Ruz rechaza archivar causas de Guantánamo y el Sáhara pese a la reforma de la justicia universal

• Investiga supuestas torturas a cuatro expresos, dos de ellos españoles
• Rechaza archivar dos causas sobre el Sáhara por haber sido territorio español

El juez Ruz rechaza archivar causas de Guantánamo y el Sáhara pese a la reforma de la justicia universal

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha rechazado este martes archivar su investigación sobre las supuestas torturas en la prisión estadounidense de Guantánamo y dos causas más sobre el Sáhara -en este último caso por haber sido territorio español- a pesar de la limitación de la justicia universal.

En el primer caso, Ruz continuará investigando el trato que recibieron cuatro expresos de Guantánamo, dos de ellos españoles -Hamed Abderraman, conocido como el "talibán español" y Lahcen Ikassrien-.

El instructor rechaza así en un auto archivar esta causa en aplicación de la nueva norma y la mantiene abierta por torturas y contra la integridad moral en concurso con varios crímenes de guerra, delitos que están amparados por los convenios internacionales de Ginebra y contra la tortura.

Según el juez, "nos encontraríamos ante una evidente colisión" entre la reforma "y las obligaciones contraídas por España en virtud de los tratados internacionales" y por ello acuerda transformar las diligencias previas en sumario, "continuando la instrucción de la presente causa".

De este modo, Ruz actúa en contra de lo que le pidió la Fiscalía, que le reclamó, como ha hecho en otras causas de justicia universal como el caso Couso o el genocidio del Tíbet, que concluyera el sumario y lo elevara a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para que sea este órgano el que decida si cabe el archivo o la interposición de recurso de inconstitucionalidad a la nueva ley.

Pregunta a EE.UU. si está investigando allí las torturas

En este mismo auto, el juez reitera la comisión rogatoria que libró en enero a Estados Unidos para conocer si allí se están investigando las supuestas torturas al español Hamed Abderrahman y al marroquí residente en España Lahcen Ikassrien, relatadas en la querella interpuesta contra el expresidente de EE.UU. George W. Bush y otros cargos norteamericanos, como el exvicepresidente Richard Cheney y el ex secretario de Estado de Defensa Donald Rumsfeld por estos hechos.

El pasado 23 de enero, el juez libró esta comisión rogatoria para que le informen si existe o no una investigación sobre estas dos personas y otros dos expresos que se personaron en la causa, Abdul Latif Al Banna y Omar Deghayes, que tenga que ver con denuncias sobre irregularidades y malos tratos o torturas en Guantánamo.

El principal objeto de esta diligencia es delimitar si en este caso se da el principio de subsidiariedad, es decir, si los tribunales españoles son competentes para investigarlo porque los estadounidenses no lo hacen o si, de lo contrario, las autoridades norteamericanas tienen un procedimiento abierto, lo que descartaría a la jurisdicción española.

Una vez obtenga la respuesta de las autoridades estadounidenses, el juez anuncia en su resolución que elevará exposición razonada a la sala segunda del Tribunal Supremo para que dictamine si verdaderamente se están investigando allí esos hechos y se pronuncie sobre la posible concurrencia del llamado principio de subsidiariedad.

Ruz rechaza archivar dos causas sobre el Sáhara

Por otro lado, el juez Pablo Ruz ha rechazado archivar dos causas que investiga por genocidio y torturas en el Sahara Occidental porque era territorio español cuando ocurrieron los hechos y, por tanto, a estos casos no les afecta la reforma de la justicia universal.

En sendos autos, Ruz acoge los argumentos de la Fiscalía de que ambas causas serían competencia de los tribunales españoles porque los hechos se cometieron contra ciudadanos españoles "en territorio que, a todos los efectos, debe tener la consideración de español en el momento de comisión (1975)", ya que el Sahara Occidental era entonces una provincia española.

Se trata una investigación sobre genocidio en el Sahara abierta a instancias de asociaciones de apoyo al pueblo saharaui contra 31 militares marroquíes y otra de torturas del Frente Polisario, interpuesta por la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (Asadeh) contra 28 miembros del Frente Polisario y altos cargos del gobierno argelino.