La UCO afirma que dos exconsejeros dieron ayudas de los ERE por "afinidad política"

• Los altos cargos señalados son José Antonio Viera y Antonio Fernández

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil afirma que dos exconsejeros andaluces y una decena de altos cargos concedieron las ayudas investigadas en el caso de los ERE y "prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legal establecido".

En el atestado sobre las ayudas a la Sierra Norte de Sevilla, notificado este martes, la Guardia Civil señala la "participación esencial" en el mantenimiento de las ayudas investigadas que tuvieron los exconsejeros José Antonio Viera y Antonio Fernández, así como el exconsejero Francisco Vallejo cuando era presidente de la agencia andaluza IDEA.

La UCO también señala al parlamentario  socialista andaluz José  Caballos y a otras nueve personas que tuvieron  responsabilidades  públicas y ocuparon altos cargos por haber  "favorecido" o "permitido"  la concesión de ayudas a empresas de la  Sierra Norte de Sevilla y en  particular las concedidas a la estructura  societaria vinculada al  "tándem" formado por José Enrique Rosendo, hijo  del exalcalde de El  Pedroso Rafael Rosendo, y José María Sayago.

Los altos cargos señalados, según el atestado, incumplieron su obligación de proteger los recursos públicos "y los principios de objetividad, eficacia y satisfacción de los intereses generales" e impidieron "que esas ayudas se hubiesen empleado en la creación y mantenimiento del empleo".

El texto menciona, además de a los aforados, a los exviceconsejeros del ramo Agustín  Barberá y Justo Mañas; a los exdirectores generales de Trabajo  Francisco Javier Guerrero, Daniel Alberto Rivera y Juan Márquez; a  los exdirectores generales de IFA/IDEA Francisco Mencía y Miguel  Angel Serrano, y al exgerente provincial del IFA en Sevilla Manuel  Enrique Contreras.

"Participación esencial"

En relación con los aforados, y analizando en primer lugar el  papel de Viera, los agentes señalan que el exconsejero de Empleo  "pudo tener una participación esencial en la consecución" de las  ayudas, considerando que "debía de conocer que los fondos  pertenecientes a la partida presupuestaria 31.L, de los que se  disponía de forma discrecional bajo su responsabilidad, carecían de  la fiscalidad exigida", lo cual "habría permitido que en la  tramitación de las subvenciones a favor del tándem Rosendo-Sayago y  al resto de ayudas concedidas en la Sierra Norte se prescindiera  total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido".

Asimismo, "se considera que pudo haber facilitado la concentración  de las ayudas en la Sierra Norte por decisiones de diferentes  índoles", de manera que "como consecuencia de estas decisiones esta  comarca obtuvo ayudas por importe total de 55.760.497,75 euros", a lo  que se suma que "pudo haber propiciado importantes ayudas para esta  zona geográfica con objeto de favorecer, desmesuradamente, a  empresarios con los que se relacionaba y personas con las que  mantenía afinidades políticas", entre las que se encontraban Rosendo  y Sayago.

En esta línea, aseveran que "todas estas relaciones e intereses,  de ámbito personal y avivadas quizás también por afinidades  políticas, tuvieron que propiciar que Viera, como superior de  Guerrero, le diera a éste las instrucciones oportunas para que la  sucesión de estas subvenciones se materializaran de forma  ininterrumpida, incluso para que las mismas continuasen cuando Viera  abandonara la Consejería".

Los convenios a favor de Rosendo-Sayago

La UCO también considera que Viera "pudo ser  responsable de la concentración de ayudas a las empresas manejadas  por el tándem Rosendo-Sayago", quienes "como consecuencia de estas  decisiones" obtuvieron ayudas por importe de 32.670.702,58 euros.

Los agentes recuerdan que Guerrero "señaló que el máximo  responsable de estas ayudas" fue Viera, quien "le dijo" que las  mismas "tenían que salir adelante" y que "había que apoyar este  proyecto --Matadero de la Sierra Morena-- así como a todas aquellas  empresas que 'colgaban' de Matadero, o lo que es lo mismo, 'a todas  las empresas relacionadas con Sayago y Rosendo'".

Asimismo, Guerrero "matizó que ningunas de las ayudas a este grupo  se denegaron durante el tiempo que fue Viera consejero, a pesar de  que, al parecer, el propio Guerrero" y el exdelegado provincial de  Empleo en Sevilla Antonio Rivas "pusieron reticencias a Viera sobre  la concesión de estas ayudas en una reunión en la cafetería del  Parlamento andaluz".

La UCO, asimismo, asevera que "también es significativo el hecho  de que en una de las sesiones" del Consejo Rector del IFA que  presidió Viera se aprobaron convenios de ayudas por más de nueve  millones de euros a favor de las sociedades controladas por Rosendo y  Sayago, precisando que "entre estas sociedades", y en concreto en  Marco de Estudios, "se encontraba la empresa en la que su propia  hija, Sonia Viera, figuraba en ese momento como trabajadora".

De hecho, señalan que durante el tiempo en que Viera fue máximo  responsable de la Consejería de Empleo "se emitieron a favor de las  empresas controladas por Rosendo y Sayago resoluciones de ayudas por  importe de 16,9 millones, se suscribieron convenios de colaboración  con IFA por importe de 13,2 millones y se realizaron pagos por  importe de 10,7 millones".

Así, los agentes indican que de los 24 convenios suscritos a favor  de las empresas de Rosendo y Sayago, 20 se efectuaron siendo Viera  responsable de IFA y su hija trabajadora de este grupo.

