El Congreso rechaza los vetos de IU-ICV y BNG al proyecto de ley de Desindexación de la economía

• Gracias al apoyo de los parlamentarios de PP y de CiU
• PSOE, UPyD, PNV y Coalición Canaria se han abstenido
• La Izquierda Plural: se quiere ahondar en la devaluación salarial
• De Guindos: dotará de mayor competitividad a la economía del país

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, en el Pleno del Congreso.

El Pleno del Congreso ha rechazado este jueves, con los votos de PP y CiU, las enmiendas de totalidad que la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y el BNG han presentado contra el proyecto de ley de Desindexación. PSOE, UPyD, PNV y Coalición Canaria se han abstenido por las dudas que les provocan aspectos de la norma, como la devaluación salarial que podría provocar.

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha asegurado que la ley "aumentará el poder adquisitivo de las familias", ya que "atenuará el crecimiento de precios de servicios públicos básicos y favorecerá el consumo privado". De Guindos ha destacado que la ley afectará a "servicios públicos básicos" como, por ejemplo, energía, telecomunicaciones, transportes y agua, que supone alrededor del 7% del presupuesto familiar.

"La recuperación de la eficiencia en la formación de los precios es un componente esencial en el proceso de recuperación económica", ha defendido el ministro, quien agregó que "esta ley pretender ser una referencia para el sector privado". El titular de Economía quiso dejar claro que quedan fuera de esta norma aspectos como la negociación salarial colectiva, las pensiones y los contratos relativos a instrumentos financieros.

De Guindos subrayó que se trata de una "reforma fundamental" que tendrá "importantes efectos positivos en la economía española". Entre otros aspectos, ha destacado que dotará de "mayor competitividad" a la economía española, en especial en lo que se refiere al sector exterior.

IU: se quiere ahondar en la devaluación salarial

Tras la intervención del ministro de Economía, Luis de Guindos, para defender el proyecto, el portavoz adjunto de la Izquierda Plural, Joan Coscubiela, le ha acusado de "ocultar los verdaderos objetivos" de esta ley, que pasan por ahondar en la devaluación salarial. "¿Por qué lo llama amor cuando quiere decir sexo?", ha ironizado. Tras recordar que en un contexto de baja inflación esta medida no tiene ninguna urgencia, ha señalado que la inflación estructural excesiva que tradicionalmente ha tenido España no se debe al nivel salarial, sino a la existencia de mercados oligopólicos como el de la energía, que impactan en los precios.

"Pero esta ley no va a resolver eso, sino que va a provocar más efectos negativos de los que resolverá", ha afirmado, advirtiendo de que un "impacto negativo en los salarios puede incrementar aún más la injusticia con la que se está abordando la salida de la crisis" y deteriorar la capacidad adquisitiva imprescindible para reactivar la economía. Además, ha criticado que no se apueste por dar el mismo tratamiento a los beneficios empresariales ni a las rentas del capital.

Finalmente, Coscubiela ha criticado el componente "recentralizador" que tiene esta ley, y ha reprochado al Gobierno que en lugar de resolver el problema "cambie el mecanismo que lo mide" para que parezca que no existe. "Si de verdad queremos controlar la inflación, hay tiempo para hacerlo bien", ha instado.

Por parte del BNG, Olaia Fernández Davila, ha justificado su veto señalando que esta ley es parte de la "estrategia del Gobierno y de la troika para aplicar un fuerte recorte de los costes salariales" lo que, sin embargo, reduce el poder adquisitivo y supone "avanzar hacia un modelo social cada vez más injusto".

El resto de la oposición se abstiene

A los votos de IU-ICV-CHA y el BNG se han sumado dos más: de Nueva Canarias (NC) y Compromís. Mientras, PSOE, UPyD, PNV y Coalición Canaria (CC) han optado por la abstención. El exministro de Trabajo socialista Jesús Caldera ha reconocido compartir el objetivo de "mejorar la competitividad y moderar los precios de servicios y bienes públicos" pero ha instado al Ejecutivo a aplicar la norma "con equidad" y sin que afecte a las inversiones y al empleo. "Esa es nuestra línea roja", ha enfatizado.

En este sentido, ha expresado sus reticencias con respecto a no tener en cuenta el peso de los costes laborales en determinados contratos en sectores muy intensivos en mano de obra o que no se permita la revisión de precios en contratos de larga duración, ya que ignorar esos factores podría precarizar las condiciones de trabajo. Caldera ha reclamado por último una "necesaria ponderación, cautela, reflexión y equilibrio" y un reparto de las cargas "por igual". "No vamos a aceptar un texto desequilibrado y no equitativo", ha insistido, señalando que el voto final del PSOE se decidirá en función de las negociaciones.

El portavoz económico de UPyD, Alvaro Anchuelo, comparte el diagnóstico de que la economía española está "excesiva e injustificadamente indexada", lo que es "un problema mayor" cuando no se tiene las competencias en materia monetaria y no se puede compensar la pérdida de competitividad. "Por eso compartimos el objetivo del Gobierno, aunque éste no sea el problema más urgente", ha señalado.

Para Pedro Azpiazu, del PNV, tampoco es ésta la "cuestión más urgente", sobre todo en el contexto de inflación cercana a 0% que actualmente atraviesa España, aunque considera "adecuada" la medida siempre que el Gobierno "no se de mucha prisa en ponerla en marcha" sino que se "tome un tiempo para ver cómo discurren los acontecimientos económicos y si la economía o los precios toman pulso". "No vaya a ser que adoptemos recetas inadecuadas", ha señalado.

El portavoz económico de CiU, Josep Sánchez Llibre, cree que éste sería un proyecto "oportuno" en periodos de alta inflación o de crecimiento a medio y largo plazo, pero "incierto en la actual coyuntura". "Tenemos relativas dudas respecto a su aplicación en el corto plazo", ha reconocido, añadiendo también que le gustaría saber "los objetivos y ventajas" de aprobar ahora una ley "cuyo impacto a corto plazo no se producirá" hasta que se desarrolle reglamentariamente.

En abierta oposición a las enmiendas de totalidad se ha situado la 'popular' Arenales Serrano, que ha comenzado citando a la ex primera ministra británica Margaret Thatcher, quien afirmó que "la inflación es la madre del paro, y además es la ladrona de todos los que han ahorrado". "Esas son razones sobradas y suficientes para apoyar este proyecto de ley", ha añadido.