El juez de 'Nóos' investiga una transferencia de 12 millones de Telefónica a una cuenta en Ucrania
- Castro quiere saber si tiene relación con la fundación que sustituyó a Nóos
- El juez califica de "controvertida" la transferencia de diciembre de 2007
- Cita como testigos a tres altos ejecutivos de Telefónica y a un empresario
El juez del caso Nóos, José Castro, investiga si una transferencia de Telefónica por 12 millones de euros efectuada en 2007 a una cuenta de una entidad con sede en Ucrania en diciembre de 2007 tiene relación con la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (FDCIS), puesta en marcha por Iñaki Urdangarin y su exsocio, Diego Torres, como sucesora del Instituto Nóos.
Para aclararlo, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca ha citado a declarar como testigos el próximo 31 de mayo a tres altos ejecutivos de Telefónica -entre ellos al director de la Asesoría Jurídica de la compañía, Enrique Medina Malo- y al empresario Juan José López Ribes.
La transferencia, calificada de "controvertida" por el instructor de Nóos en la providencia (.pdf) conocida este lunes, se realizó por el supuesto concepto de "alquiler de líneas" el 5 de diciembre de 2007, cuando Iñaki Urdangarin era consejero de Telefónica Internacional. El número de la cuenta bancaria de destino corresponde a un particular.
La nueva investigación deriva de unas diligencias abiertas en el juzgado de instrucción número 18 de Barcelona, en las que consta una transferencia de 12 millones de euros que Telefónica efectuó a través de Cajasol a una entidad con residencia en la localidad ucrania de Odessa.
Castro ha tenido noticia de estos hechos a través de un informe de la Fiscalía Anticorrupción que recogía a su vez parte de las diligencias abiertas en el juzgado de Barcelona. Anticorrupción ha remitido al instructor de Nóos un escrito registrado en la Fiscalía de Barcelona que, según fuentes judiciales citadas por Servimedia, versa "sobre un cruce de misivas referidas a una transferencia de 12 millones de euros a una cuenta corriente particular, realizada supuestamente por Telefónica".
Un empresario relaciona la transferencia con Urdangarin
En estas misivas, a las que ha tenido acceso Europa Press, el receptor de la transferencia insinúa que el dinero estaba relacionado en realidad con la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (FDSI), controlada por Urdangarin y Torres.
"El verdadero motivo de la transferencia era disponer de un capital por si se decidía devolver todas las facturas realizadas por una fundación sin ánimo de lucro (en referencia a la FDSI), pero luego se cambiaron los planes porque devolver los importes significaba aceptar tácitamente los delitos", asevera el empresario en una de las cartas.
En otra carta del 26 de junio de 2011, el empresario explica que se encontraba en el banco cuando le notificaron la transferencia. "Creían que yo era un alto ejecutivo de Telefónica que, de incógnito, iba a invertir (...) Nadie comprendía allí que me negase rotundamente a aceptar ese importe, como tampoco el de los gastos".
"Ni yo ni mi empresa teníamos nada que ver con Telefónica", explicaba al director de la Asesoría Jurídica de Telefónica. El empresario asegura que tuvo que abandonar Odessa (Ucrania): "Lo perdí todo".
En marzo de 2012, el afectado explica de nuevo al jefe de la Asesoría Jurídica que remitía copia de la transferencia al juez Castro "para que investigue el origen y sobre todo el objetivo final de la citada transferencia".
Interrogatorios a tres directivos
En relación con esta operación, el juez interrogará como testigo el próximo 31 de mayo al empresario Juan José López Ribes, así como a Enrique Medina, director de la Asesoría Jurídica de Telefónica España, y a Santiago Fernández, letrado o alto ejecutivo de Telefónica de España S.A.
También la letrada o alta ejecutiva de Telefónica Ana Zaforas está citada para el mismo día, en que el juez ha resuelto mantener el interrogatorio al vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, que ya tenía previsto en el marco de la investigación del "caso Nóos".
Además de las declaraciones acordadas, José Castro reclama al empresario Juan José López Ribes que le entregue cualquier documentación que tenga en su poder relacionada con la transferencia bancaria investigada.
El magistrado ha acordado librar un oficio a la entidad Cajasol y a Telefónica España para que "de forma inmediata" aporten toda la documentación de que dispongan sobre la citada transferencia