El Instituto Geográfico Nacional establece una relación directa entre los seísmos y Castor
- En septiembre se produjeron 450 seísmos, desde 1920 se registraron 203
- El IGN concluye que hay sismicidad inducida al inyectar el gas por una falla
- Industria esperará al informe de expertos internacionales para decidir
- Ver gráfico: Cómo funciona un almacén subterráneo de gas natural
Almacenes subterráneos de gas
España cuenta con tres almacenes subterráneos de gas en funcionamiento, uno en investigación y otros cuatro más en fase de desarrollo. Enagas gestiona los de Serrablo y el de Gaviota, ambos antiguos yacimientos de gas natural agotados, y el de Yela. Según datos de Enagas, desde que se puso en funcionamiento el primer almacén subterráneo de gas natural en el mundo, en 1915, la cifra de estos silos ha crecido hasta un total de 627, de los que 81 se ubican en acuíferos salados profundos.
El informe del Instituto Geográfico Nacional (IGN) sobre la actividad sísmica en el entorno del proyecto Castor concluye que existe una "relación directa" entre los más de 400 seísmos que se produjeron en septiembre de 2013 en el litoral norte de Castellón y la inyección de gas.
El estudio, además, revela la existencia de una falla en la zona hasta ahora no identificada y asegura que no se tuvo en cuenta el informe de "impacto de sismicidad inducida" para determinar la peligrosidad del proyecto Castor.
Teniendo en cuenta la peligrosidad sísmica de la zona, todo indica, según el informe, que el origen de la serie sísmica registrada tiene "una relación directa con la inyección de gas en el proyecto Castor". Esta inyección de gas, añade, habría "acelerado el proceso sismotectónico con acumulación de esfuerzos".
El informe ha sido facilitado a Efe por el diputado de IU en el Congreso Ricardo Sixto, quien ha tenido acceso al mismo tras una petición de información al Congreso en relación al informe del Instituto Geográfico Nacional sobre los seísmos en el entorno de la plataforma Castor, situada frente a las costas de Vinaròs.
IU pide el cierre definitivo de la planta
Con fecha de 10 de abril, el Congreso remitió al diputado el informe del IGN, fechado en diciembre de 2013, en el que se pone de manifiesto que existió una relación directa entre la actividad de la planta Castor y los cientos de seísmos que se produjeron en septiembre de 2013, quince de los cuales fueron percibidos por la población.
Tras conocerse las conclusiones de este informe, Sixto ha reiterado la petición de cierre definitivo de la planta, y que esta clausura "no acabe costando dinero a los ciudadanos y a los consumidores de gas".
Para el diputado de IU, "no sólo se pone de manifiesto la relación directa entre los seísmos y el Castor, sino que debieron hacerse más informes antes de autorizar el proyecto".
El informe del Instituto Geográfico Nacional explica que comenzó a hacer un "seguimiento especial" debido al incremento diario de la actividad sísmica en el Golfo de Valencia, a unos 20 kilómetros de la costa, frente a Vinaròs, a partir del 5 de septiembre de 2013.
El 26 de septiembre, el IGN recibió el encargo de realizar un informe sobre dicha actividad por parte del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Se disparan los seísmos y sube la intensidad
Asegura que desde 1920 hasta el 1 de junio de 2013, el número de seísmos registrados en esa zona fue de 203, con una magnitud máxima de 3,3 en la escala Richter.
En cuanto a la peligrosidad del emplazamiento de la plataforma, obtuvo un valor correspondiente al "nivel más bajo de peligrosidad sísmica a considerar en la Normativa Sismorresistente", sin embargo, añade, "no se tuvo en cuenta el impacto de sismicidad inducida" que se debería estudiar para el caso de emplazamientos que puedan generarla.
Por otra parte, se recuerda que del total de cerca de 450 seísmos registrados en septiembre de 2013, tres de los cuales superaron la magnitud 4 en la escala Richter, una quincena fueron sentidos por la población de forma "leve o muy leve".
En sus conclusiones el informe señala que la actividad sísmica registrada no pertenece a la de la denominada falla de Amposta, por lo que "se trataría de otra falla no cartografiada", y aconseja que sean expertos geólogos quienes la identifiquen.
Industria espera a los expertos internacionales
El Ministerio de Industria no decidirá sobre la reapertura del almacén subterráneo de gas Castor hasta que disponga de las conclusiones de los estudios que realizan actualmente varios expertos internacionales, una información adicional al informe del IGN, según han explicado fuentes ministeriales.
Así, el departamento de José Manuel Soria, que ya era conocedor de dicho informe, resolverá el futuro del proyecto Castor, cuya actividad fue paralizada en septiembre de 2013, dando prioridad a la "seguridad" y cuando tenga la certeza de que no hay riesgos de nuevos seísmos en la zona.
La empresa gestora del almacén, Escal UGS, tiene reconocida una retribución de 1.273 millones, a los que se suman 186 millones por la inyección de gas colchón y hasta 234 millones por los costes financieros afrontados hasta que empezó a funcionar temporalmente.
Los vecinos piden responsabilidades a los políticos
Desde Ecologistas en Acción, su coordinador, Paco Segura, ha lamentado que "el pato" de los seísmos "lo van a pagar todos los españoles" porque el Gobierno deberá indemnizar a la empresa. La relación causa efecto "era algo bastante obvio" porque antes de explotar el antiguo pozo de petróleo como almacén de gas "no había" movimientos sísmicos. "Era bastante evidente", ha añadido.
El portavoz de la Asociación de Vecinos Migjorn de Vinaròs, Sebastià Fabregat, ha recordado que antes de que se construyera la planta les aseguraron que los informes garantizaban la seguridad, y ahora "ha quedado demostrado que esto no era así". Ha pedido a las autoridades que "asuman las responsabilidades" y los vecinos no paguen "en la factura de la luz" los efectos del "mal proceder de los políticos".
Por su parte, el experto en riesgos naturales y vocal del Colegio de Geógrafos de España Jonathan Gómez Cantero ha afirmado que la relación causa-efecto entre los seísmos y la actividad del Castor "pone de manifiesto las carencias en la normativa ambiental española" que "expone a la población a riesgos naturales sin haberlos estudiado previamente".