El juez imputa a once directivos de Adif por el accidente del Alvia de Santiago de Compostela
- Un expresidente, el exresponsable de seguridad y nueve vocales del consejo
- Ocupaban cargos en la empresa cuando se abrió la línea Ourense-Santiago
- Toma esta decisión tras recibir informes preliminares de cuatro peritos
- Hasta ahora solo estaba imputado el maquinista, Francisco José Garzón
El juez Luis Aláez, que instruye el caso por el accidente del Alvia el pasado 24 de julio en Angrois, donde murieron 79 personas, ha llamado a declarar a un total de once directivos de Adif cuando se abrió la línea Ourense-Santiago, según un auto notificado (pdf.) este viernes al que ha tenido acceso Europa Press
En concreto, se trata del expresidente del administrador ferroviario, Antonio González Marín; al exdirector de Seguridad en la Circulación Andrés Cortabitarte López y a nueve miembros del consejo de administración del organismo cuando se abrió la línea Ourense-Santiago: Juan Carlos Cáceres Díez (CC.OO.), Mercedes Rodríguez Arranz (por Fomento), Félix Díaz Martínez (UGT), Juan Ángel Mairal Lacoma, Carlos Bartolomé Marín (vocales y además, exjefes de gabinete de cargos de Fomento), Javier Hurtado Domínguez (vocal por Fomento y exdirector de gabinete de José Blanco), Mercedes Caballero Fernández, Gerardo Luis Gavilanes Ginerés (vocal por Fomento) y Carlos María Juárez Cólera, quien fue director de gabinete de Blanco en 2009 y posteriormente director general de Infraestructuras Ferroviarias de Fomento.
En el auto, Aláez explica que los informes preliminares entregados por cuatro de los seis peritos en los últimos días aportan información que, a su juicio, "acarrea una provisional atribución de responsabilidades penales a determinadas personas de Adif responsables de la seguridad en la circulación ferroviaria".
El juez les considera "potenciales autores de un delito contra la seguridad colectiva, previsto y penado en el artículo 350 del Código Penal, y partícipes en los delitos de homicidio y lesiones de los artículos 142 y 152 del Código Penal".
Aláez hace un repaso a la investigación y a decisiones técnicas que se adoptaron en la línea -nuevo proyecto, desconexión del sistema de control de velocidades ERTMS- y destaca que "no debe olvidarse que han sido responsables de Adif los que idearon esa conexión ferroviaria compleja y novedosa entre las estaciones de Ourense y Santiago de Compostela y los que sancionaron su materialización y puesta en servicio".
Anteriores imputaciones a cargos de Adif
El juez ya había imputado en su día a directivos del gestor ferroviario, incluidos los tres últimos presidentes, una imputación que levantó el órgano de apelación y que supuso que la instrucción judicial retornase al punto en el que se encontraba a los cuatro días del accidente, con el conductor, -que no redujo la velocidad del convoy-, acusado de homicidio imprudente.
No obstante, no quedó cerrada la puerta a que se siguiese investigando para comprobar si en ese tramo situado a la altura del barrio compostelano de Angrois, con una reducción drástica de velocidad de 200 a 80 kilómetros por hora, se necesitaban medidas adicionales de seguridad y así quedaba determinado por consenso técnico, puesto que en caso contrario tal apreciación sería "prematura y carente de base suficiente".
El juez instructor Luis Aláez ha seguido desde un inicio una línea de investigación que apuntaba a una causa múltiple y no únicamente del maquinista imputado, Francisco José Garzón Amo, que perdió el control tras atender una llamada del interventor de a bordo, Antonio Martín Marugán.
Ana Pastor reitera la "colaboración" de Fomento
Tras el auto, la ministra de Fomento, Ana Pastor, ha expresado su "respeto a todas las decisiones judiciales" al tiempo que ha remarcado que su departamento ha prestado "colaboración desde el primer minuto" para que "se sepa toda la verdad de lo que ocurrió".
En la misma línea, la titular de Fomento ha subrayado el compromiso en el Congreso de reforzar la seguridad, con medidas "que están ya todas en marcha y algunas ya implantadas".
Por su parte, las víctimas del accidente del Alvia aplauden las imputaciones al considerar que corroboran que Adif y Renfe "comprometieron la seguridad" de los viajeros.
La asociación Plataforma Víctimas Alvia 04155, uno de los dos colectivos constituidos tras el accidente, reitera su exigencia de creación de una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados, en la que comparezcan "el Ejecutivo anterior y el actual". Mientras Apafas, la otra asociación de afectados, centra su objetivo en la instrucción judicial, esta plataforma hace hincapié en las responsabilidades políticas del descarrilamiento.
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