Amnistía Internacional denuncia que la tortura sigue vigente en más de 140 países
- Lanza una campaña en el 30º aniversario de la Convención de la ONU
- Un tercio de encuestados justifica la tortura en algunos casos
- La ONG denuncia casos también en España
Amnistía Internacional (AI) denuncia que gobiernos de todo el mundo incumplieron sus promesas de evitar y castigar la tortura, tras detectar que esas prácticas siguieron vigentes en al menos 141 países en los últimos cinco años.
AI ha lanzado una nueva campaña mundial Stop Tortura coincidiendo con el 30º aniversario de la firma de la Convención Contra la Tortura de la ONU. La campaña presta además especial atención a la situación en cinco países: Filipinas, Marruecos y el Sáhara Occidental, México, Nigeria y Uzbekistán.
De los 155 países que ratificaron ese documento, la organización no gubernamental ha investigado a 142. Al menos 79 continúan torturando en 2014 y otros 32 estados de la ONU no han adoptado ese acuerdo.
Tanto en dictaduras como en democracias
El secretario general de AI, Salil Shetty, lamentó este lunes en Londres, durante la presentación internacional de la campaña, que las autoridades no hayan adoptado "mecanismos dinámicos" contra ese problema.
Según Shetty, se trata de una "crisis que no solo afecta a países dominados por dictaduras, sino que también se extiende a las democracias, a todo tipo de espectros políticos y que se está produciendo en cada esquina del mundo".
El secretario de AI lamentó que esa práctica no solo está "viva", sino que incluso "está floreciendo en muchas partes del mundo", y consideró que, "puesto que más gobiernos buscan justificar la tortura en el nombre de la seguridad nacional, el sólido progreso realizado en este campo en los últimos treinta años está siendo minado".
Privación del sueño y electrocución
En algunas naciones se recurre a esas formas de castigo de forma rutinaria y sistemática, al tiempo que en otras se habla de hechos aislados y excepcionales.
Entre algunas de las técnicas de tortura denunciadas se incluyen las llamadas "posiciones de estrés", técnicas de privación del sueño o la electrocución de genitales, empleadas contra sospechosos de crímenes, voces disidentes o rivales políticos.
La organización urge a los gobiernos a implementar mecanismos como la realización de exámenes médicos adecuados, acceso rápido a abogados, revisiones independientes de centros de detención, investigaciones independientes y efectivas sobre acusaciones de tortura, procesamiento de sospechosos y adopción de enmiendas a las víctimas.
Un 36% justifica la tortura
Como parte de la campaña AI ha llevado a cabo una encuesta, encargada a la firma Globescan, para sondear las actitudes de cada país ante esa práctica.
En ella se refleja que casi la mitad de participantes (un 44%) de 21 naciones de cada continente teme que se expondría a un riesgo de sufrir tortura si fuera llevado bajo custodia en su país.
La mayoría (un 82%) cree que deberían existir leyes claras contra la tortura, si bien más de un tercio de los entrevistados (un 36%) piensa que esa práctica puede justificarse en ciertas circunstancias.
La tortura en España
AI denuncia que las autoridades españolas siguen sin reconocer que la tortura es un problema persistente.
La organización internacional critica varias de las acciones u omisiones de España. Así, lamenta que la tortura "no está correctamente tipificada" en el Código Penal para incluir la violación sexual; asegura que no se han establecido "de manera suficiente" las medidas para prevenir los malos tratos bajo custodia de los cuerpos y fuerzas de seguridad; denuncia la extradición de personas a países donde existe el peligro de que sean maltratadas y destaca que, por el contrario, la Audiencia Nacional ha negado la extradición del ex inspector de policía, Juan Antonio González, Billy el Niño, y del ex capitán de la Guardia Civil Jesús Muñecas, reclamados por la justicia argentina por su presunta implicación en torturas durante el franquismo.
AI critica también la limitación de la jurisdicción universal. "La tortura es uno de los crímenes de derecho internacional que los jueces españoles apenas podrán perseguir en nuestro territorio", dice la sección española de la ONG en su comunicado.
Por último, la encuesta internacional llevada cabo por AI revela que el 45% de los españoles consultados teme sufrir torturas o malos tratos si son detenidos.
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