'Lobbies' y UE: perfilando el poder en la sombra
- Los grupos de presión superan en personal a las instituciones comunitarias
- Varios informes revelan las maniobras de la banca para lograr leyes beneficiosas
- La Eurocámara cerró la legislatura pidiendo a la Comisión más transparencia
El quinquenio que abren las elecciones al Parlamento Europeo de 2014 empezará con dos interrogantes dirigidas a la propia democracia de la UE: ¿será por fin obligatorio el registro de los grupos de presión, los lobbies? ¿Y cuántos de los comisarios y altos cargos cesantes engrosarán sus filas esta vez?
El mes pasado, en la última semana de plenos antes de los comicios, la Eurocámara lamentó casi por unanimidad que la Comisión Europea siga resistiéndose a avanzar en la transparencia de una actividad clave en el complejo procedimiento legislativo comunitario.
Parece lógico que, de una u otra forma, todos los europeos aspiren a que sus intereses o sus derechos se transformen en leyes y para ello no solo confían en los representantes políticos, sino que recurren a profesionales de la presión (consultorías, fundamentalmente) o la hacen ellos mismos.
Por ahora, un total de 6.500 organizaciones (373 españolas) se han inscrito de forma voluntaria en el Registro de Transparencia de la Unión Europea instaurado tras varios años de debate en 2011 y ya entonces visto como insuficiente por la Eurocámara.
La propia UE cree que aún faltan por inscribirse más del 25% de los grupos de interés que en realidad operan en sus instituciones, sobre todo en Bruselas, por lo que a unos seis empleados de media por cada lobby el número total de cabilderos superaría claramente al de empleados de la UE, que actualmente se sitúa en unos 41.000.
Obviamente, hay gran diversidad entre los grupos de presión. Aproximadamente, la mitad de los inscritos defienden los intereses de las empresas, a las que habría sumar la labor de las grandes consultorías y bufetes de abogados, que representan el tercer colectivo por número de organizaciones en el registro. Las ONG son el segundo colectivo más numeroso (25%), pero más que ese dato, merecería la pena comparar los recursos de unas y otras.
El registro incluye esos datos, aunque no facilita su tratamiento ni ha hecho balance. A falta de informes oficiales, destaca el estudio sobre banca realizada por Corporate Europe. Según esta fundación que investiga a los lobbies, la industria financiera invirtió al menos 30 veces más que las asociaciones de consumidores y organizaciones ciudadanas en buscar influencia política.
Trazabilidad de las leyes
Eso se tradujo, por ejemplo, en que más de la mitad de las enmiendas que presentaron los eurodiputados para regular los fondos de inversión-riesgo entre 2008 y 2010, en plena crisis del sector, llevaron la impronta de esos grupos, según Corporate Europe. Las maniobras han dado incluso para escribir algún libro.
Los parlamentarios admiten que usan los textos de esos grupos al menos como borradores de las casi mil leyes al año que aprueba la Eurocámara.
En una de las grandes normas aprobadas en 2013, la Directiva de Protección de Datos, otra ONG, la británica Privacy International, demostró que algunos diputados habían copiado literalmente hasta el 25% del texto de sus enmiendas de los documentos que manejaba la asociación que representa a las grandes empresas del sector.
Por eso, las organizaciones protransparencia piden que las leyes incoporen una trazabilidad, que podrían ser notas al pie o comentarios donde se recoja la autoría original de los redactados o un listado de las personas y organizaciones que de una forma u otra han participado en la elaboración de la ley con sus repectivas aportaciones.
Desde la otra parte, María José Rotondo, presidenta de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), defiende la labor de los lobbies: “En muchos casos, nuestra actividad se centra en hacer pedagogía, ya que legislador no necesariamente tiene que saber de todo. En otros, se trata de generar intereses a favor o en contra de una política en ciernes. En todos los casos, exige una capacidad de monitorización exhaustiva, que no siempre es fácil en ausencia de mecanismos eficaces que pongan la información a nuestra disposición”.
