Aliaga, un pueblo pendiente de la reforma energética para poder sobrevivir

• Su planta de cogeneración, motor de la actividad local, amenazada de cierre
• La cogeneración ha visto reducida su retribución dentro del sector energético
• La patronal sectorial cree que casi mil centrales podrían desaparecer en un año

Algunos de los trabajadores de la planta eléctrica de Aliaga en sus instalaciones.

Una quincena de puestos de trabajo puede parecer insignificante en un país con cerca de seis millones de parados, pero marca la diferencia entre existir o desaparecer para un pueblo como Aliaga, con apenas 300 habitantes habituales, el 40% de la población mayor de 65 años y situado en una de las zonas más despobladas de España, Teruel.

Por eso, ahora, esta localidad situada entre el Maestrazgo y las Cuencas Mineras turolenses se estremece ante la posibilidad de que cierren su principal fuente de actividad económica, una planta de cogeneración energética cuyo funcionamiento –según la empresa propietaria, Neolectra- hace inviable la nueva reforma eléctrica, sobre todo, cuando se confirme el nuevo sistema de retribuciones que el Gobierno prevé aprobar en próximas fechas para sustituir a las primas al régimen especial que finalizaron el pasado 1 de abril.

A la vista del borrador de la orden ministerial (ver .PDF) que fijará ese nuevo reparto de ayudas, el sector de la cogeneración calcula que recibirá 1.076 millones de euros menos que en 2012 (-34%), cuando empezaron las reformas eléctricas que han ido recortando las primas hasta hacerlas desaparecer por completo.

Según la patronal de cogeneración, Acogen, esa disminución de las retribuciones provoca que los costes de funcionamiento sean superiores a los ingresos para las casi 1.000 centrales de cogeneración que hay en España, lo que llevaría al cierre de casi todas ellas en un año. El fin de esa fuente de energía arrastraría también a la industria a la que suministra energía con ahorros de entre un 10% y un 20% en sus costes energéticos. Entre ambos efectos, Acogen estima que podrían destruirse más de 70.000 empleos industriales directos.

Esas dificultades ya se aprecian en la planta de Aliaga, parada desde el 7 de marzo. "Es abocar el pueblo al cierre", se lamenta su alcalde, Sergio Uche, que explica a RTVE.es que los trabajadores de la planta y sus familias tendrían que irse, con el consiguiente efecto en la escuela, los bares, la tienda -un cooperativa local- y otros negocios, como la gasolinera y los establecimientos hosteleros.

“Si cierra, no queda otra salida que irse”

“Es lo que nos da un poco de trabajo diario: los mecánicos de mantenimiento que vienen a la planta, los administrativos que pasan por el pueblo de vez en cuando, los conductores de los camiones... son la única gente que viene de fuera, la que da algo de movimiento y gasto”, señala Jesús Ibáñez, propietario de un hotel y restaurante.

David Tena, uno de los carpinteros de la localidad, explica a RTVE.es que su negocio ya ha empezado a notar los efectos “Uno de los trabajadores de la planta se estaba haciendo una casa y nosotros íbamos a hacer toda la carpintería, pero ya nos ha dicho que paremos hasta ver qué pasa”.

El entorno de los empleados de la propia planta es claro: “Si cierra, no hay otra escapatoria que irse del pueblo. Aquí el futuro laboral es cero”, se lamentan, al tiempo que recuerdan que la media de edad de los trabajadores está en torno a los 35 años y que su formación es especializada.

Conocen sus cuentas al dedillo, pero no encuentran lógica económica en las que saldrán –según el sector energético- al aplicar la reforma eléctrica en su conjunto.

Una planta rentable hasta ahora está “casi en liquidación”

El consejero delegado de Neolectra, Antonio Cortés, asegura a RTVE.es que la planta de Aliaga está parada desde el pasado 7 de marzo porque está en pérdidas operativas. “Solo se nos ha abonado el 25% de las retribuciones correspondientes a enero y no podemos asumir el impago del resto, porque ya hemos hecho los desembolsos por combustible y otros gastos”.

La instalación del pueblo turolense -creada en 2004, aunque el proyecto industrial no se puso en marcha plenamente hasta 2010- utiliza gas natural para producir electricidad y calor que suministra a la región y recupera el CO2 resultante para transformarlo mediante una patente propia en CO2 alimentario, usado, por ejemplo, para dar burbujas a refrescos, cervezas o cavas. El 30% de su facturación procede de la comercialización del gas carbonatado y el resto del suministro eléctrico.

“Este año pensábamos abrir un invernadero en las instalaciones de Aliaga -que generaría dos empleos fijos y tres o cuatro temporales- y una piscifactoría -con otros cuatro empleos fijos-, pero ahora mismo, la planta está en una situación crítica casi de liquidación”, advierte Cortés, que extiende el diagnóstico a toda Neolectra, un grupo empresarial con capital estadounidense que cuenta con 12 complejos de cogeneración en España, con una plantilla conjunta de 168 personas.

“Íbamos a ampliar el negocio con un invernadero y una piscifactoría“

El consejero delegado asegura que la cogeneración, como el resto del energías de régimen especial, ha sufrido “un varapalo tras otro desde 2012”. Así, entre los golpes a su actividad, enumera la supresión del incentivo que premiaba la mejora de tecnología para reducir emisiones, el nuevo impuesto del 7% a la generación eléctrica, el pago de 0,5 euros por cada megavatio de energía evacuado a la red, el céntimo verde por consumo de gas natural o la reducción de las cuotas de CO2 de 2013 a 2020.

