El ex director general de Caixa Penedès dice que la entidad era "su vida" y que no trató de perjudicarla

• Arranca en la Audiencia Nacional el primer juicio contra exgestores de cajas
• Cuatro exdirectivos contrataron pólizas de seguro por más de 30 millones
• Las hubieran cobrado en caso de abandonar sus puestos en la entidad

El ex director general de Caixa Penedès niega conocer cualquier detalle sobre cómo se contrataron las pólizas

El ex director general de Caixa Penedès Ricard Pagès ha defendido en la Audiencia que la entidad era su "vida" y que siempre se comportó con "total honestidad", por lo que nunca trató de perjudicarla adjudicándose una pensión multimillonaria.

Ha destacado que él cumplió los 60 años en 2007, y que desde ese momento la Caja no hizo ninguna aportación al fondo de pensiones por él, sino que la propia entidad percibió 1,3 millones por las condiciones establecidas en el contrato.

Ricard Pagès ha asegurado que "jamás" habría hecho uso de una las cláusulas que le hubieran permitido cobrar su prejubilación en el caso de que abandonara la caja.

"La Caixa del Penedès era mi vida y yo le dedicaba todo mi esfuerzo. No lo hubiera hecho, jamás he intentado perjudicar a la Caja y mi actuación siempre ha sido de total honestidad", ha afirmado.

Por su parte, el ex director adjunto de Caixa Penedès Santiago José Abella ha defendido la legalidad de las pensiones millonarias que percibió la excúpula de la entidad porque estaban fijadas por contrato y que se contrataron pólizas de seguros para evitar que se les "discriminara" con respecto al resto de trabajadores.

Así lo ha declarado Abella en el juicio que ha empezado este lunes en la Audiencia Nacional contra él y el ex director general de Caixa Penedès, Ricard Pagès, y los exdirectivos Manuel Troyano y Joan Caellas, a los que la Fiscalía acusa de haberse adjudicado prejubilaciones de hasta 31,6 millones con pólizas contratadas a espaldas de los órganos de control de la entidad.

Según ha explicado el acusado, firmó un contrato de alta dirección con Caixa Penedès en 1996, en el que se establecía una cláusula que le concedía el derecho a una prejubilación vitalicia a partir de los 60 años equivalente al 90% de su retribución, que no ha especificado.

Fue el 4 de enero de 2006, ya cumplidos los 61 años, cuando causó baja en la caja, una decisión que trasladó a todo los órganos correspondientes y que, por lo tanto, era "pública y notoria", tanto que sus compañeros de la dirección le "agasajaron" con una comida de despedida en un restaurante de Barcelona.

Jubilación máxima

Un día después, Abella, que ha declarado haber estado "felizmente jubilado" todos estos años, firmó un convenio específico con la Seguridad Social por el que seguiría tributando hasta los 65 años y asegurarse así la jubilación máxima, que se descontaría cuando cumpliera esta edad de lo que percibía de Caixa Penedès.

A preguntas del fiscal, ha explicado que se contrató a una empresa asesora para negociar la externalización de las pensiones de, en un principio, los trabajadores de relación laboral común de la caja, aunque luego se aplicó a la directiva.

En enero de 2001, el Consejo de Administración de Caixa Penedès estableció que se crease un fondo de pensiones con el "salario pensionable" de los empleados y que todos los excesos que, por razones fiscales, no cupiesen en el mismo, pasaran a una póliza de seguros, todo ello sin que la caja tuviera que hacer dotaciones específicas.

"Discriminación" para los directivos

Abella, que llegó a percibir 1,89 millones de prejubilación, ha insistido en que "el personal laboral común cobraba del fondo de pensiones y de la póliza", por lo que si no se hubieran consolidado los derechos de los directivos, habría personas en la caja con todos los derechos cubiertos y otros, ellos cuatro, con solo un trozo, lo que hubiera supuesto una "discriminación".

Antes del interrogatorio, el juez central de lo penal, José María Vázquez Honrubia, ha rechazado anular el juicio, tal y como reclamaban las defensas, que alegaban que la Audiencia Nacional no es el órgano competente para enjuiciar a sus clientes.

La Fiscalía pide tres años de prisión para los exdirectivos Manuel Troyano, José Abella y Joan Caellas y tres años y medio de cárcel para el ex director general de Caixa Penedès, Ricard Pagès. Además reclama que devuelvan las cantidades percibidas fraudulentamente y que se les inhabilite para el ejercicio de cargos directivos en el sector bancario.

Los exdirectivos contrataron pólizas por 31,6 millones

Según el escrito de conclusiones provisionales del fiscal, los exdirectivos, junto al ya fallecido responsable de Recursos Humanos Jaume Jorba, contrataron "a espaldas de los máximos órganos colegiados de la caja" pólizas de seguro por valor de más de 31,6 millones que cobrarían en caso de abandonar sus puestos.

El fiscal considera a Ricard Pagès el cerebro de la trama, que urdió con el consentimiento y colaboración de su círculo de directivos más próximo, el resto de acusados, para generar obligaciones económicas" a Caixa Penedès "para su beneficio particular".

Pagès, aprovechando su poder "omnímodo", diseñó una estrategia a largo plazo destinada a garantizarse a él y a sus más cercanos colaboradores una "desproporcionada ganancia patrimonial" a costa de la entidad, pensada para el momento en que pudieran cesar en sus puestos de trabajo "por cualquier motivo", señala el fiscal.

La "jugada" que planearon era "redonda", ya que los acusados iban a ser propuestos como miembros del consejo de administración del grupo BMN, un cargo que no está retribuido y que exigía que cesaran en sus funciones de directivos.

Así, los acusados se apresuraron a modificar sus contratos de trabajo y a blindar sus pólizas con las compañías Axa y Zurich para que cuando cesaran en sus cargos pudieran beneficiarse de las indemnizaciones previstas en dichos seguros.

Pensiones de entre 3,3 y 11,6 millones de euros

De acuerdo con las pólizas contratadas, Pagès tenía derecho a cobrar 11,6 millones de euros; Abella 5,7 millones; Jorba 3,3 millones; Troyano 6,16 millones y Caellas 4,8 millones. Sin embargo, Manuel Troyano y Joan Caellas fueron despedidos de la entidad financiera y no pudieron cobrar cantidad alguna de las pólizas.

Por ello, la Fiscalía, que les acusa de apropiación indebida y de administración desleal, solicita que Pagès indemnice a Caixa Penedès con 10,73 millones de euros, que es la cuantía que llegó a percibir, mientras que reclama a Santiago José Abella los 1,89 millones cobrados desde 2007.

En cuanto al fallecido Jorba, reclama a sus herederos legales, como "partícipes a título lucrativo", que restituyan a Caixa Penedès un total de 2,53 millones. Asimismo, pide la nulidad de las cláusulas de derechos económicos de las pólizas.

Caixa Penedés necesitó una inyección de dinero público para evitar la quiebra y en 2010 tuvo que fusionarse con otras cajas de ahorros para formar el Banco Mare Nostrum, que recibió 915 millones de euros en ayudas públicas.