La Policía detiene a 313 personas e imputa a otras 328 por fraude a la Seguridad Social

• Las redes de empresas falsas defraudaron más de 7,7 millones de euros
• Se les acusa de falsedad documental y estafa, entre otros delitos

Imagen de una oficina de empleo de Madrid.

La Policía Nacional ha detenido a 313 personas e imputado a otras 328, principalmente en Barcelona y Girona, por fraudes a la administración pública que superan los 7,7 millones de euros.

Las redes habían creado 29 empresas ficticias en la provincia de Barcelona, para generar 1.544 altas fraudulentas en la Seguridad Social con el fin de cobrar prestaciones y subsidios por desempleo u obtener y renovar permisos de residencia.

Las tres investigaciones ahora finalizadas comenzaron hace varios meses al ser detectadas las empresas que podrían estar cometiendo fraudes a la Seguridad Social y al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), tanto por agentes de la Policía Nacional como por inspectores de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Dos indigentes marroquíes como testaferros

La UCRIF de Girona detectó doce empresas ficticias, con domicilio social en la ciudad de Barcelona, que se estarían dedicando a dar de alta a trabajadores extranjeros para que, de forma fraudulenta hasta un total de 744, pudieran cobrar el paro u obtener permisos de residencia.

Dos varones indigentes de nacionalidad marroquí constaban como administradores de cinco empresas uno, y siete empresas el otro. En esta operación se han detenido a 105 personas e imputado a otras 144, en su inmensa mayoría marroquíes, en las provincias de Barcelona, Girona, Castellón, Madrid, Cáceres y Alicante.

El fraude ocasionado a la Seguridad Social, por impago de cuotas, y al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) por prestaciones y subsidios obtenidos ilícitamente asciende a 3,8 millones de euros.

Connivencia de una gestoría

La segunda de las investigaciones se desarrolla en Barcelona a raíz de una denuncia presentada por un ciudadano quien afirmaba que tres varones pakistaníes habrían creado una empresa ficticia usurpando su nombre y falsificando su firma.

La denuncia se comprueba y se constata que existen seis empresas con idéntica estructura y administradores, coordinadas y asesoradas por una gestoría de la ciudad condal para simular contratos de trabajo y posteriores despidos a ciudadanos extranjeros.

Se han detenido a 53 personas e imputado a otras 44, en su  mayoría pakistaníes, en las provincias de Barcelona, Lleida, Valencia y Getafe (Madrid). El fraude ocasionado con la Seguridad Social, por impago de cuotas, y al SEPE por prestaciones y subsidios obtenidos ilícitamente asciende a un millón de euros.

Una constructora falsa

La tercera de las operaciones se inicia en el mes de junio de 2013 cuando se reciben informaciones referentes a la existencia de una empresa ficticia, dedicada a la construcción, en Mataró (Barcelona).

Las investigaciones permitieron detectar otras once empresas que tenían en común a sus administradores de origen marroquí y el domicilio social. Entre todas se comprobó el trasvase de trabajadores, dándoles de baja en unas y, acto seguido, alta en otra mediante contratos falsos de trabajo que permitirían a los interesados solicitar o renovar sus permisos de residencia y acumular los periodos mínimos para cobrar el paro.

La trama estaba integrada por su máximo responsable, un ciudadano español de origen marroquí, intermediario y captador, con el asesoramiento profesional de una gestoría de Mataró.

Se ha arrestado a 155 personas e imputado a otras 74, en su mayoría marroquíes, en la provincia de Barcelona. El fraude ocasionado con la Seguridad Social, por impago de cuotas, y al SEPE por prestaciones y subsidios obtenidos ilícitamente asciende a los tres millones de euros.

A los detenidos se les imputan presuntos delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, contra los derechos de los trabajadores, falsedad documental y estafa.

Por otra parte, se ha desarticulado en Ciudad Real una organización que defraudó más de 52.000 euros a la Seguridad Social, con tres detenidos y 17 imputados más por falsedad documental.