Ahora, "el último revés” -continúa el empresario- sería que se aprobara, tal y como aparece en el borrador de la orden ministerial (ver PDF), la eliminación de los incentivos por mejora de tecnología para evacuación de energía eléctrica y por producción de energía reactiva (un tipo específico que se produce en cogeneración) y su sustitución por "una rentabilidad razonable" que -se queja el sector- "no tiene en cuenta las circunstancias, particularidades y necesidades" de la cogeneración. Por ejemplo, argumentan, se limitan las horas de funcionamiento retribuidas, cuando este tipo de centrales tienen su horario ligado al de la industria a la que sirven, a la que están obligadas por contrato a asegurar el suministro.

Impacto socioeconómico superior al 1% del PIB

Cortés recuerda que el cambio del sistema de retribución a las energías de régimen especial evitará que 1.700 millones de euros vayan a engordar cada año el ya abultado déficit tarifario, “pero abrirá un boquete de 2.200 millones de euros en las cuentas de Hacienda y Seguridad Social debido a la caída de impuestos y cotizaciones”.

La patronal del sector de cogeneración, Acogen, advierte de que si la orden ministerial que apruebe el Gobierno para fijar los parámetros de retribución es como su borrador, esa fuente energética desaparecerá de España en un año. Eso –avisa la asociación- contribuirá a debilitar aún más una parte del tejido industrial que ya está muy dañado, ya que la mayoría de las casi mil plantas de cogeneración del país apoyan a industrias de azulejo y cerámica, agroalimentarias, agrarias o fabricantes de ladrillo y tejas que, además, suelen estar en zonas rurales o aisladas.

“Las casi mil centrales de cogeneración de España desaparecerán en un año“

El final de la cogeneración implicará “una pérdida de la eficiencia energética del país del 2%, unos impactos socioeconómicos de más del 1% del PIB nacional y la pérdida de más de 70.000 puestos de trabajo industriales directos”, alerta Acogen, que estima que el 20% del PIB industrial puede utilizar energía procedente de cogeneración.

Esas grandes cifras e intereses en juego son las que dan algo de aliento a Aliaga. “Lo que significa para nosotros es poco a nivel nacional, pero el efecto global en el tejido industrial del país es tan elevado, que nos queda la esperanza de que se eche para atrás”, comentan desde el entorno de los trabajadores de la planta local a RTVE.es, que sin embargo, no ocultan el ánimo de los empleados ante la situación actual: “El que espera, desespera”.

Un pueblo marcado por la historia energética

Aliaga es un municipio marcado por la evolución de la energía en España. Su época de esplendor comenzó en 1950 con la apertura de la que sería hasta los 60 el mayor complejo energético del país. El pueblo alcanzó un máximo de 2.500 habitantes y sirvió de motor a toda la comarca, cuyas minas funcionaban a pleno rendimiento para alimentar los motores de la central. Las vagonetas que llevaban el carbón a través de un teleférico no bastaron para transportar la materia prima y el transporte por carretera redujo la rentabilidad de la central, lo que desembocó en su cierre en 1982. Ni el pueblo ni la comarca se recuperaron.

Las cicatrices de aquel pasado sirven ahora para tratar de atraer turistas, con rutas que recorren el camino de las vagonetas o llevan hasta la boca de los pozos y los lagos coloreados por residuos mineros.

Pese a contar con un parque geológico único en Europa, la actividad turística del municipio es irregular y puntual y, según los cálculos del alcalde, no basta para garantizar su supervivencia, que se lograría con un mínimo de 20 nuevos empleos. Por eso, Aliaga apostó por conseguir ingresos con la instalación de dos parques eólicos, uno ya en funcionamiento -el primero de Europa con aerogeneradores chinos- y otro proyectado para 2017. Una rama de actividad también afectada por los últimos cambios normativos.

“Aliaga tuvo hasta los años 60 el mayor complejo energético del país“

“Si la planta de Neolectra se mantuviera hasta 2017… Ese año, los ingresos de los parques eólicos podrían destinarse a tratar de traer empresas y crear empleos a través de alguna fórmula, como consorcios público-privados. Habría cierto margen de maniobra”, calcula el primer edil, Sergio Uche, quien destaca que se podría retener a población “con arraigo, con sus padres o familiares aquí, que apostarían por quedarse en el pueblo si pueden tener trabajo aquí”.

Además, las familias de los 16 trabajadores de la planta de cogeneración tienen cinco de los 27 niños que van a su escuela. Este centro escolar rural ya se enfrenta a serios problemas para mantener la plantilla de profesores después de la nueva legislación educativa, y la perspectiva de perder el 20% de los alumnos de un golpe no tranquiliza a nadie.

La escuela es una de las luchas del municipio, como también lo es el mantener uno de los pocos centros de salud de la comarca, el registro de la propiedad o la notaría, y terminar el albergue de estudiantes para que puedan venir visitantes al parque geológico durante todo el año. Para el pueblo, esos pequeños pasos significan actividad económica y, por tanto, puestos de trabajo y, en fin, habitantes y un futuro vivo.