Ocho entidades financieras, expedientadas por Andalucía por no informar sobre su cartera de VPO

• Según la Junta andaluza, entre todas poseen 185 inmuebles de ese tipo
• La ley autonómica obliga a ponerlas a disposición de los registros públicos
• Ya ha abierto otros expedientes similares al banco malo

La Junta de Andalucía ha abierto expedientes sancionadores a ocho entidades financieras - entre las que se  encuentran BBVA, Santander, Popular y Sabadell- por no haber puesto las VPO (viviendas de protección oficial) que tenían en sus balances a disposición de los registros municipales de demandantes de viviendas, ha anunciado este jueves la consejera de Fomento y Vivienda andaluza, Elena Cortés.

El hecho de no haber informado a los correspondientes  registros municipales sobre las VPO desocupadas supone una falta muy  grave, que puede acarrear sanciones que van de 30.000 a 120.000 euros.

Estos registros de demandantes de VPO establecen los mecanismos de selección para la  adjudicación de viviendas de protección pública y señalan los  requisitos socioeconómicos para el acceso a las mismas bajo  principios de igualdad, publicidad y concurrencia.

La Consejería de Fomento y Vivienda estima que esas ocho entidades poseen un total de 185 viviendas de protección oficial, según han informado a Efe fuentes de ese departamento.

Estos expedientes son similares a los abiertos en febrero pasado al banco malo, la Sociedad de gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), que cuenta con al menos 911 inmuebles de esa tipología y podría ser sancionada con un máximo de 109 millones de euros de multa.

Antes de comparecer en una comisión del Parlamento andaluz, Cortés ha dicho a los periodistas que los expedientes obedecen al "cumplimiento de la ley que permite que las VPO sean utilizadas como viviendas habituales y permanentes".

"Las VPO son pagadas con dinero público"

La ley andaluza de Función Social de la Vivienda -que modificó otra ley previa de VPO- da un plazo a las entidades financieras para comunicar a los registros municipales el número de viviendas de protección oficial desocupadas que poseen. Aunque las entidades expedientadas dieron cuenta de  sus VPO a la Consejería de Fomento y Vivienda, no la trasladaron a los registros municipales de las  localidades en las que se ubican.

Los expedientes han sido abiertos "en defensa de la función social de la vivienda de VPO, que son pagadas con dinero público", según la consejera, quien ha explicado que "estas entidades financieras deben cumplir con la puesta a disposición de las VPO en los registros municipales".

Las entidades sancionadas, como en cualquier procedimiento administrativo, disponen ahora de un plazo para presentar alegaciones.

Al margen del procedimiento abierto a la Sareb, la Junta de Andalucía negocia con esa sociedad la cesión temporal de viviendas, dentro de la iniciativa del banco malo de poner a disposición de las comunidades autónomas hasta 2.000 inmuebles para alquiler a precios "asequibles".