El juez ordena investigar si Oriol Pujol y su esposa recibieron ingresos irregulares

• Revisarán las declaraciones del dirigente de CiU entre 2007 y 2009
• Está imputado por tráfico de influencias y cohecho en el 'caso de las ITV'
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El juez del caso de las ITV ha ordenado al servicio de Vigilancia Aduanera que investigue el patrimonio del diputado de CiU Oriol Pujol y su esposa Anna Vidal entre 2007 y 2009 para comprobar si percibieron ingresos irregulares ajenos a su actividad profesional, ya sean financieros o patrimoniales.

En un auto, al que ha tenido acceso Efe, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Enric Alsina, que mantiene imputado a Oriol Pujol por tráfico de influencias y cohecho, también requiere a Hacienda para que le remita una copia de las declaraciones de renta presentadas por el diputado de CiU y por su esposa correspondientes a los ejercicios fiscales de 2007, 2008 y 2009.

El magistrado ha acordado estas diligencias en el marco de la investigación por cohecho que mantiene abierta contra Oriol Pujol, acusado de haber cobrado presuntamente de la trama corrupta de las ITV a cambio de votar a favor de sus intereses en la Ley de Seguridad Industrial que el Parlament tramitó en el año 2008.

Concretamente, el juez ha pedido al Servicio de Vigilancia Aduanera que investigue el patrimonio de Pujol y su esposa entre los años 2007 y 2009, "incluyendo todo tipo de activos, bien sean financieros o patrimoniales", en relación con una "posible percepción de ingresos irregulares y ajenos a su actividad profesional".

La Fiscalía sospecha que exigió a empresarios 30.000 euros

Lo ha hecho a petición de la Fiscalía, que sospecha que Pujol exigió a un empresario 30.000 euros -presuntamente cobrados a través de su esposa- por votar a su favor en la tramitación de la Ley de Seguridad Industrial de 2008.

Por orden del juez, Anna Vidal y Sergi Alsina -empresario, amigo del político y también imputado- deberán aportar la "justificación documental" de los trabajos que la esposa de Pujol hizo en el último trimestre de 2007 para la sociedad Alta Partners -propiedad de este empresario--, para comprobar si se corresponden realmente a servicios realizados.

Entre las diligencias ordenadas en esta providencia, el juez también ha solicitado al Parlamento catalán que aporte variada documentación sobre la Ley de Seguridad Industrial. Pide la fecha de presentación por parte de CiU, la de la presentación de las enmiendas transaccionadas y la de la aprobación de la ley y del reglamento que la desarrolla.