La Audiencia Nacional excarcela a otros 13 narcos por la reforma de la justicia universal
- Fueron detenidos en aguas internacionales a bordo de barcos extranjeros
- Con la reforma, España no puede juzgar a narcotraficantes extranjeros
El pleno de la Audiencia Nacional ha dejado en libertad a 13 presuntos narcotraficantes marroquíes que iban a ser juzgados, al resultar beneficiados por la reforma de la justicia universal porque fueron detenidos en aguas internacionales a bordo de barcos de pabellón extranjero.
Trece de los 16 magistrados de la Sala de lo Penal reunidos en pleno han estipulado que, de acuerdo a la reforma de la justicia universal, España no puede juzgar a narcotraficantes extranjeros cuando se les detiene en aguas internacionales, en buques de pabellón de otro país y si no se acredita que la droga tenía como destino España.
Los marroquíes fueron detenidos en un barco sin pabellón interceptado el 31 de mayo de 2013 en el mar de Alborán (situado entre las costas españolas y las marroquíes y argelinas) con 16 toneladas de hachís con un destino que no era España. La Fiscalía Antidroga pedía para cada uno seis años y dos meses de prisión por un delito contra la salud pública.
Piden información sobre ocho narcotraficantes sirios
Además de poner en libertad inmediata a los 13 marroquíes cuyo juicio estaba a punto de comenzar, los jueces han pedido información complementaria sobre otros 8 narcotraficantes sirios ya excarcelados por el juez Javier Gómez Bermúdez por si la droga fuera para vender en España.
Estos ocho sirios fueron arrestados el 17 de marzo de 2013 en un barco con bandera de Sierra Leona en el mar de Alborán con 12 toneladas de hachís con destino a Orán (Argelia).
El pleno ha acordado, en concreto, suspender la deliberación sobre estos presuntos narcos porque hay una solicitud de la Policía con fecha 1 de abril en la que solicita a un juzgado de Málaga intervenciones telefónicas de números españoles, lo que podría probar la conexión del caso con España.
Ya son 29 los narcos extranjeros excarcelados
Con los liberados hoy son ya 29 los presuntos narcotraficantes extranjeros apresados en aguas internacionales excarcelados por la Audiencia Nacional, ya que a los ocho de Gómez Bermúdez que podrían volver a ser detenidos se suman otros ocho egipcios liberados por el magistrado Fernando Andreu y cuyo caso aún no se ha planteado al pleno.
Los jueces también han discutido este lunes otro caso de este tipo, el de siete sirios pendientes de juicio apresados el 28 de septiembre de 2013 en alta mar en un barco con bandera de Sierra Leona llamado Moonlight con 479 fardos de pastillas de hachís, cuando se encontraba, también en el mar de Alborán, frente a Castell de Ferro (Granada) y cuyo destino era Alejandría (Egipto).
Respecto a ellos, los magistrados han acordado pedir información complementaria a Vigilancia Aduanera porque no queda claro que el barco estuviera en aguas internacionales, ya que se encontraban en una zona lindante con las aguas de jurisdicción española.
Solo tres magistrados -el presidente de la Sala de lo Penal, Fernando Grande Marlaska, Concepción Espejel y Ángel Hurtado- han anunciado que escribirán un voto particular explicando los motivos por los que han votado en contra de excarcelar a los narcotraficantes.
El debate de los jueces se ha centrado en determinar si los tratados internacionales, en este caso, la Convención de Viena contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, prevalece sobre la reforma de la ley de justicia universal.
Para evitar las excarcelaciones de narcos, la Fiscalía Antidroga pidió a Andreu y a Gómez Bermúdez que aplicaran el artículo 17 de la Convención, que establece la necesaria cooperación entre los estados signatarios para eliminar el tráfico ilícito por mar, pero los magistrados no han acogido los argumentos del ministerio fiscal.
El primero en invocar los tratados internacionales fue el juez Santiago Pedraz en relación con el caso Couso, sobre el asesinato en Irak del cámara José Couso en 2003, causa que se negó a archivar apoyándose en la IV Convención de Ginebra, a lo que el fiscal se ha opuesto que compete únicamente a la Sala de lo Penal determinar si cabe o no el archivo.