Las personas condenadas por abusos sexuales a menores no podrán trabajar con niños

• Todo profesional estará obligado a denunciar cualquier delito contra un menor
• El Gobierno aprueba un nuevo marco jurídico de protección de los menores

Aprobado el anteproyecto de protección del menor

Las personas que hayan sido condenadas por delitos contra la libertad sexual, trata y explotación de menores no podrán desempeñar profesiones que supongan un contacto con menores como puede ser el de maestro. Además, cualquier ciudadano que en el ejercicio de su profesión conozca un hecho que pudiera constituir un delito contra un menor tendrá la obligación de ponerlo en conocimiento de la Fiscalía.

Son dos de las medidas que incluyen los dos anteproyectos de ley que ha aprobado el Consejo de Ministros este viernes para reforzar la protección de los menores ante situaciones de abusos sexuales y de violencia de género y agilizar, por otro lado, los procesos de acogimiento y adopción.

En el caso de los menores hijos de mujeres maltratadas, se cambiará la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género para incluirles específicamente como víctimas de la violencia machista. El juez estará obligado a dictar cómo se cumplirá el régimen de comunicación o visitas si decide no suspenderlo, informa Europa Press.

Los menores ante la violencia de género

La reforma también toca la participación de los menores en procedimientos judiciales: deberán ser oídos y escuchados, aunque sean menores de 12 años, siempre que acrediten madurez suficiente.

Se evitará también la llamada 'victimización secundaria' en estos procesos, de forma que el niño victima o testigo solo tenga que prestar testimonio una vez y sea asistido por expertos en desarrollo infantil todo el tiempo.

Asimismo, se establece la posibilidad de que el juez prohíba a los agresores de menores que se aproximen a él, a su domicilio o centro educativo, así como la comunicación, de manera que éste no pueda tener contacto visual, escrito o verbal con el niño.

Para los menores que sufren violencia de género, la reforma establece que se procurará que estos niños permanezcan con sus madres, independientemente de la edad.

"El 65% de las mujeres maltratadas tienen hijos menores y de este porcentaje el 54% asegura que sus hijos han sufrido maltrato. En 2012, un total de 3.191 menores fueron víctimas de delitos contra la libertad sexual", ha precisado Mato, unos datos que las ONG que trabajan con la infancia consideran que no reflejan toda la realidad y son la punta del iceberg del problema.

La redacción de la reforma contempla evitar "la victimización secundaria" del menor, de modo que si es testigo o víctima en un proceso judicial, no tenga que repetir testimonio ante diferentes instancias judiciales. Se garantizará en todo momento que sea asistido por expertos en desarrollo infantil.