La juez de los ERE impone una fianza civil de 3,3 millones a Rivas, exdelegado de Empleo en Sevilla

• Por su "conocimiento y participación activa" en varios expedientes de ayudas
• Impone otra de 33,9 millones a Francisco Sánchez, ex alto cargo de Empleo

La juez que investiga el caso de los ERE falsos, Mercedes Alaya, ha impuesto una fianza civil de más de 3,3 millones de euros a Antonio Rivas, exdelegado de la Consejería de Empleo en Sevilla.

La juez, en un auto al que ha tenido acceso Efe, impone a Rivas esa fianza por su "conocimiento y participación activa" en los expedientes de Morell, Intersur, Samec y Surcolor.

Además impone diversas cantidades como fianza a tres ex secretarios generales técnicos de la Consejería de Empleo: 33 millones a Juan Francisco Sánchez, 5 millones a Javier Aguado Hinojal y un millón a Lourdes Medina.

Un día de plazo para abonar las fianzas

La juez concede a todos ellos un día de plazo para que abonen las   fianzas impuestas, "ordenándose el embargo de bienes --previa  relación  de bienes efectuadas por los inculpados, quienes serán  requeridos al  propio tiempo-- para cubrir dichas responsabilidades si  en dicho plazo  la fianza no se constituyere".

En otra resolución, la juez instructora acuerda archivar las diligencias respecto a dos empleadas de la aseguradora Vitalia de las que no considera demostrado su control sobre los hechos presuntamente delictivos.

En cambio, acuerda continuar las actuaciones contra el hijo del dueño de la aseguradora Uniter, imputado al igual que en el caso de Vitalia por las presuntas sobre comisiones que se cobraban en los ERE.

Rivas se acogió en febrero a su derecho constitucional a no  declarar  después de que la magistrada Mercedes Alaya le imputara tres  delitos de  malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico  de  influencias, según un auto al que ha tenido acceso Europa Press.

Para fijar las respectivas fianzas civiles, la instructora tiene  en cuenta el 'fumus bonis iuris', el cual "tan sólo exige la  apariencia de antijuricidad de los hechos realizados por los  inculpados", apariencia "que resulta con claridad de los hechos que  fueron extensamente expuestos en sus respectivas imputaciones  judiciales antes de sus declaraciones, de las que cabe deducir la  probabilidad cierta de que pudieran resultar condenados en un futuro  por los hechos que hoy se investigan".

La juez considera que autorizaría los ERE

Rivas, para quien la Fiscalía Anticorrupción pidió una fianza  civil de 5.579.696 euros, fue delegado de Empleo de la Junta en  Sevilla entre el 31 de mayo de 2000 y el 20 de abril de 2010 y la  juez le imputa que, como autoridad laboral competente,  "autorizaría  un considerable número de ERE que recibirían subvenciones  sociolaborales" de la Dirección General de Trabajo "con total  ausencia de procedimiento", lo cual sería conocido por el imputado  "pues era evidente que ni siquiera existían unas bases reguladoras  publicadas en el Boletín Oficial".

"Gran parte de estas ayudas, conociendo y aprovechando Rivas el  carácter discrecional de concesión, fueron comprometidas previamente  por él, quien de esta forma influiría en el otorgamiento de las  mismas así como en la inclusión de ciertos 'intrusos'", dice la juez,  que a continuación analiza el papel de Rivas en relación con los ERE  de Intesur, Surcolor, Aglomerados Morell y Calderinox.

En relación al expediente de Calderinox, Alaya asevera que  "resultan evidencias claras de la participación, o al menos el  conocimiento,  por parte del imputado en toda la tramitación del  expediente relativo a los extrabajadores", mientras que "igualmente  se deduce su interés en la tramitación de dicho expediente, pues a  través del mismo se cubrirían los compromisos que asumió como  presidente del Consejo Rector del Consorcio Escuela de Formación de  Artesanos de Gelves (Sevilla)".

En cuanto al expediente de Aglomerados Morell, dice que la  documentación analizada "arroja indicios del conocimiento y  participación activa del imputado, junto con otros" como el  'conseguidor' de los ERE y exsindicalista de UGT Juan Lanzas "en todo  lo relativo a los pagos que se realizaron a esta empresa con absoluta  ausencia de procedimiento, todo ello para cubrir los supuestos  compromisos asumidos por su parte con la familia Morell".

