La Eurocámara aprueba un fondo para el sector pesquero de 6.500 millones hasta 2020

• El objetivo es ayudar al sector a adaptarse a la política pesquera común
• Aprueba tres protocolos pesqueros con Seychelles, Madagascar y Comores
• También aprueba una norma para combatir las especies invasoras
• Se amplía a ocho años la pena de cárcel por falsificar euros

Un pesquero en el puerto de Santoña (Cantabria).

El Parlamento Europeo (PE) ha aprobado este miércoles un nuevo Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), que contará con 6.500 millones de euros del presupuesto comunitario que se destinarán de aquí a 2020 a ayudar al sector a adaptarse a la política pesquera común.

La Eurocámara ha aprobado el fondo, por 473 votos a favor, 52 en contra y 40 abstenciones, que se dirigirá entre otros objetivos a combatir prácticas como los llamados "descartes", que consisten en devolver al mar los peces no deseados después de haber sido pescados.

La decisión, que aún tiene que recibir el visto bueno oficial de los Veintiocho, obligará a países como España a aplicar un plan de acción para fomentar la competitividad de su sector pesquero. Los fondos financiarán parte de los esfuerzos que tendrán que hacer los pescadores para hacer realidad la transición hacia una pesca más sostenible.

Además, servirán para dar apoyo a las comunidades costeras para que puedan diversificar sus economías y costearán proyectos dirigidos a crear empleo y mejorar la calidad de vida en las costas europeas y facilitar el acceso a la financiación.

Ayudas a la gestión de datos y los nuevos negocios

Entre los logros conseguidos por el PE durante la negociación de la medida figuran el que se vayan a destinar más recursos para la recogida y gestión de los datos pesqueros necesarios para fijar los límites de capturas.

Los pescadores menores de 40 años podrán, por otro lado, recibir hasta 75.000 euros para poner en marcha sus propios negocios relacionados con la pesca.

Se han suprimido los subsidios a la renovación de la flota, pero se financiará el cambio a motores menos contaminantes en los buques. El FEMP también apoyará las medidas destinadas a mejorar las condiciones de trabajo de los pescadores y las instalaciones portuarias.

"Acabar con la sobrepesca"

La comisaria europea de Asuntos Marítimos y Pesca, Maria Damanaki, considera que la aprobación del fondo contribuirá a lograr una pesca sostenible en la UE y destacó que "cofinanciará proyectos concretos en los Estados miembros para ayudar a los pescadores y las comunidades costeras".

La Comisión Europea confía en que la entrada en vigor del fondo pueda producirse en junio, una vez que los ministros de la UE hayan dado su consentimiento oficial.

La organización no gubernamental OCEAN2012 celebró la aprobación del Fondo de Pesca, que pone fin a cinco años de esfuerzos para reformar la Política Pesquera Común, y destacó que allanará "el terreno para acabar con la sobrepesca en la Unión Europea".

Tres nuevos procolos pesqueros

En el mismo ámbito de la pesca, el Parlamento Europeo ha dado luz verde a tres nuevos protocolos pesqueros con Seychelles, Madagascar y Comores, que beneficiarán a las flotas atuneras de España, Portugal y Francia, cuyos buques podrán pescar en las aguas de estas islas africanas.

El primero de estos acuerdos, rubricado con Seychelles, permitirá pescar durante un periodo de seis años a 40 cerqueros, entre ellos 22 buques españoles, 16 franceses y dos italianos, así como a seis palangreros, dos de cada nacionalidad.

Como contrapartida de estas oportunidades de pesca, la Unión Europea da una ayuda financiera al país de 30,7 millones de euros, de los que 5,1 se destinarán a apoyar al sector pesquero local a lo largo de todo el periodo.

Por otra parte, el protocolo firmado con Madagascar tiene una duración de dos años pero cubre los ejercicios 2013-2014, puesto que se aplica de forma retroactiva. Gracias a él, 40 atuneros cerqueros y 56 palangreros de superficie, en su mayoría de las flotas de España, Portugal y Francia, han recibido y recibirán oportunidades de pesca.

