Diez países de la UE pactan aplicar la tasa sobre operaciones financieras desde enero de 2016

• Eslovenia se retira del grupo, pese a haber anunciado su participación
• Reino Unido no aplicará el gravamen, pero critica el consenso alcanzado
• Londres anuncia que recurrirá la tasa si perjudica a su economía

Diez países de la UE pactan aplicar la tasa sobre operaciones financieras desde enero de 2016

Los diez países de la UE que han aceptado imponer una tasa a ciertas transacciones financieras -entre los que están España, Francia, Alemania e Italia- han logrado un acuerdo político para aplicar de forma homogénea ese nuevo tributo, a más tardar, el 1 de enero de 2016. Fuera de ese grupo quedan 18 países, entre ellos, uno crucial: Reino Unido, sede del corazón financiero de la UE y la eurozona, a pesar de que no pertenece al euro.  

Londres ha criticado el consenso alcanzado por su falta de concreción en el impacto que la medida tendrá en la economía. De hecho, tanto el Gobierno británico como el sueco ya han advertido de que recurrirán ese impuesto si comprueban que perjudica a sus respectivas economías nacionales.

Eslovenia se retira del grupo

Eslovenia, que había anunciado su participación cuando se creó esta cooperación reforzada en enero de 2013, se ha salido del grupo debido a la problemática situación política, según ha explicado el ministro de Economía español, Luis de Guindos.

Así, además de España, los otros nueve Estados miembros que crearán el impuesto son: Francia, Alemania, Bélgica, Austria, Portugal, Grecia, Eslovaquia, Italia, y Estonia.

Según ha anunciado el ministro de Finanzas de Austria, Michael Spindelegger -que ha actuado como portavoz del grupo de los diez Estados- , la tasa se aplicará en una primera fase a las operaciones con acciones y con determinados productos derivados.

El objetivo -ha continuado el ministro austriaco- es que cada paso hasta la plena aplicación de la tasa "se diseñe de forma que tenga en  consideración que hay muchos impactos económicos sobre los que hay que ser muy cuidadosos".

"La primera etapa de esa tasa sobre transacciones financieras armonizada debería aplicarse, a más tardar, el 1 de enero de 2016", ha precisado el ministro austriaco.

Hace unos meses se barajó como fecha límite de entrada en vigor el 1 de enero de 2015, pero ahora parece haberse retrasado un año ese tope. De todos modos, cada país podrá aplicarla cuándo desee, aunque a partir de enero de 2016 deberá estar armonizada con el resto de los países participantes en esta iniciativa.

Así, Spindelegger ha indicado que si algunos de los Estados participantes quieren gravar productos no incluidos en este acuerdo para mantener  tasas nacionales existentes, estarán autorizados a hacerlo.

No se ha acordado la cuantía de la tasa ni cómo se aplicará

La cuantía de la tasa y cómo se aplicará a las operaciones afectadas aún no se ha precisado, al igual que si se aplicará en los países de emisión de los productos gravados -como quieren países como España- o en aquellos donde se realice la operación. Según Spindelegger, el diseño definitivo de la tasa con "soluciones viables" deberá estar listo a finales de este año.

A pesar de faltar puntos cruciales como esos, la Comisión Europea ha estimado entre 30.000 a 35.000 millones de euros la recaudación conjunta por ese impuesto en los diez países que lo apliquen. Esos cálculos se basan en su propia propuesta: gravar un 0,1% las transacciones con acciones y en un 0,01% las de derivados.

El Gobierno español, por su parte, calcula en 600 millones de euros lo que podría recaudar por este gravamen si empieza a aplicarlo en 2015, según se recoge en el último Plan de Estabilidad remitido por Madrid a Bruselas. Sin embargo, De Guindos ha asegurado en la rueda de prensa posterior al Ecofin que el Ejecutivo español ya contaba con que iba a retrasarse la entrada en vigor y ha explicado que España lo aplicará cuando la directiva esté completamente aprobada.

Además, el titular de Economía español ha indicado que la introducción de la tasa será gradual y que, al finalizar cada fase, se analizará el impacto de la misma antes de seguir adelante. "Existe una especie de compromiso político para sacar adelante un impuesto razonable, prudente y cauto", ha concluido.

Oxfam pide que se destine a servicios sociales

Este gravamen se denomina -erróneamente- tasa Tobin, en referencia al economista estadounidense James Tobin, que la definió por primera vez hace más de 40 años y cuya idea era emplear lo recaudado a luchar contra la pobreza. En el caso de los diez países que han acordado ahora instaurarla, no se ha precisado el fin o fines a los que se destinará la recaudación. 

Precisamente, varios miembros de la organización internacional Oxfam se han manifestado en las inmediaciones del edificio donde se reúne el Consejo de la UE en Bruselas para pedir a los países europeos que pongan en marcha esa medida que destinen a servicios sociales y a la lucha contra el cambio climático la mitad de los fondos generados por ese impuesto.

Además, Oxfam les ha instado a aclarar a qué se destinarán los ingresos de esa futura tasa. La responsable de Oxfam para la UE, Natalia Alonso, se ha preguntado si ese dinero "va a ir a pagar los servicios sociales en Europa y fuera [de la UE] en la lucha contra el cambio climático o a pagar los bonos de los banqueros".