica no expulsa a los ciudadanos comunitarios pero sí los deja sin prestaciones, explica el corresponsal de TVE en Bruselas, Antonio Delgado.

El gobierno belga expulsa a 300 españoles en un mes y medio

En el caso alemán podría ocurrir algo parecido. Los ciudadanos serían expulsados si piden la ayuda social que el Gobierno ofrece a quienes no tienen ingresos suficientes para mantenerse por sí mismos, pero si no solicitan esta prestación podrían seguir buscando empleo porque el Gobierno no se daría por enterado de que siguen en el país. Es decir, todo se reduce a una cuestión económica.

La directiva europea establece que el derecho de residencia por un período superior a tres meses está sujeto a condiciones, y una de ellas es "disponer de recursos suficientes (...) para no convertirse en una carga excesiva para la asistencia social del Estado miembro anfitrión". Como los Estados miembros no pueden fijar el importe de los recursos que consideran suficientes, "sino que tendrán que tener en cuenta la situación personal del interesado", cada Estado lo aplica a conveniencia. Y el resultado es que en la práctica el ciudadano no es expulsado como tal -si lo fuera podría volver a entrar en virtud del derecho a la libre circulación- sino que se queda en un limpo jurídico sin acceso a servicios sociales.

Aunque estas medidas están destinadas a frenar la entrada de ciudadanos rumanos y búlgaros, que desde el 1 de enero no necesitan un contrato de trabajo para entrar en el país, también afectarán a los españoles que se van a Alemania a buscar un empleo. Cerca de 10.000 españoles cobran algún tipo de ayuda en este país.

Autocrítica sobre la postura europea en Ucrania

Además de la política migratoria, Almunia también se ha referido a otros problemas europeos en el marco del foro de debate ‘Los retos de la Unión Europea de tras las elecciones del 25M’ en el que ha participado junto a Javier Solana, presidente de ESADEgeo y exjefe de la diplomacia comunitaria.

El comisario español, que dejará la cartera de Competencia tras los comicios de mayo, ha advertido de que la UE tendrá que fijarse dos objetivos fundamentales en los próximos cinco años: una política energética común eficiente y menos dependiente, y una acción exterior que defienda los intereses comunes y la seguridad de los 28 “como ha puesto de manifiesto la crisis en Ucrania”.

Y precisamente sobre la respuesta europea a esta crisis, Solana ha criticado que “la UE llegó muy tarde y se fue muy pronto” de Kiev y se equivocó al “repartir caramelos en las manifestaciones” del euromaidán. Almunia ha reconocido que no se debieron azuzar las protestas contra el Gobierno de Víktor Yanukóvich porque las proclamas preoeuropeas luego derivaron en otras consignas, pero ha defendido que la UE ha dialogado con Rusia cuando ha sido posible y también le ha plantado cara para evitar que “pisara” territorio ucraniano.

"La eurozona corre riesgo de deflación"

El comisario europeo también se ha referido a la crisis económica, el gran caballo de batalla de su legislatura, y ha advertido de que una vez “superada” la crisis de deuda y las profecías apocalípticas sobre la moneda común, la eurozona corre ahora “riesgo de deflación”.

Almunia ha subrayado que este riesgo de deflación se produce en una coyuntura donde existe una insuficiencia de la demanda interna y donde es necesario completar el saneamiento de la banca para generar las condiciones adecuadas que fomenten el crecimiento. “Deflación y crecimiento son incompatibles”, ha subrayado, y "eso es asunto del BCE".

El comisario ha expresado su confianza en que el Banco Central Europeo anuncie nuevas medidas la próxima semana para estimular la economía de la eurozona, tal como a su juicio parecen apuntar las recientes declaraciones de los bancos centrales de Alemania, Finlandia o Eslovaquia.

Y en relación a las próximas elecciones europeas, Almunia ha indicado que es preciso solucionar la falta de conexión entre los ciudadanos y las instituciones comunitarias. “Los europeos no tienen la sensación de tener control sobre las decisiones que se toman en Bruselas y creen que no hay rendición de cuentas. Y eso hay que reconciliarlo”, ha dicho y ha puesto como ejemplo el programa de rescate de Grecia.

“Las decisiones de la troika en Grecia no están sometidas a control. No me parece democrático que se le puede decidir cómo tiene que hacer el ajuste de su economía”, ha señalado.