El fiscal pide cinco años y medio de prisión para los 19 acusados de asediar el Parlament en 2011
- Además, reclama que se les imponga una multa de 7.500 euros
- La AN ha suspendido la declaración de la presidenta del Parlament
El fiscal ha mantenido en el juicio su petición de cinco años y seis meses de prisión para los acusados de asediar el Palrmaneto catalán en 2011 a quienes les atribuye delito contra las instituciones del Estado. Además, la fiscalía reclama que se les imponga una multa de 7.500 euros. En el banquillo de los acusados se han sentado 19 de los 20 procesados en esta causa, ya que uno de ellos, Cristóbal Nicolás Araya Bruna, está huido.
El sindicato Manos Limpias ha solicitado ochos años y medio de cárcel para cada acusado y el Parlament y la Generalitat tres años para cuatro imputados, mientras que las defensas han reclamado la absolución.
Los hechos se remontan al 15 de junio de 2011, cuando una concentración convocada por el movimiento 15M ante el Parlament, en Barcelona, derivó en protestas que se saldaron con agresiones e insultos a 11 diputados autonómicos, entre los que estaba el presidente de la Generalitat, Artur Mas, que tuvo que acceder al recinto parlamentario en helicóptero.
Suspendida la delcaración de la presidenta del Parlament
Por su parte, la Audiencia Nacional ha suspendido por enfermedad la declaración testifical de la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, que estaba prevista por videoconferencia desde la sede de la Cámara autonómica para esta mañana en el juicio, que se celebra en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid).
Al comienzo de la sesión de la vista de este viernes, el presidente del tribunal, Fernando Grande Marlaska, ha comunicado la aportación de un parte médico de Núria de Gispert en el que se informa de que se mantiene la situación que imposibilita su comparecencia.
Ante esta situación, la fiscal ha renunciado a la testigo, al igual que el resto de las partes, por lo que su declaración ha sido suspendida por la Sala, que ha reanudado la vista con la declaración como peritos de tres mossos d'esquadra que identificaron a acusados a través de imágenes grabadas de los hechos.
Los fiscales consideran que los manifestantes provocaron "un fundado temor en la seguridad" de los diputados que intentaban acceder a la Cámara. En su escrito de conclusiones preliminares destacan que los diputados fueron "rodeados e increpados" por grupos de personas que "les impedían el acceso al Parlamento mediante empujones, golpes, lanzamiento de objetos e insultos".