Ruanda conmemora el genocidio sin libertad y con el recuerdo del fracaso de la ONU

• El régimen de Paul Kagame suprime a los opositores
• La ONU ha reconocido que la tragedia pudo haberse evitado

20 años después, el recuerdo de Ruanda es omnipresente

Se cumplen 20 años del genocidio de Ruanda, una de las mayores tragedias de la historia reciente, en la que perdieron la vida 800.000 personas.

Con este motivo, se recuerda estos días a las víctimas pero también el fracaso de la comunidad internacional para evitar la masacre anunciada. Ruanda, por su parte, se ha recuperado del trauma pero no disfruta aún de libertades ni de respeto a los derechos humanos.

Ruanda: crecimiento económico sin libertad

En tan solo 100 días de 1994, Ruanda vivió el exterminio de entre el 20 y el 40% de su población. El país era entonces el más densamente habitado de África, con siete millones de personas.

El 70% de las víctimas mortales fueron tutsis, asesinados por extremistas hutus tras la muerte del presidente ruandés, Juvenal Habyarimana, cuando el avión en el que viajaba fue derribado el 6 de abril de 1994 poco antes de aterrizar en el aeropuerto de Kigali.

El asesinato de Habyarimana (de la etnia hutu), que murió junto al presidente de Burundi, Cyprien Ntaryamira, que lo acompañaba, fue el detonante de la matanza colectiva iniciada por hutus radicales y aún hoy día continúa siendo un misterio.

Tras el genocidio, en el que también perecieron numerosos hutus moderados, tomó el control del país el Frente Patriótico de Ruanda (RPF), milicia que entonces lideraba el actual presidente, Paul Kagame, a quien una investigación francesa culpó en 2006 de la muerte de Habyarimana, aunque él siempre lo ha negado.

Salvador de Ruanda para unos y autoritario represor para otros, Kagame suele concitar elogios por haber estabilizado la nación y logrado cicatrizar una herida tan sangrante.

El régimen de Kagame

El presidente, un tutsi que creció refugiado en la vecina Uganda, es el creador de la nueva identidad ruandesa, llamada a reconciliar etnias enfrentadas y forjada en las últimas dos décadas sobre pilares legales, judiciales y culturales.

Una Comisión de Unidad Nacional y Reconciliación institucionalizó el proceso de perdón y olvido, mientras que tribunales tradicionales conocidos como "Gacaca" celebraron hasta 2012 más de un millón de juicios contra los acusados de perpetrar todo tipo de crímenes, excepto el de planear el exterminio.

Para juzgar a los mayores genocidas, la ONU creó el Tribunal Internacional para Ruanda, con sede en Arusha (Tanzania), que ha procesado a 92 personas por genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, de las que 49 han sido declaradas culpables.

El régimen de Kagame, en el poder desde el año 2000, también ha impulsado la transición de la economía desde un modelo agrario a otro basado en el sector servicios y el conocimiento.

"Ruanda ha logrado un proceso de desarrollo impresionante desde el genocidio y la guerra civil de 1994", subraya el Banco Mundial en su último informe sobre el país, que entre 2001 y 2012 creció en un 8,1% anual y experimentó una reducción de la pobreza del 14%, así como una contracción de la desigualdad a partir de 2005.

La pujante economía ruandesa y la calidad de los servicios públicos, excepcionales en la región de los Grandes Lagos, son los baluartes de Kagame ante una comunidad internacional que rara vez recuerda las sombras de su mandato en el terreno de los derechos humanos.

Falta de libertades políticas

Según organizaciones como Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI), el Gobierno amordaza las libertades de expresión y asociación, obstruye a los partidos de la oposición, persigue a organizaciones independientes de la sociedad civil y amenaza a sus críticos.

El RPF ganó las elecciones parlamentarias del pasado septiembre con el 76% de los votos, en unos comicios donde los únicos partidos concurrentes apoyaban abiertamente a la formación de Kagame.

El mandatario dominó fácilmente la carrera electoral con algunos de los principales líderes de la oposición en prisión, entre ellos la hutu Victoire Ingabire, de Fuerzas Democráticas Unidas (FDU), acusada de terrorismo y de "negación del genocidio".

Los disidentes políticos son las principales víctimas de un régimen cuyos tentáculos desbordan las fronteras de Ruanda. El pasado enero, el exjefe de los servicios de inteligencia ruandeses, Patrick Karegeya, fue estrangulado en un hotel de Johannesburgo.

También en Sudáfrica, un exjefe del Ejército ruandés sobrevivió el pasado marzo a un tercer intento de asesinato y varios exiliados fueron secuestrados en Uganda en extrañas circunstancias meses antes.

La sombra del genocidio de 1994 alcanzó también a la vecina República Democrática del Congo (RDC), que ha sufrido durante décadas un conflicto en el este del país, refugio de hutus que huyeron de Ruanda cuando el RPF llegaba a Kigali. Desde entonces, la administración tutsi de Kagame ha intentado forzar la retirada de los grupos hutus, según los analistas.