En este caso, la aportación financiera de la Unión es de tres millones de euros, 328.000 euros más que en el último acuerdo (2007-2012), y de ellos 500.000 euros irán al sector pesquero local.

El último de los protocolos, entre la UE y las islas Comores, es válido por un periodo de tres años, hasta 2017, y de él se beneficiarán 42 atuneros cerqueros y 20 palanganeros de superficie procedentes sobre todo de los tres socios europeos ya citados.

En este caso la contribución económica de la UE es de 1,8 millones de euros para todo el periodo, de los que la mitad está reservada a la pesca local y la lucha contra la captura ilegal.

Norma para combatir las especies invasoras

Además, el pleno de la Eurocámara ha aprobado, por 606 votos a favor, 36 en contra y 4 abstenciones, una norma para combatir las especies invasoras de animales o plantas en la UE, como el mejillón cebra o el mosquito tigre, y limitar su impacto  medioambiental y ecológico. Las especies invasoras causan daños por  valor de al menos 12.000 millones de euros al año en la UE, según los datos de Bruselas.

La nueva legislación obliga a los Estados miembros a identificar las rutas de introducción y propagación de las especies invasoras y  poner en marcha sistemas de vigilancia y planes de acción.

También  deberán reforzarse los controles en las fronteras de la UE. Para las especies invasoras que ya se han generalizado, los Estados miembros  tendrán que elaborar planes de gestión.

La norma prevé elaborar una lista con las especies más problemáticas, que no podrán ser introducidas, transportadas, puestas en el mercado, cultivadas, criadas o liberadas en el medio ambiente en la UE.

Esta lista será abierta y no estará limitada a 50 especies, como había propuesto inicialmente Bruselas. Dará prioridad a las especies emergentes y a las que causan un mayor daño. Los Estados miembros deberán definir sanciones adecuadas para quienes vulneren  esta legislación.

Pena máxima de ocho años por falsificar euros

En orden a otros asuntos, el pleno de la Eurocámara ha aprobado este miércoles -por 545  votos a favor, 8 en contra y 21 abstenciones- una norma que obligará a todos los Estados miembros a introducir en sus legislaciones nacionales una pena máxima de al menos 8 años de cárcel para casos graves de falsificación de euros y de al menos 5 años por distribución de euros falsificados.

Se calcula que estos delitos han causado pérdidas de al menos 500 millones de euros durante la pasada década, según los datos de Bruselas. El texto final, que ya ha sido pactado con los Veintiocho, no incluye sin embargo la propuesta de la Comisión de introducir una pena mínima de seis meses de cárcel.

Bruselas considera que las penas previstas en la actualidad en la  mayoría de Estados miembros por falsificación de moneda no son  suficientemente disuasivas y eficaces. En algunos países como Chipre  o Suecia no hay sanciones mínimas; otros, como Holanda o Irlanda,  sólo prevén multas; en contraste, Grecia o Luxemburgo contemplan una  pena mínima de 10 años de cárcel.

Límite al ruido en los aeropuertos

La Eurocámara también ha aprobado este miércoles las nuevas reglas que deben seguir las autoridades nacionales a la hora de limitar el ruido en los aeropuertos comunitarios. El objetivo de las reglas es identificar las medidas más eficientes para limitar el ruido en cada aeropuerto y dejar las restricciones operativas únicamente como último recurso.

En todo caso, la imposición de umbrales concretos en materia de ruido seguirá siendo competencia de las autoridades nacionales o locales y Bruselas no tendrá poder de veto.

El reglamento está basado en los principios acordados por la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI) y ya ha sido pactado con los Gobiernos de los Veintiocho. Entrará en vigor dos años después de su publicación en el diario oficial de la UE.

Las nuevas reglas permitirán a las autoridades aeroportuarias eliminar progresivamente y con mayor facilidad las aeronaves más ruidosas, que generan un porcentaje desproporcionado de ruido. Al basarse en principios internacionales, se reduce además el riesgo de disputas internacionales si afectan a compañías extranjeras. Se aplicarán sólo a los grandes aeropuertos civiles con más de 50.000 movimientos anuales.