Hacienda confirma al juez de Nóos que aprecia dos delitos fiscales por parte de Urdangarin

• Habría defraudado cerca de 340.000 euros de IRPF en los años 2007 y 2008
• Por su parte, el fiscal pide verificar la transferencia de 12 millones de Telefónica

Hacienda aprecia dos delitos fiscales por parte de Urdangarin en el caso Nóos

La Agencia Tributaria ha confirmado en un extenso informe remitido al juez del caso Nóos, José Castro, que aprecia dos presuntos delitos fiscales por parte de Iñaki Urdangarin en el IRPF de los años 2007 y 2008 a través de Aizoon, la empresa que compartía al 50% con la infanta Cristina. Hacienda vuelve a incidir en las conclusiones de un informe anterior en el que ya señaló que Urdangarin dejó de ingresar 182.005 euros de IRPF en 2007 y 155.138 euros en 2008, con lo que en ambos ejercicios superaría el umbral delictivo de 120.000 euros previsto en el Código Penal.

El pasado 5 de mayo, el juez Castro pidió a Hacienda que determinara de forma definitiva si el duque de Palma había defraudado a Hacienda después de que la defensa de Urdangarin presentara un escrito de alegaciones el 22 de abril en el que negaba que el yerno del rey hubiera cometido delito fiscal.

De esta forma, el juez de Nóos ya tiene sobre la mesa el último informe para decidir si mantiene la imputación de Urdangarin por estos presuntos delitos fiscales en el auto con el que pondrá fin a la instrucción del caso. Castro tendrá que decidir a la vez si sostiene la imputación de la infanta Cristina como cooperadora de estos delitos, según informa Europa Press.

Hacienda reitera en su respuesta la posición que ya manifestó en informes anteriores de que Urdangarin utilizó Aizoon para cobrar por los trabajos que hizo para varias empresas, han informado fuentes jurídicas a Efe.

La defensa de Urdangarin negó el fraude fiscal y añadió que, aun aceptando las tesis de Agencia Tributaria, la cuantía presuntamente defraudada no alcanzaría los 120.000 euros que determinan la existencia de un delito penal contra la Hacienda Pública ni en 2007 ni en 2008.

En el escrito que presentó al juez, el abogado de Urdangarin rechazaba la hipótesis formulada por la Agencia Tributaria en un informe de enero de 2013 según la cual el duque de Palma utilizó Aizoon, empresa compartida al 50 % con la infanta Cristina, como sociedad interpuesta para percibir rentas derivadas de su propia actividad personal.

Urdangarin se benefició por no tributar ingresos como IRPF

Según Hacienda, al no tributar esos ingresos como IRPF, Urdangarin se benefició del tipo impositivo más reducido del impuesto de sociedades, así como de la deducción de gastos personales. Además, amortizó el impuesto de sociedades de Aizoon sin derecho alguno por su inactividad.

Su defensa negó que los rendimientos obtenidos por Aizoon sean atribuibles a Urdangarin a título personal y añadió además que, si lo fueran, no se alcanzaría el límite para la aparición de delito porque de lo que cobró por la pertenencia a consejos de administración habría que deducir las retenciones que las empresas que pagaron al duque de Palma tenían que haber aplicado.

Según la defensa del marido de la infanta, solo con la retención del 35% de los rendimientos por la pertenencia de Urdangarin al consejo de administración de Motorpress Iberica y la aplicación del artículo 99.5 de la Ley del IRPF, ni en 2007 ni en 2008 se traspasaba el umbral de 120.000 euros determinante del delito contra Hacienda.

La Fiscalía pide verificar la transferencia de Telefónica

Este martes, se ha conocido también que la Fiscalía Anticorrupción ha recurrido la decisión de Castro de citar como testigos a tres altos cargos de Telefónica en relación a una supuesta transferencia de 12 millones de euros que habría realizado esta compañía en 2007 a una cuenta de Ucrania.

El fiscal pide la suspensión de los interregatorios, fijados para el 31 de mayo, hasta que no se verifique si ese traspaso de dinero existió realmente, según han señalado fuentes jurídicas a Europa Press.

El juez José Castro investiga si tiene relación con el caso Nóos una supuesta transferencia de Telefónica por valor de 12 millones de euros efectuada en 2007 a una entidad con sede en Ucrania.

En una providencia, Castro citó a declarar para el próximo 31 de mayo a tres ejecutivos de Telefónica y al denunciante de la supuesta transferencia, presuntamente tramitada el 5 de diciembre de 2007 a través de Cajasol a una entidad con residencia en la localidad ucrania de Odessa.

Dicha transferencia, que la providencia del juez Castro califica de "controvertida", obedecía al concepto de "alquiler de líneas" e incluye un extracto bancario de diciembre de 2007, con el número de la cuenta bancaria de destino, que corresponde a un particular.