El Gobierno aprueba el estatuto de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal

• Su objetivo es evaluar los presupuestos y vigilar el endeudamiento
• Además se encargará del análisis de las previsiones económicas
• Ejercerá sus funciones en todo el territorio español de forma única y exclusiva

El Consejo de Ministros ha aprobado, mediante un Real Decreto, el estatuto orgánico de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), que podrá comenzar a ejercer de inmediato, gozará de independencia y autonomía funcional y cuyo objetivo es la "evaluación continua del ciclo presupuestario, del endeudamiento público y el análisis de las previsiones económicas".

La Autoridad estará dirigida por su presidente y en la misma trabajarán funcionarios de carrera o, en su caso, personal laboral procedente de otros organismos nacionales, como el Banco de España, o internacionales.

La AIREF ejercerá sus funciones en todo el territorio español de forma única y exclusiva, y con respecto a todos los sujetos integrantes del sector público.

Deberá emitir informes, entre otras materias, sobre las previsiones macroeconómicas, sobre la metodología para calcular las previsiones tendenciales de ingresos y gastos y la tasa de referencia de crecimiento; sobre el proyecto de Programa de Estabilidad, el análisis de la ejecución presupuestaria, de deuda pública y regla de gasto.

Además, informará sobre el establecimiento de los objetivos individuales para las Comunidades Autónomas, los planes económicos-financieros y planes de reequilibrio de la Administración Central y las comunidades autónomas, y los proyectos y líneas fundamentales de los presupuestos de las Administraciones Públicas.

El estatuto recoge la posibilidad de que la Autoridad Independiente informe sobre la conveniencia de adoptar medidas preventivas, correctivas y coercitivas en caso de que alguna administración se desvíe de sus objetivos presupuestarios.

La nueva entidad supervisora se financiará a través de la tasa de supervisión, así como de los precios públicos por estudios, que deben satisfacer las administraciones públicas sobre las que ejerza sus funciones.