AI denuncia torturas y abuso de poder en Venezuela y advierte de una "espiral de violencia"

• Documenta casos de muertes, tortura y malos tratos a manos de la policía
• Asegura que "algunos" manifestantes también cometieron actos de violencia
• Pide un mayor control de armas y diálogo, entre otras recomendaciones

Venezuela afronta la mayor amenaza al estado de Derecho en décadas, según Amnistía internacional

La ola de enfrentamientos en Venezuela por las protestas a favor y en contra del presidente, Nicolás Maduro, podría degenerar en una "espiral de violencia" y una "crisis de derechos humanos". Así lo advierte Amnistía Internacional (AI) en un informe hecho público este martes, en el que denuncia el uso excesivo de la fuerza durante las protestas, la detención arbitraria de manifestantes, así como torturas y ataques contra periodistas. 

"El país corre el riesgo de descender en una espiral de violencia a menos que todas las fuerzas políticas, gobierno y oposición, se comprometan a respetar los derechos humanos y el estado de derecho", reza el documento. 

Hasta el 27 de marzo han fallecido 37 personas (8 de ellas policías) y 550 han resultado heridas como consecuencia de las protestas iniciadas el 12 de febrero pasado con una manifestación estudiantil. Otras 2.100 personas han sido detenidas.

Violencia de ambos bandos

Para elaborar su informe, los relatores de Amnistía Internacional han obtenido los testimonios de quienes han sufrido la violencia o de familiares y testigos, y han recopilado diversas evidencias de denuncias, aunque algunas personas no han querido hacerlas públicas por temor a represalias. Los activistas también se han reunido con la Fiscalía General y la Defensora del Pueblo. 

AI responsabiliza de la violencia tanto a miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad como a "grupos armados progobierno" y "algunos manifestantes", en el contexto de la "creciente polarización que azota el país desde hace más de una década". Según admite AI, en ocasiones es difícil señalar a los autores individuales, aunque la mayoría de los casos documentados señalan a las fuerzas de seguridad y a grupos progubernamentales.

Entre las víctimas hay manifestantes antigubernamentales, policías,   simples viandantes o incluso líderes chavistas. Es el caso de Juan Montoya, dirigente chavista de Caracas, quien murió el 12 de febrero de un  disparo en la cara. Ocho oficiales de las fuerzas del orden están  detenidos por este caso. 

El informe denuncia el uso excesivo de la fuerza por parte de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), que habrían usado armas de fuego y material antidisturbios sin previo aviso y con la intención de causar daño (por ejemplo, con disparos de botes de gas lacrimógeno al cuerpo o en lugares cerrados).

"Éste que está aquí sale a marchar mañana sin miedo", escribió en su página de Facebook el estudiante Bassil Dacosta Frías, de 23 años, un día antes de morir en una manifestación contra el Gobierno. Falleció por un disparó en la cabeza el 12 de marzo. Ese día la policía lanzó hasta 840 botes de gas en la Universidad Central de Venezuela. Hasta la fecha ocho oficiales de las fuerzas del orden y del SEBIN han sido imputados por su muerte.

Los cuerpos de seguridad, además, habrían llevado a cabo detenciones irregulares y habrían cometido diversas violaciones de derechos humanos durante la custodia, como palizas o abusos sexuales. En uno de los casos más graves se habría rociado de gasolina a un joven.

Abuso de poder y torturas

La familia de José Alejandro Márquez, de 45 años, denuncia que murió en el hospital a consecuencia de los golpes recibidos tras su detención. Márquez había grabado la acción de la Policía con su móvil. Siete miembros de la Guardia Nacional están detenidos por este caso. 

Daniel Quintero, estudiante de 21 años y manifestante antigubernamental relata las torturas sufridas en comisaría. "En el calabozo me esposaron la mano izquierda, a nivel de mis pies a la pared, un barrote que estaba pegado en la pared. Me pusieron dos reglas: que no podía dormir, porque la guardia no duerme y me tenía que sentir como ellos y tenía que estar con los pies juntos, mano derecha tocándome los tobillos y el ombligo prácticamente pegado a los muslos (...) Estuve aproximadamente nueve horas así". 

Lo que AI define como "grupos progobierno" han protagonizado también ataques indiscriminados contra los manifestantes de la oposición, como el que el 18 de febrero costó la vida a Genésis Carmona en la ciudad de Valencia, cuando un grupo de hombres armados que viajaban en motocicleta disparó contra la multitud. 

La organización no gubernamental ha recibido asimismo informes de actos de violencia por parte de algunos manifestantes, que habrían atacado no solo a la Policía sino a personas que no participaban en las protestas.

También se ha producido acoso y ataques contra activistas de derechos humanos y periodistas, tanto críticos como cercanos al Gobierno.

Detención de Leopoldo López

AI dedica una parte de su informe a la detención de Leopoldo López, dirigente del partido Voluntad Popular y líder de las protestas callejeras. La oposición venezolana está dividida entre la apuesta de López por la agitación para expulsar a Maduro del poder, y la vía política propugnada por la hasta ahora principal figura opositora, Henrique Capriles. 

Según AI, la detención de López vulnera su derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso, ya que se produjo después de que altos dirigentes del país le acusaran de provocar la violencia. 

"Las palabras del Presidente Nicolás Maduro pidiendo el encarcelamiento de Leopoldo López un día después de su detención no contribuyen tampoco a crear un clima de confianza en el sistema de justicia que debe actuar de forma independiente e imparcial", advierte el texto.

Justicia, diálogo y control de armas

AI cree que el saldo trágico de las protestas "podría haberse evitado si el Gobierno hubiese priorizado la promoción y protección de los derechos humanos; fortalecido las instituciones que sustentan el estado de derecho; y combatido los altos índices de criminalidad, así como la proliferación de armas". 

La organización considera especialmente preocupante que el 5 de marzo, Maduro y el presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, llamaran a sus partidarios a salir a la calle. 

El informe realiza varias recomendaciones tanto al Gobierno como a la oposición: que se lleven a cabo investigaciones imparciales e independientes de las violaciones de derechos humanos, y que los autores comparezcan ante la Justicia; reparación a las víctimas; garantizar el libre ejercicio de los derechos de forma pacífica; y control de las armas y municiones en manos de la población, entre otras.

A Maduro le pide que garantice un diálogo sin exclusiones, y a los líderes opositores que envíen "una señal clara y contundente a sus simpatizantes" para ejercer sus derechos de forma pacífica 

AI solicita por último a la comunidad internacional, y particularmente a la Organización de Estados Americanos (OEA) y Unasur, dos organizaciones que han tomado cartas en la situación venezolana, que fomente "soluciones respetuosas con los derechos humanos" y que promueva el diálogo.