Respecto a Vallejo, la UCO señala que "podría haber conocido de la  sucesión" de las ayudas, ya que "durante el tiempo que fue presidente  de la agencia IDEA se suscribió un convenio de colaboración de ayuda  a favor de Matadero de la Sierra Morena por importe de 1.150.000  euros", ayuda que "fue aprobada en sesión del Consejo Rector  presidida por Vallejo el 26 de marzo de 2008", a lo que se suma que  "durante el tiempo que preside IDEA se realizaron pagos por importe  de 6,1 millones a favor de las empresas investigadas".

Sobre José Caballos, los investigadores dicen que, "a juicio  policial, se deduce que podría haber conocido la consecución de estas  ayudas y el trato de favor que estaban recibiendo los investigados  por parte de la Consejería de Empleo".

El papel de Antonio Fernández

Asimismo, la Guardia Civil atribuye parecidas implicaciones a las  de Viera al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, señalando que,  "durante el tiempo que fue viceconsejero y posteriormente consejero  de Empleo, se concedieron todas las ayudas al grupo de empresas de  Rosendo y Sayago", considerando que "del estudio de las actas de las  sesiones del Consejo Rector de IFA se puede afirmar que tuvo una más  que notable intervención en la aprobación de estas ayudas".

La UCO recuerda que, según Guerrero, aunque Antonio Fernández "no  tenía interés en este grupo empresarial, se mostró favorable a  completar el planning de las ayudas a este grupo empresarial porque  así lo había ordenado Viera", mientras que los agentes consideran  igualmente que Fernández "fue el máximo responsable de que estas  ayudas se prolongasen en el tiempo tras la marcha de Guerrero de la  Dirección de Trabajo, completando las ayudas comprometidas a Matadero  de la Sierra Morena y Al Ballut Dehesas".

También asegura la Guardia Civil que Fernández "debía ser  plenamente consciente de las importantes irregularidades existentes  en las ayudas concedidas al tándem Rosendo-Sayago, a través de la  investigación interna realizada por la propia Dirección de Trabajo y  a través del informe de PriceWaterhouse en mayo/julio de 2009", por  todo lo cual "sería responsable de no haber dado las pertinentes  instrucciones para el reintegro de las ayudas concedidas con total  arbitrariedad y para la puesta en conocimiento de tan importantes  ilícitos a la autoridad judicial o el Ministerio Fiscal".

La UCO concluye su atestado señalando que "el desvío de fondos  públicos a favor de este grupo ha supuesto un grave detrimento a las  arcas públicas andaluzas, hechos que incluso se advirtieron, aunque  parezca curioso, por el propio Guerrero al inicio de la concentración  de estas ayudas en una reunión de la cafetería del Parlamento, según  él mismo declara".

La documentación del ERE de Mercasevilla

Por otro lado, el atestado de la Guardia Civil sobre el ERE de Mercasevilla dice que la Consejería de Empleo de la Junta, al descubrirse el caso, no envió al juzgado "ni mucho menos toda la documentación obrante en el expediente, sino que se montó un expediente ex profeso".

En dicho atestado, la UCO recoge que la subvención a Mercasevilla se concedió "prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido, lo que ha supuesto una menor fiscalización y una mayor arbitrariedad en su adjudicación".

El ERE de Mercasevilla fue el primero en el que se detectaron irregularidades que posteriormente llevaron al caso que instruye la juez sevillana Mercedes Alaya, que ya se extiende a dos centenares de ayudas y 151 imputados.

La Guardia Civil explica que, al conocerse el primer "intruso" en Mercasevilla, se reunieron en noviembre de 2010 el entonces Consejero de Empleo Manuel Recio, el viceconsejero Justo Mañas, el entonces director general de Trabajo Daniel Alberto Rivera y otros altos cargos para revisar todos los expedientes pendientes de pago.

El instituto armado afirma que Rivera "ordenó revisar el expediente de Mercasevilla para mandarlo al juzgado" pero, según la funcionaria María José Rofa, "al juzgado no se envió ni mucho menos toda la documentación obrante en el expediente de Mercasevilla, sino que se montó un expediente ex profeso".

La UCO afirma que la Junta pagó en los diferentes ERE de Mercasevilla unos excesos de comisión de 635.573, 96.840 y 76.791 euros. El atestado recoge que en el ERE de 2003 se incluyeron tres trabajadores que no cumplían el requisito de edad, pero tanto el presidente del Comité de Empresa, Rafael Domínguez, como el exgerente del mercado Fernando Mellet "les instaron a adherirse, informándoles de que la fecha para tener cumplidos los 50 años se había prorrogado".

En el ERE de 2007 se incluyó como "intruso" al "conseguidor" de los ERE Juan Lanzas, lo que según la Guardia Civil "no puede corresponder sino a un intento de pagar parte de su comisión por su mediación ante la Junta de Andalucía para que financiase las prejubilaciones".

Lanzas y su esposa fueron también incluidos en el ERE de la empresa Hitemasa y sus dos cuñados como "intrusos" en el de Dhul.

En el ERE de 2007 de Mercasevilla se incluyó también como "intruso" a Antonio Garrido Santoyo, dirigente del PSOE de Jaén y extrabajador de Coosur, a quien se asignaron unas rentas de 441.961 euros y de quien la Guardia Civil afirma que tanto él mismo como Lanzas "han admitido que se conocen desde hace muchos años".