'Billy el Niño' rechaza ser extraditado a Argentina y admite "algo" de "malos tratos"
- "Quizá algo hace muchos muchos años de malos tratos"
- La juez retira la medida cautelar que le prohibía salir del país
- El fiscal insta a que se ofrezca a Argentina que denuncie en España
El exinspector de policía Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, se ha opuesto este jueves a ser entregado a Argentina, en la vista de extradición que se celebra en la Audiencia Nacional por haber inflingido presuntas torturas a 13 personas durante el franquismo. Preguntado por si en los años en que permaneció en el Cuerpo cometió algún delito en el ejercicio de su profesión, ha asegurado: "No lo recuerdo con certeza, quizá algo hace muchos muchos años de malos tratos, pero creo que no fuimos condenados", ha añadido.
Además, el tribunal ha prohibido a los medios de comunicación que graben su imagen de frente durante la vista, después de que él mismo lo haya solicitado por "razones de seguridad personal y familiar".
El inspector, ahora jubilado, ha intervenido al final de la sesión para dejar claro que no se llama Juan Antonio ni José Antonio y que el alias Billy el Niño por el que es conocido no fue idea suya. "Mi nombre es Antonio González Pacheco y no me puse yo ese apodo", ha apostillado.
El tribunal, presidido por la magistrada Concepción Espejel, ha dejado sin efecto la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer cada semana en el juzgado, que el juez Pablo Ruz le impuso en diciembre pasado, al contar con la conformidad del fiscal a la petición de la defensa.
El juez Ruz le impuso esas medidas cautelares y le obligó además a facilitar un teléfono de contacto y un domicilio en el que pudiera ser permanentemente localizados.
La juez prohíbe que se tomen imágenes
La presidenta de la sala, Concepción Espejel, ha preguntado directamente a Pacheco si estaba de acuerdo en ser extraditado a Argentina a lo que ha contestado con un escueto: "No, en absoluto". A continuación, el fiscal se ha interesado por saber si el expolicía de 67 años, ya jubilado, tenía alguna relación con Argentina, extremo que Billy el Niño también ha negado.
La defensa del exinspector ha afirmado que la petición de su defendido para que no tomen imágenes suyas "no es una cuestión caprichosa" y ha dicho tener documentación de la Policía Científica que "acredita que ha sido objeto de amenazas y seguimientos". "En consecuencia, estimo que el revelar o poner de manifiesto cual es su aspecto a día de hoy puede suponer un peligro grave para su persona", ha remachado.
La magistrada que preside el tribunal ha decidido prohibir que se tomen imágenes de frente de Billy El Niño tras preguntar a los abogados y al fiscal sobre la petición de la prensa de garantizar la presencia de las cámaras dado el interés publico del caso y el derecho a la información.
Víctimas del franquismo piden "Justicia"
Billy el Niño ha esquivado a manifestantes y medios de comunicación al llegar a la sede judicial a primera hora de la mañana. Una veintena de víctimas del franquismo congregada en la calle Prim portaba una bandera republicana de grandes dimensiones, mientras coreaba consignas como "Qué se juzgue a los torturadores" y "Tenemos memoria, queremos Justicia".
En el momento en el que el letrado defensor ha puesto en duda que las heridas de las víctimas necesitaran 30 días de curación, uno de los denunciantes ha alzado la voz para asegurar: "`Yo estuve 62 días!". "No se puede mentir", ha dicho, después de que la magistrada ordenara guardar silencio.
El fiscal, Pedro Martínez Torrijos, se ha opuesto a que sea entregado a Argentina, al considerar que estos hechos estarían prescritos y que se pueden investigar en España y ha planteado que se ofrezca a Argentina denunciar los hechos ante los tribunales españoles al menos para que las víctimas puedan ser oídas.
Sin embargo, el fiscal sí ha defendido la competencia de los tribunales españoles para investigar estos hechos ya que fueron cometidos en nuestro territorio y el reclamado tiene nacionalidad española.
Por ello, ha invitado a Argentina a presentar la denuncia en España para atender a los "compromisos diplomáticos" y que las víctimas puedan relatar las "desgracias o penalidades sufridas" a un juez español y ofrecer su versión de las circunstancias que rodearon las detenciones.
La Fiscalía ya se opuso desde el pasado enero a la entrega al entender que los delitos de torturas han prescrito y que, en todo caso, los hechos deberían ser investigados en territorio español.
"Ni ha puesto un pie en territorio argentino"
Por su parte, la defensa de Billy el Niño ha negado que su cliente tenga relación con las torturas investigadas, ocurridas en 1968 y 1975 según la denuncia, y ha afirmado que en el primer año no era todavía policía.
Ha añadido que no ha tenido nunca relación con el Estado reclamante "ni ha puesto un pie en territorio argentino", para enfatizar que no existen conexiones de "ningún género" que justifiquen la competencia de aquel país.
El abogado defensor también ha invocado la Ley de Amnistía para señalar que "cualquier responsabilidad hipotética" habría sido perdonada y a la Constitución española para indicar que su representado tiene derecho al juez predeterminado por la ley y no al argentino.
Denuncia de las víctimas
El inspector, ahora jubilado, sigue la tónica del excapitán de la Guardia Civil Jesús Muñecas, quien la semana pasada rechazó también se entregado a Argentina y solicitó que su imagen no fuera grabada. Una petición que entonces rechazó el presidente del tribunal, Alfonso Guevara.
Según la denuncia contra Billy el Niño, las víctimas fueron José María Galante Serrano, Miguel Angel Gómez Alvarez, Andoni Arrizabalaga, Antonia Hernández, Francisca Villar del Sanz, Luis Suárez Carreño, Silvia Carretero, Acacio Puig, Alfredo Rodríguez, Antonio Chapera, Felisa Echegoyen, Francisco José Fernández y Jesús Rodríguez.
El Consejo de Ministros aprobó, a propuesta del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, dar continuidad al procedimiento de extradición a Argentina. La petición de la juez Servini llegó a España el pasado 18 de noviembre y se dirigía contra los dos reclamados y los ya fallecidos Celso Galván Abascal y José Ignacio Jiralte González.