En la precampaña de estas elecciones, Rotondo moderó un debate con políticos de cinco partidos españoles y todos, ella incluida, abogaron por la obligatoriedad del registro de grupos de presión, aunque hubo mucha diferencia en cuanto a otros compromisos en la materia.
Puertas giratorias y habitaciones cerradas
Salvador Garriga, del PP, defendió las reuniones con los lobies: "Yo no sé de todo por lo que necesito escuchar qué me dice la sociedad". Beatriz Becerra, candidata de UPyD, fue más allá y dijo que es “necesario” ese “contacto permanente”. Por su parte, Enrique Guerrero propuso extender hasta cinco años la incompatibilidad para pasar de la administración a una empresa privada relacionada con su actividad política y consideró que el expresidente del Gobierno Felipe González “no debería” formar parte del Consejo de Administración de Gas Natural.
Por Izquierda Unida, Tasio Oliver pidió que la UE esté más abierta a la participación ciudadana que a los lobbies, mientras que Florent Marcellesi, de Equo, quiso distinguir “los lobbies que trabajan para las personas de los lobbies que trabajan para las grandes empresas”.
Al acabar la anterior legislatura, al menos tres de los 14 comisarios que dejaron su puesto pasaron a defender los intereses de corporaciones privadas. Incluso el de Industria, el alemán Günter Verheugen, creó en 2010 su propia agencia para ofrecer “la mejor estrategia de éxito en el trato con las instituciones europeas”.
No obstante, él niega que se dedique al lobby, actividad que según las normas comunitarias tenía prohibida hasta un año y medio después de dejar su puesto. En cualquier caso, ni siquiera comunicó sus nuevos intereses profesionales a la Comisión, como era preceptivo.
Pero volviendo por las puertas giratorias al lado institucional, todavía hay más rincones sin luces ni taquígrafos, lo que abona el terreno para estas prácticas. Y es que las cumbres del Consejo Europeo (los jefes de Estado o de Gobierno) se celebran a puerta cerrada, al igual que las reuniones de la Comisión y también las que ambas instituciones mantienen con el Parlamento Europeo en los llamados triálogos.
Por eso, la labor de cabildeo se profesionaliza cada vez: no es lo mismo acceder a los políticos en fases clave de un proyecto, ni tienen el mismo efecto las visitas personales que una campaña de envío de correos electrónicos...
Y “quienes tienen acceso privilegiado al poder, tienen capacidad de que las decisiones les favorezcan a ellos muchas veces en detrimento de la mayoria de los ciudadanos”, resume a TVE el catedrático de Ciencia Política Manuel Villoria, de Transparencia Internacional.
¿Voluntariedad u obligatoriedad?
La Comisión Europea no es partidaria de hacer obligatorio el Registro de Transparencia alegando “complejas cuestiones legales” (que no ha precisado, aunque sugiere que sería contrario a un tratado) y cree que, al contrario, llevaría a que muchas de ellas no se inscriban.
La Sociedad de Profesionales de Asuntos Europeos, que agrupa a los lobistas, cree que debe seguir siendo voluntario por razones similares. “Es un viejo debate: no hay base legal y además tendría consecuencias negativas en lo que se refiere al acceso a las personas que toman decisiones”, declaró esta organización.
Sin embargo, la Asociación Europea de Consultores de Relaciones Públicas consideró “muy alentador” que el Parlamento Europea insista en hacer obligatorio el registro y “la profundización en los incentivos” para quienes se incriban, como las tarjetas de acceso a las instalaciones de la UE.
Finalmente, en Acces Info Europe, una de las organizaciones que fomentan la transparencia en el ámbito comunitario, instan a que “tras las elecciones, el nuevo Parlamento trabaje duro para que la nueva Comisión se comprometa” más en este campo.