Sobre Intersur, la juez asegura que "la activa intervención e  influencia de Rivas quedaría acreditada,  no solamente por la  vinculación personal y familiar con algunos de los 'intrusos', sino  por el conocimiento por éste de la financiación de la póliza para los  trabajadores", mientras que en relación al expediente de Surcolor  Alaya también destaca "la vinculación personal" del exdelegado de  Empleo con algunos de los 'intrusos'.  

En virtud de todo lo anterior, la juez le impone una fianza civil  de 3,3 millones de euros, "todo ello sin perjuicio de las variaciones  que pueda experimentar la cantidad resultante en virtud del resultado  de las diligencias de instrucción que se siguen practicando, en  particular las relativas a Mercasevilla".

Fianzas para otros exsecretarios generales de Empleo

En un segundo auto, consultado por Europa Press, la juez impone  fianzas civiles que suman 40 millones de euros a tres exsecretarios  generales técnicos de la Consejería de Empleo.

La juez considera que Javier Aguado, que ocupó el cargo entre 1994  y 2000, fue "uno de los impulsores del sistema de concesión de ayudas  sociolaborales prescindiendo del procedimiento legal, así como de la  presupuestación de la partida 31.L para el pago de estas ayudas  mientras estuvo en la Consejería de Empleo", mientras que Juan  Francisco Sánchez --secretario general técnico entre 2000 y 2004--  fue "activo conocedor y partícipe del procedimiento seguido para la  concesión y pago de las subvenciones sociolaborales del programa 31.L  y de su presupuestación a lo largo de la década investigada",  llegando a tramitar hasta 12 modificaciones presupuestarias que  ascendieron a 127,3 millones.

Respecto a Lourdes Medina, que ocupó dicho cargo entre 2008 y  2012, la instructora le impone una fianza civil de un millón "por su  competencia en la elaboración del anteproyecto del Presupuesto de la  Consejería de Empleo y su conocimiento de la Memoria Económica  referida a 2009, en la que aparece descrito con claridad el objeto y  contenido del programa 31,L, por su activa intervención en las  modificaciones presupuestarias que hubo para incrementar el crédito  de las transferencias de financiación, y en tercer lugar, por su  indiciario conocimiento del objeto y alcance de la Encomienda de  Gestión de 27 de abril de 2010". 

Esta imputada, además, "en el último cuatrimestre de 2009 tendría  conocimiento de la existencia de varios 'intrusos' y pólizas  individuales y, pese a ello, omitiría poner los hechos en  conocimiento de la autoridad judicial".

La juez insiste en que "por los diferentes cargos políticos y  técnicos de la Junta se instauraría un sistema de concesión de ayudas  sociolaborales prescindiendo del procedimiento legal de subvenciones  a través de la instrumentación de IFA para el pago de las mismas",  todo ello "mediante las transferencias de financiación".

Este sistema "se iniciaría en el año 2000 y perduraría durante una  década, y desde el comienzo, sin contar con fiscalización previa ni  bases reguladoras, fue absolutamente discrecional, repartiéndose  millones de euros a empresas próximas al poder político o sindical,  bien para supuestas inversiones que no se controlaban, bien para la  prejubilación de sus trabajadores".

Añade que este sistema, "siendo presuntamente ilegal, degeneró en  mayores desviaciones a través de múltiples subvenciones concedidas a  empresas sin actividad creadas para percibir tales ayudas o  subvenciones individuales a personas cercanas a los círculos de poder  o a aquellas que eran introducidas dentro de la póliza de  prejubilación de trabajadores de una empresa sin haber pertenecido  nunca a la misma o contratadas fraudulentamente muy poco tiempo antes  de la aprobación del ERE para beneficiarse de la renta de  prejubilación, que en todo caso financiaba la Junta".

"Esa financiación sin control, rápida y eficaz, presuntamente  pasaría a ser desde el año 2000 uno de los instrumentos de la póliza  económica de la Junta", asevera la juez.