Las acusaciones acerca del apoyo militar de Ruanda al grupo rebelde tutsi M23 en la RDC han sido respaldadas por organizaciones internacionales y han llevado a algunos países donantes a retirar sus ayudas, aunque el régimen ruandés ha negado apoyar a los insurgentes.

Pese a las tensiones latentes, Ruanda conmemorará oficialmente el vigésimo aniversario del genocidio el próximo día 7, con actos como el encendido de la Antorcha Nacional de Luto, que correrá a cargo del propio Kagame, o una vigilia nocturna en el estadio Amahoro de Kigali, que sirvió de refugio a 12.000 tutsis durante la matanza

Un peso sobre la conciencia de la ONU

Ese día, en el recuerdo de los ruandeses y de la comunidad internacional internacional pesará también el fracaso de la ONU en la gestión de la crisis, que pudo haberse evitado.

"Por desgracia, la ONU tiene un gran historial de fracasos en lo que respecta a prevenir matanzas y genocidios, desde Camboya en los años 70 a hoy en Sri Lanka o Siria. Pero Ruanda tiene un lugar especial ahí (...). Es probablemente el mayor y más histórico fracaso", ha asegurado al periodista de Efe Mario Villar el director ejecutivo del Centro Global para la Responsabilidad de Proteger (CGRP), Simon Adams.

Meses antes de que el conflicto estallase con el asesinato del presidente ruandés, la ONU tenía ya avisos claros de la explosiva situación que se estaba gestando. En enero de 1994, el entonces comandante de la misión de la ONU en el país, el general canadiense Romeo Dallaire, remitió un fax a los principales responsables de las Naciones Unidas tras descubrir que extremistas hutus estaban distribuyendo armas y organizando el exterminio de tutsis y hutus moderados.

Dallaire proponía utilizar el contingente de más de 2.000 "cascos azules" desplegados sobre el terreno para frenar el reparto de armas y prevenir las matanzas. La respuesta desde la sede de la ONU fue clara: la misión debía mantenerse al margen y limitarse a cumplir su mandato.

"Hubo una total indiferencia y falta de voluntad política ante el genocidio", recuerda Adams, que trabajó en Ruanda tras la tragedia.

Solo tres meses después de la alerta de Dallaire, la violencia se desataba cuando el avión del presidente Habyarimana era derribado. Al día siguiente, diez "cascos azules" belgas que protegían a la primera ministra Agathe Uwilingiyimana fueron asesinados junto con la dirigente, lo que llevó a Bruselas a ordenar la retirada de su contingente.

En los tres meses siguientes se produjo la matanza de hombres, mujeres y niños, muchos de ellos asesinados a machetazos por milicias y otros civiles.

La ONU optó por evacuar prácticamente a toda la misión, dejando a poco más de dos centenares de efectivos.

El Consejo de Seguridad tardó luego más de un mes en reconocer que había un genocidio en marcha y en aprobar el envío de 5.500 soldados, cuya llegada aún se retrasó hasta bien entrado el verano, cuando Francia ya había enviado sus propias fuerzas y cuando la guerrilla opositora del Frente Patriótico Ruandés (FPR) había tomado el control del país y puesto final al genocidio.

Los errores aprendidos

En los años posteriores, el "mea culpa" fue entonado por muchos de los responsables de la ONU, entre ellos quien por entonces se ocupaba de las Operaciones de Paz, Kofi Annan, que posteriormente ocupó la secretaría general de las Naciones Unidas.

Hoy, dos décadas después, las Naciones Unidas siguen teniendo en mente lo ocurrido en Ruanda en otras crisis como las de Sudán del Sur, donde la ONU se ha encargado repetidamente de llamar al compromiso de la comunidad internacional y donde los "cascos azules" han abierto sus campamentos para acoger a civiles que huyen de la violencia.

"Hace veinte años, estos pasos habrían sido impensables", aseguró esta semana el secretario general, Ban Ki-moon, quien aseguró que esas políticas son "una lección de Ruanda aplicada a la realidad".

El genocidio ruandés, unido a la matanza de Srebrenica un año después, llevó además a la ONU a iniciar un gran debate sobre su papel ante ese tipo de tragedias.

Finalmente, en 2005 la comunidad internacional adoptó el principio de la "responsabilidad de proteger", en virtud de la cual ha intervenido para frenar varios conflictos en los últimos años.

Sin embargo, situaciones como la que se dan actualmente en la República Centroafricana, en Sudán del Sur o la impotencia ante la guerra siria obligan a la ONU a volver la vista atrás para tratar de no repetir errores.

"Hay demasiados casos en el mundo donde vemos un fracaso a la hora de proteger a civiles", asegura a Efe el director del GCRP. "Me gustaría pensar que no sería posible que en el año 2014 pudiésemos ver algo de la escala de Ruanda", añade Adams.