Imputan por malversación a la diputada del PSC Montserrat Capdevila en el caso Mercurio

• Por pagar supuestamente viajes a Madrid con una tarjeta del Parlament
• El TSJ de Cataluña acuerda tramitar el caso mediante un tribunal popular
• Capdevila ha renunciado como portavoz adjunta del PSC en el Parlament

La diputada del PSC en el Parlament catalán Montserrat Capdevila.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha citado a declarar como imputada a la diputada socialista Montserrat Capdevila por un delito de malversación de fondos públicos, por pagar supuestamente viajes privados a Madrid con una tarjeta del Parlament.

Capdevila ha presentado su renuncia al cargo de portavoz adjunta primera y miembro de la dirección del grupo parlamentario del PSC al líder del partido, Pere Navarro, que la ha aceptado.

En su blog, donde ha anunciado la noticia horas después de conocerse su imputación, ha reiterado su confianza en la justicia y en que todo se aclare lo antes posible, al tiempo que ha defendido que ella no ha cometido nunca ningún acto ilícito en el ámbito de sus responsabilidades.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha citado a declarar como imputada a Capdevila por un delito de malversación de fondos públicos, por pagar supuestamente viajes privados a Madrid con una tarjeta del Parlament.

En un auto, el magistrado del TSJC que investiga el caso Mercurio, Carlos Ramos, cita a la diputada para interrogarla el próximo 28 de mayo y acuerda tramitar el caso por el procedimiento del tribunal popular, que es competente en los delitos de malversación.

El magistrado acusa a la diputada de haber pagado con la tarjeta de la Cámara catalana varios viajes de carácter privado en los que acompañó a Madrid al exalcalde de Sabadell Manuel Bustos entre los años 2010 y 2012, cuando ella era concejal de Servicios Centrales de la población.

En concreto, son 13 viajes Barcelona-Madrid ida y vuelta realizados entre el 22 de octubre de 2010 y el 24 de septiembre de 2012 por un importe total de 4.347,1 euros, todos ellos presuntamente "abonados con fondos públicos".

Según el auto, Capdevila tenía desde el 21 de octubre de 2010 por Renfe la titularidad de una tarjeta nominativa "le da derecho a cargar directamente al Parlament" los gastos por desplazamientos en tren relacionados con el ejercicio de su labor parlamentaria", en virtud de un convenio de colaboración entre la compañía y la Cámara catalana.

Origen en el 'caso Mercurio'

El magistrado Carlos Ramos ordena trasladar a la defensa de Capdevila y al fiscal las copias de la documentación del caso remitida por el Juzgado de Instrucción 1 de Sabadell (Barcelona), que inició el caso Mercurio y en cuya investigación se detectó este presunto delito de la  socialista.

De hecho, los indicios del juzgado de Sabadell se basan en la documentación facilitada por Renfe y el Parlament, así como "en  diversas conversaciones mantenidas con una tercera persona" en las conversaciones intervenidas judicialmente del caso Mercurio, de presunta corrupción con epicentro en esta ciudad.

Hasta el 1 de julio de 2013, el Parlament sufragaba directamente los peajes y los billetes de tren a los diputados, y desde entonces es cada grupo parlamentario quien decide si destina parte de la subvención que recibe de la Cámara a sufragar los viajes de sus diputados.

Alega un "vacío normativo"

En enero pasado, al trascender que la Fiscalía había planteado al TSJC la imputación de Capdevila por malversación, la diputada socialista sostuvo en su blog personal que no hizo ningún uso ilícito de la tarjeta de Renfe, y desveló que había devuelto al Parlament el importe íntegro de los gastos a cargo de la misma.

La diputada socialista se escudó en que existe un "vacío normativo" sobre la regulación del uso de la tarjeta de Renfe del Parlament y denunció sentirse víctima de una "intolerable invasión" en su vida privada con el objetivo de buscar su "descrédito y destrucción política y personal".

Del llamado caso Mercurio iniciado en un juzgado de instrucción de Sabadell, el TSJC investigó también en una pieza separada al exdiputado socialista Daniel Fernández y al propio Bustos por haber presionado a la alcaldesa de Montcada i Reixac (Barcelona), María Elena Pérez, para colocar a una ex alto cargo del tripartito, caso por el que ambos afrontan una pena de dos años de cárcel por tráfico de influencias.