Susana Díaz devuelve a IU las competencias de viviendas sociales en Andalucía

• El acuerdo ha llegado después de una reunión de más de cinco horas
• Las ocho familias ya realojadas podrán permanecer de manera provisional
• El realojo previsto de otras nueve familias en alquileres privados ha sido suspendido

PSOE e IU llegan a un acuerdo en Andalucía

El PSOE e IU de Andalucía han alcanzado un acuerdo que pone fin a la crisis abierta en el Gobierno andaluz por la retirada de las competencias sobre las viviendas sociales públicas a la Consejería de Fomento, dirigida por Izquierda Unida.

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha firmado el decreto por el que se devolverán a la Consejería de Fomento, dirigida por IU, las copmetencias relativas a las viviendas sociales de la Junta de Andalucía.

Díaz había retirado dichas competencias a IU por diferencias entre ambos socios a raíz de los realojos provisionales de vecinos de la Corrala Utopía, desalojados el pasado fin de semana.

La Oficina del Portavoz del Gobierno explica que la decisión de atribuir provisionalmente a la Consejería de Hacienda las competencias relativas a la adjudicación de viviendas protegidas, se ha adoptado ante las "discrepancias" surgidas en el proceso de realojamiento y la controversia acerca de la idoneidad del mismo.

Así, se ha efectuado un análisis "pormenorizado" de las circunstancias acaecidas y del conjunto de actuaciones llevadas a cabo desde febrero de 2014 hasta la fecha, con el objeto de garantizar "el pleno y estricto cumplimiento de la legalidad vigente, así como la igualdad de oportunidades de todos los demandantes de viviendas protegidas".

Suspendido el realojo de alquiler privado

Según un comunicado enviado por la Oficina del portavoz del Gobierno andaluz, las ocho familias que ya estaban realojadas de forma transitoria en viviendas públicas de la Junta "pueden permanecer provisionalmente" en esos inmuebles hasta que, con carácter urgente, los servicios sociales comunitarios ratifiquen su situación y acrediten fehacientemente el riesgo de exclusión social.

En el caso de las otras nueve familias que iban a ser realojadas en viviendas de alquiler privado "queda suspendido el realojamiento hasta quedar acreditadas las circunstancias necesarias para su realojamiento".