Amnistía denuncia el aumento de multas y denuncias falsas contra manifestantes en España

• AI denuncia "violaciones de los derechos humanos" en nuestro país
• Consideran que el Gobierno limita el derecho a la libertad de expresión
• Lee el informe de Amnistía Internacional sobre España (.pdf)

Un manifestante frente a un grupo de la policía antidisturbios.

Amnistía Internacional (AI) ha denunciado este jueves en un informe el aumento de multas y de denuncias falsas presentadas por parte de la Policía contra personas que participan en manifestaciones con la intención de "limitar las protestas pacíficas de los ciudadanos".

Amnistía basa su denuncia en el "número creciente de informes" sobre sanciones administrativas que recibe la organización desde que "aumentaron las protestas sociales".

Según los datos proporcionados a AI por la Comisión Legal Sol y recogidos en el documento, en casi dos años, entre mayo de 2011 y abril de 2013, este grupo tuvo conocimiento de 953 casos en los que se tomaron medidas para imponer sanciones administrativas.

Según las cifras de la Delegación de Gobierno en Madrid, en 2012 se iniciaron medidas para imponer sanciones administrativas en un total de 1.117 casos.

En el informe "España: El derecho a protestar, amenazado" (consulta en .pdf), Amnistía documenta, tras entrevistarse con una treintena de manifestantes, casos de violaciones de derechos humanos cometidos supuestamente por miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado, así como la falta de investigación de estos abusos.

La organización considera que "el Gobierno está utilizando todos los medios posibles para limitar por ley el derecho a la libertad de expresión y a la protesta pacífica", como la reforma prevista del Código Penal y de la Ley sobre la Protección de la Seguridad Ciudadana.

"La Policía actúa con total impunidad"

"La Policía actúa con total impunidad, mientras que los manifestantes pacíficos y los líderes de los movimientos sociales sufren acoso constante y son estigmatizados, golpeados y, en ocasiones, detenidos para enfrentarse a cargos penales, encarcelamiento y multas".

Durante la presentación del informe, Jorge Aranda ha explicado que fue detenido el 1 de marzo de 2013 por la Policía, que le denunció por intentar agredir al entonces consejero de salud madrileño Javier Fernández-Lasquetty, durante una protesta contra la privatización de la sanidad, que quedó archivada por la juez tras visionar una grabación y determinar que "la versión policial no resultaba creíble".

El informe destaca el aumento de manifestaciones en toda España "como consecuencia de la crisis y el malestar generado por las medidas de austeridad aplicadas por el Gobierno" y detalla que en 2013 se celebraron más de 25.400 protestas, mientras que en 2012 hubo 14.000 manifestaciones.

"Estamos recibiendo muchas denuncias por uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad para dispersar manifestaciones pacíficas y de material antidisturbios como porras y proyectiles de goma que han causado lesiones injustificadas", ha señalado la autora del informe, Virginia Álvarez.

Ha detallado que la investigación recoge, por ejemplo, el parte policial de una concentración celebrada el 27 de abril de 2012 en la Puerta del Sol de Madrid que reflejaba la ausencia de incidentes en la protesta, aunque 47 personas fueron sancionadas con multas -de unos 300 euros-.

"También incluye ataques a periodistas y malos tratos en comisarías a detenidos, y no ha habido investigaciones internas ni judiciales, lo que perpetúa la impunidad policial", ha añadido.

Casos de abusos policiales archivados

La autora del informe ha señalado que la mayoría de los casos de abusos policiales que se investigan se archivan al no poder quedar acreditada la identidad del policía, "por la falta de colaboración".

"No hay espacio legal para manifestarse espontáneamente cuando algo sucede y se quiere enviar un mensaje rápido de protesta", ha lamentado Álvarez, quien ha señalado que la cuantía de las multas impuestas a simpatizantes del movimiento 15-M por concentraciones en Sol superan los 300.000 euros.

Para la responsable del programa de policía y derechos humanos de Amnistía Internacional, Anja Bienert, "España ha iniciado un camino peligroso, un círculo vicioso de violencia, como hemos visto en otros países como Turquía, Grecia y Brasil".

Amnistía pide al Gobierno que "revise estas prácticas en la gestión y el control de las manifestaciones y garantice las investigaciones y que no se violen la legislación internacional sobre derechos humanos".

“España ha iniciado un círculo vicioso de violencia“

Las representantes de Amnistía han señalado que se han reunido con representantes del Poder Judicial y de la secretaria de Estado de Seguridad para presentarles las conclusiones del informe.

Respecto a las declaraciones del director general de la Policía, Ignacio Cosidó, ante la comisión de Interior del Parlamento, reconociendo fallos de coordinación en el dispositivo policial de las Marchas de la Dignidad del 22 de marzo, Álvarez ha asegurado que hubiera deseado más aclaraciones sobre la situación de los heridos.

"Es necesario un mecanismo independiente de investigación, por ejemplo para aclarar los golpes contra las paredes del furgón que sufren los detenidos durante el traslado porque van con grilletes, del trato recibido en la Comisaría y de la tardía asistencia médica, cuando se presta", ha concluido.