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Cosidó cree que hay una "escalada de violencia" para "desestabilizar el estado de derecho"

  • Anuncia más medidas de protección física y jurídica para los policías
  • La defensora del Pueblo vio "brutalidad extrema" en el 22M 

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Varios encapuchados golpean un furgón policial tras la marcha del 22M por la "dignidad"
Varios encapuchados golpean un furgón policial tras la marcha del 22M por la "dignidad"

El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, ha denunciado  este jueves que en las últimas semanas se está produciendo una  "escalada de violencia" que busca "desestabilizar el estado de derecho", pero ha garantizado a los ciudadanos que la Policía tiene  intención de hacer frente con "firmeza, con la ley en la mano y con  el estado de derecho".

Según ha dicho, la Policía tiene "información" sobre estrategias  para "provocar" a sus agentes, pero no puede confirmar que exista una  táctica definida para acorralar a policías, con técnicas como  denunciar un suceso ficticio para que acudan unos pocos efectivos y  allí emboscarlos.

Según Cosidó, en la manifestación del pasado sábado hubo una  "acumulación de grupos" violentos que no se había producido hasta  ahora --los detenidos son de diversos lugares de España-- pero cree  que es pronto para hablar de una "estructura organizada".

Además, ha incidido en que los grupos son "absolutamente  marginales" y no representan a nadie, en entrevistas en Onda Cero y  Cope recogidas por Europa Press.

Cosidó ha asegurado que su objetivo es provocar reacciones  "desproporcionadas" de la Policía para deslegitimar no al Cuerpo sino  todo el sistema democrático. En este sentido, ha asegurado que los al  menos de 1.500 violentos que se "incrustaron" en las 'Marchas de la  Dignidad' se dedicaron justo antes de la manifestación "a quemar  Constituciones españolas". 

Y ha reiterado su decisión de abrir una "información interna"  para detectar si hubo fallos en el operativo del sábado por la noche  en Madrid, donde casi 70 policías resultaron heridos en actos  violentos tras las llamadas 'Marchas de la dignidad'. El número de  heridos, ha remachado, es "inaceptable".  

Se adoptarán medidas de protección para los policías

En todo caso, ha anunciado que adoptará nuevas medidas de  protección física y jurídica para los policías y ha defendido además  el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, afirmando que, aunque esté  siendo "muy debatida", uno de sus objetivos "es tener más capacidad  para luchar contra los violentos".

Cosidó ha anunciado estas medidas después de que casi 70 policías  resultasen heridos en los actos violentos que se produjeron después  de las llamadas 'Marchas de la Dignidad' el pasado sábado por la  noche en Madrid.

En concreto, ha avanzado nuevas medidas de protección para piernas  y tobillos, que es donde más roturas y contusiones se produjeron, y  también "mejoras" en los escudos, que "ante el tamaño de las piedras"  que se lanzaron el pasado sábado no aguantaban bien los impactos.

Desde el punto de vista jurídico, ha pedido a la Abogacía del Estado que se ponga a disposición de los policías heridos para puedan defenderse legalmente si quieren. Los policías, ha reconocido, a veces "se sienten desamparados y en ocasiones nos les falta razón". 

Valenciano responde a Cosidó

En los pasillos del Congreso, a preguntas de los periodistas, la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, ha replicado al director general de la Policía que si se ha detectado una escalada de la violencia protagonizada por grupos minoritarios radicales,  él es el responsable de que se respete el estado de derecho.

"No sé qué información tiene el señor Cosidó, ojalá que nos la pueda proporcionar cuando venga a la Cámara", ha dicho Valenciano, después de conocerse que el director general de la Policía ha pedido comparecer a petición propia para explicar los sucesos del pasado sábado tras las "Marchas de la dignidad".

Tras recordar que el PSOE también ha pedido su comparecencia, ha condenado la actuación de "una minoría de violentos que causaron muchísimo daño, material y físico", y ha confiado en que caiga sobre ellos "todo el peso de la ley".

"Si alguien tiene alguna duda de que condenamos las acciones violentas que se puedan producir, las produzca quien las produzca, es alguien muy mal intencionado. Nosotros condenamos la violencia siempre", ha constatado. Al mismo tiempo, ha subrayado que "es evidente que algo se hizo mal en ese operativo" policial del sábado, que "no fue eficaz".

Y ha puntualizado que, cuando "las cosas no salen ni mucho menos bien" como sucedió en la marcha del sábado, que "había sido completamente pacífica", lo que no se puede hacer es "empezar a hablar de prohibir las manifestaciones".

Valenciano ha defendido, en este sentido, el derecho de manifestación, que "de ninguna manera se debe conculcar", y menos en un momento como el actual "en el que la gente está sufriendo mucho y necesita poder protestar por lo que le está sucediendo".

"Brutalidad extrema" en el 22M

Por otro lado, la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril,  ha descrito los  disturbios que de produjeron al término de la Marcha por la Dignidad,  el pasado 22 de marzo en Madrid, como de "brutalidad extrema" hacia  la Policía, y ha afirmado que quienes organizan este tipo de  manifestaciones "deben tener algún tipo de responsabilidad" sobre la  seguridad de las mismas.

"Hay que averiguar quiénes son las personas responsables de haber  acometido unos actos no sólo vandálicos sino de brutalidad extrema  hacia la policía, que ha sufrido un ataque de una virulencia de la  que espero que los observadores de la OSCE, que tanto vigilan a  España, se hayan percatado", ha señalado.

En declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, donde  comparece para dar cuenta de su informe anual 2013, Becerril ha  incidido en que quienes organizan una manifestación "tienen que tener  algún tipo de responsabilidad y cooperar en el servicio de orden y  vigilancia" de las concentraciones.

"Durante muchos años, las organizaciones que han montado  manifestaciones se han hecho responsables y durante muchísimos años y  décadas no ha sucedido prácticamente nada, porque las propias  organizaciones sindicales o de estudiantes llevaban su servicio de  orden. Lo hemos visto los que tenemos un poco de memoria y que hemos  vivido esta experiencia política y era muy raro que sucediera algo",  ha destacado.

Aunque Becerril ha reconocido que no le corresponde al Defensor  del Pueblo definir en qué manera deben cooperar quienes organizan  manifestaciones, pues es algo que "tendrán que decir el Ministerio  del Interior o la Delegación del Gobierno", considera que es algo  "fundamental".