La Fiscalía pide 15 años de cárcel para Díaz Ferrán por 'vaciar' patrimonialmente el Grupo Marsans

• Le acusa de integración en grupo criminal, alzamiento de bienes y blanqueo
• Ya está en prisión por delito fiscal en la compra de Aerolíneas Argentinas

Gerardo Díaz Ferrán, durante el juicio por fraude fiscal en la adquisición de Aerolíneas Argentinas.

La Fiscalía ha pedido 15 años de prisión para el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, 8 años y 9 meses para su hijo Gerardo Díaz Santamaría y otros 8 años para el empresario Ángel de Cabo por el vaciamiento del Grupo Marsans, a quienes acusa, entre otros delitos, de integración en grupo criminal.

Tanto Díaz Ferrán como De  Cabo se encuentran en prisión provisional por esta causa. Además, el expresidente de la CEOE fue sentenciado a una pena de dos años y dos meses por cometer delito fiscal en la compra de Aerolíneas Argentinas.

En su escrito de acusación, el fiscal pide penas carcelarias para once personas, a las que acusa de los delitos de integración en grupo criminal, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales.

La Fiscalía pide penas más reducidas para Iván Losada, "mano derecha" del dueño de Viajes Marsans que se enfrenta a 4 años y 3 meses de prisión, porque colaboró con la Justicia. La petición para Ángel de Cabo también es menor a la de Díaz Ferrán por su colaboración en la investigación.

Además, el organismo público reclama a Díaz Ferrán y otros acusados una multa de 5 millones de euros por blanqueo.

"Sistemático vaciado de su  patrimonio personal y empresarial"

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ordenó la detención  de 9 personas en diciembre de 2012, en el marco de la Operación  Crucero, que se inició a raíz de una denuncia presentada en  febrero de ese año por las mayoristas AC Hoteles, Melià, Pullmantur y  el Grupo Orizonia.

El fiscal asegura que Díaz Ferrán poseía, junto al fallecido  Gonzalo Pascual, un grupo de sociedades cuya cabecera era Viajes  Marsans y que agrupaba a otras 117 empresas, a través de Holdisan y  Parihol, dedicadas al sector turístico y del transporte.

El grupo empresarial empezó a acumular deudas que comprometían  gravemente la viabilidad -dice el escrito de conclusiones  preliminares de la Fiscalía- lo que desencadenó que, a partir de  diciembre de 2009, el Consejo de Administración fuera sustituido por  dos administradores solidarios y que pasara a venderse, en 2010, al  empresario Angel de Cabo.

La situación derivó en la salida a concurso de Viajes Marsans y  otras empresas, en los que se determinó que el déficit patrimonial de  la empresa superaba los 270 millones mientras que la deuda de Díaz  Ferrán alcanzaba los 413 millones y la de Pascual los 313.

"Tan lamentable situación patrimonial, que afectaba tanto al grupo  empresarial como al patrimonio personal de sus titulares, amenazaba  el altísimo nivel de vida que hasta entonces ambos llevaban por lo  que decidieron salvar de las ejecuciones a las que se veían abocados  la mayor parte de los bienes, mediante un sistemático vaciado de su  patrimonio personal y empresarial, en evidente perjuicio de los  acreedores", dice el fiscal.

Díaz Ferrán y Pascual transmitieron a De cabo la totalidad de su  patrimonio, tanto empresarial como personal, sin que éste abonara  cantidad alguna, si bien debía pagarles 8 millones a cada  uno en plazos de 100.000 euros mensuales "con lo que podrían seguir  viviendo con la misma o parecida opulencia".

Se realizaron "importantes  extracciones de efectivo"

El fiscal describe el proceso de despatrimonialización de las  sociedades adquiridas, dirigido a vaciar de cualquier activo  realizable. Para ello pusieron a otros miembros del grupo en nómina  de las sociedades, se hicieron con los vehículos de alta gama y yates  de lujo de los que disponían, vaciaron las tesorerías o compraron las  viviendas de las que disponían Díaz Ferrán y Pascual.

Tras asumir De Cabo el control de las sociedades, se transmitió la  propiedad de los bienes "a fin de ponerlos fuera del alcance de los  acreedores". El fiscal menciona entre las operaciones irregulares  detectadas la "distracción" de un crédito que contra la compañía  Airbur tenía Astra Worldwide, la explotación ilícita de la compañía  de transportes Trapsa y la cesión de la sociedad Trapsayates.

El fiscal Campos destaca también que se realizaron "importantes  extracciones de efectivo" en las cuentas de la empresa Trapsatur y se  vació la tesorería generada por Naturaleza y Turismo.

La Fiscalía acusa también a otras siete personas: la esposa de De  Cabo, Consuelo Garrido (dos años y nueve meses), el hermano de éste  Teodoro Garrido (4 años y 3 meses), la secretaria del empresario,  Susana Mora (4 años y 9 meses), el financiero Carmelo José Estelles  (6 años y 3 meses), el empresario del transporte ligado a De Cabo,  Antonio García Escribano (4 años y 3 meses), el testaferro José  Enrique Pardo (4 años y 3 meses) y el fiscalista Rafael Tormo (4 años  y 9 meses).