El Supremo envia a las Cortes el auto de Alaya de 'preimputación' de Chaves y Griñán

• La magistrada ha pedido "auxilio" tanto al Supremo como al TSJA
• Anticorrupción recurre para enviar los ERE al Supremo y evitar la impunidad

Manuel Chaves recibe el auto en el que la juez Alaya le señala como posible imputado en el caso de los ERE

El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes,  ha enviado a los presidentes del Congreso y del Senado, Jesús Posada y Pío García Escudero, los "autos de preimputación" en los que la juez Mercedes Alaya ofrece acciones a varios diputados y senadores, entre ellos el expresidente andaluz, Manuel Chaves.

Uno de los primeros en recibir el escrito ha sido Chaves, según ha reconocido el propio diputado socialista en los pasillos del Congreso. El expresidente andaluz ha subrayado que esta vez la notificación se ha enviado "por el cauce legal correcto".

El pasado martes la juez Alaya hizo llegar al Congreso,  a través de dos agentes de la Guardia Civil, dos escritos dirigidos a los diputados Manuel Chaves y José Antonio Viera en relación con el caso de los ERE y al Senado otro dirigido contra el senador José Antonio Griñán. El mismo día el presidente del Congreso, Jesús Posada, le devolvió los sobres a la magistrada y se dirigió al presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, para comunicarle lo ocurrido.

La decisión de este jueves del Supremo ha consistido únicamente en transmitir, por el conducto previsto por las leyes para el caso de personas aforadas ante este alto tribunal como es el caso de los dos diputados y el senador, el escrito de la juez a los dos parlamentos.

De este modo corrige la decisión por la que la juez optó el pasado martes para notificar en su domicilio la preimputación que en diciembre pasado dictó contra Chaves, Griñán y Viera, en un caso parecido al que le sucedió con cinco exconsejeros andaluces, aforados ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por su condición de parlamentarios andaluces.

La juez pide "auxilio" al Supremo y al TSJA

Precisamente este jueves la juez Alaya ha pedido tanto al Supremo como al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que la "auxilien" para notificar el auto de "preimputación" a los expresidentes de la Junta de Andalucía, así como a cinco exconsejeros, todos ellos aforados, después de que las Mesas del Congreso y del Senado acordaran devolver a la magistrada los requerimientos expedidos a tal efecto y presentados  por la Guardia Civil.

En un auto dictado el pasado 8 de abril, la instructora explica que el envío de la notificación a los presidentes del Congreso y del Senado se debió a que ese es el "domicilio de trabajo" de los aforados, y al no haber podido localizar su domicilio particular.

La juez explica que ambos oficios iban dirigidos a sus respectivos  presidentes --Jesús Posada, del Congreso, y Pío García Escudero, del  Senado-- "con el ruego de que hicieran llegar el contenido del mencionado auto --el cual iba en sobre cerrado-- a los diputados y senador referidos en el mismo, al ser estas Cámaras domicilios laborales de estas personas".

El objetivo era "poner en conocimiento de tales personas la existencia del procedimiento que se tramita en este juzgado", auto que "necesariamente debe ser notificado, por si quisieran ejercer el derecho de defensa en dicho procedimiento".

Aunque el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, que ha recibido la petición de auxilio de la juez de los ERE ya estudia esa solicitud, le ha recordado que el procedimiento que había utilizado hasta ahora era "erróneo". 

Del Río, que se pondrá en contacto con el Tribunal  Supremo --al que Alaya también le ha enviado la misma solicitud--, ha indicado que no era "habitual" que Alaya hubiera acudido al Congreso  para hacer peticiones acerca de aforados."Todas las peticiones que se hagan relativas a personas aforadas  han de hacerse a través del TS o bien a través del TSJA, eso está  recogido en la Ley de Enjuiciamiento y ese es el procedimiento legal  y lógico y no cabe nada más que decir", ha concluido.

Anticorrupción recurre para que el caso pase al Supremo

Por otro lado, la Fiscalía Anticorrupción ha recurrido ante la Audiencia de Sevilla para que el caso de los ERE se separe en piezas con el objetivo de agilizarlo y que la causa contra los aforados se remita al Tribunal Supremo para evitar que "los hechos puedan quedar impunes por el mero transcurso del tiempo".

En un recurso al que ha tenido acceso Efe, la Fiscalía Anticorrupció pide a la Audiencia que anule la decisión de la juez Mercedes Alaya de seguir instruyendo el caso de los ERE en su conjunto e insiste en que es posible crear una causa por cada uno de los dos centenares de ayudas directas a empresas, otra por las llamadas sobrecomisiones y finalmente las diligencias contra los aforados.

Respecto a los aforados, la Fiscalía entiende que las posibles diligencias "están agotadas" en el juzgado sevillano y no se puede "demorar más la elevación al tribunal competente".

Ello con el fin de "no causar quebranto de garantías en los imputados y evitar que personas presuntamente responsables de los hechos puedan quedar impunes por el mero transcurso del tiempo". Entiende el fiscal que mantener el caso de los ERE como un bloque perjudicará a la Justicia "como valor de nuestro sistema constitucional" debido a "la instrucción de hechos tan amplios y complejos".

Dividir en varias piezas

El primer bloque de piezas, según el recurso, se formaría con cada expediente de ayuda sociolaboral o de ayuda directa a empresa, asunto en el que pueden llegar a formarse hasta 200 piezas, según Anticorrupción.

La Fiscalía reconoce que esta división por piezas puede perjudicar, por la penalidad asociada, a quienes ocuparon la Dirección General de Trabajo de la Junta, y en especial al imputado Francisco Javier Guerrero por los nueve años que ocupó el cargo.

En la pieza relativa a las sobrecomisiones, Anticorrupción entiende que los autores se deben reducir a las personas que "de forma activa y consciente han contribuido a su determinación y luego a su reparto presuntamente ilícito", y destaca que en esta pieza quedan numerosas pruebas que practicar como el informe de la dirección general de Seguros y diligencias pedidas a la Guardia Civil y a la Agencia Tributaria.

El llamado "procedimiento específico", añade el recurso, debe estudiar la legalidad del procedimiento utilizado por la Consejería de Empleo para la concesión de subvenciones sociolaborales, la Encomienda de Gestión de año 2010, la competencia para el otorgamiento de las ayudas sociolaborales y el procedimiento de financiación de las agencias andaluzas IFA e IDEA.

En esta pieza, el informe de la Intervención General del Estado "proporciona elementos más que suficientes para que se proceda a elevar ésta en su integridad al órgano superior competente conforme al fuero personal de las personas aforadas", dice la Fiscalía respecto a los expresidentes andaluces y los cinco exconsejeros preimputados en la causa en diciembre de 2013.

En ese caso, "es posible individualizar la conducta concreta que respecto a las mismas pudiera ser constitutiva de delito" y también hay "indicio o principio de prueba que pueda servir de apoyo a la imputación".

El recurso de Anticorrupción será resuelto por la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, encargada de supervisar todas las decisiones de los ERE en una causa que ya acumula 70.000 folios y 151 personas imputadas.