La juez de los ERE embarga seis inmuebles y cinco cuentas corrientes a Magdalena Álvarez

• Inicia el embargo para cubrir su fianza civil de 29,5 millones de euros
• La juez cree que no se cubrirá la totalidad de la fianza
• Por ello, iniciará una averiguación patrimonial integral de bienes

Magdalena Álvarez, exministra de Fomento y exconsejera de Andalucía.

La juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, ha iniciado este martes el embargo de seis inmuebles y cinco cuentas corrientes a la exministra Magdalena Álvarez para cubrir su fianza civil de 29,5 millones de euros.

La juez Alaya, en un auto al que han tenido acceso Efe y Europa Press, indica que los seis bienes inmuebles y las cinco cuentas, una de ellas en Luxemburgo, que ha ofrecido Álvarez en garantía no son suficientes para cubrir la cantidad de 29.568.129 euros impuesta como responsabilidad civil por los ERE.

Por ello, acuerda iniciar una averiguación patrimonial integral de bienes mediante la aplicación informática de que dispone el Consejo General del Poder Judicial.

Embargo de pisos en Madrid, Sevilla, Estepona y Benalmádena

El juzgado de instrucción 6 acuerda expedir el mandamiento oportuno a los registros de la propiedad correspondientes para embargar la parte propiedad de Álvarez de una vivienda de la calle Raimundo Lulio de Málaga, otra en la calle Cea Bermúdez de Madrid, un piso en la calle Torneo de Sevilla y un inmueble en Benalmádena (Málaga).

Además embarga la parte proporcional de un local comercial de la calle Cea Bermúdez Madrid y un sótano de Estepona.

También ordena el embargo telemático de los saldos bancarios que ostente y de las devoluciones pendientes de la Agencia Tributaria.

Entre los saldos bancarios que son embargados se encuentran los fondos de cinco cuentas corrientes, una de ellas del banco luxemburgués Banque et Caisse d'Epagne de l'etat de Luxembourg.

Álvarez ocupó el cargo de consejera de Economía de la Junta desde 1994 hasta febrero de 2004 y su abogado tiene recurrida ante la Audiencia de Sevilla la fianza civil porque considera que tal cantidad se basa en prejuicios y en suponer una "confabulación masiva" de todo el gobierno andaluz.

El recurso, sin embargo, no paraliza la obligación de pago, en un proceso se ha llevado a cabo ya con buena parte de los 166 imputados por los ERE.

Hasta ahora, la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, encargada de todos los recursos sobre los ERE, ha confirmado las decisiones de Alaya sobre las fianzas civiles, entre ellas los 807 millones de euros impuestos al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, la más alta del caso pues respondía a todas las ayudas pagadas con la partida 31L entre 2001 y 2010.