El embajador de España en Pekín: El proceso contra Jiang Zeming frena la visita de Rajoy

• Las relaciones son buenas pero el proceso frena los contactos políticos
• La Audiencia Nacional mantiene el caso por delitos de genocidio en el Tíbet

El expresidente chino Jiang Zemin fotografiado el 20 de mayo de 2014

El caso abierto en España contra cinco ex líderes chinos -entre ellos, el ex presidente Jiang Zemin- por presuntos delitos de genocidio y lesa humanidad en el Tíbet ha frenado la agenda política de España en China, según ha asegurado este miércoles el embajador español en Pekín, Manuel Valencia, en declaraciones recogidas por la agencia Efe.

El proceso, ahora en manos de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional española, está siendo un "obstáculo" para, por ejemplo, la visita del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a China,  cuya fecha lleva ya tiempo negociándose. "No lo ha hecho imposible pero lo está frenando", ha indicado el diplomático, quien ha considerado que el momento actual "no es el mejor para hacer un viaje político".

El diplomático no cree fácil que se produzcan visitas de estas características hasta que el tema no se cierre. "Lógicamente, (la situación) ha producido una dosis de incomodidad y frena contactos a nivel político", ha afirmado Valencia durante un encuentro con periodistas en la legación española de la capital china, en referencia a la orden de busca y captura ordenada por el juez español Ismael Moreno este año contra los políticos chinos.

No obstante, ha recordado que una delegación del Senado liderada por su vicepresidente, Juan José Lucas, visitó el país asiático en febrero de este año.

Un conflicto en medio de buenas relaciones

A pesar del impacto en la agenda política, Valencia aseguró que la relación entre ambos países sigue siendo buena. "Todo funciona bien", ha insistido el embajador, que ha recordado la importancia que este tipo de visitas de alto nivel tienen para impulsar las inversiones.

 

"Afecta a muchos puestos de trabajo en España, directos e indirectos, hay muchísimo dinero en juego", explicó el diplomático, quien recordó los avances logrados por otros países como Alemania, Francia, o Portugal -donde China ha multiplicado sus inversiones-.

Fomentar la inversión

En todos los casos mencionados,  las visitas políticas al país asiático han impulsado la firma de acuerdos. Los ejemplos más recientes son los de los viajes, la semana pasada, del presidente portugués y del ministro de Exteriores francés.

En el caso de Portugal, el presidente consiguió un compromiso de cooperación e inversión futura de varias compañías energéticas chinas que han tenido un papel determinante en el reciente proceso de privatización de algunas empresas estatales lusas, mientras que el ministro francés logró un acuerdo entre el gigante del comercio electrónico chino Alibaba y firmas francesas, así como la venta de aviones Airbus.

Jurisdicción universal

La querella por el supuesto genocidio en el Tíbet en los años ochenta y los noventa, recayó en 2006 al juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, quien el 11 de octubre de 2013 la amplió al expresidente chino Hu Jintao.

El pasado 10 de febrero, Moreno ordenó la busca y captura para su detención e ingreso en prisión incondicional de cinco exlíderes comunistas chinos, entre ellos el expresidente Jiang Zemin, por delitos de genocidio, torturas y lesa humanidad en relación a la represión en el Tíbet.

Tras esta decisión, China expresó en varias ocasiones su "fuerte malestar" y su "firme oposición" a la decisión de la Justicia española y expresó su deseo de que el Gobierno resolviera "de forma apropiada" este asunto.

El día 15 de marzo de 2014 entró en vigor tras ser publicada en el Boletin Oficial del Estado (BOE) la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que introduce nuevos límites para que los jueces españoles puedan juzgar, bajo el  principio de la justicia universal, crímenes de especial gravedad  cometidos fuera de nuestras fronteras.

El juez Fernando Andreu y la Fiscalía del alto tribunal mostraron sus dudas sobre la constitucionalidad de la reforma de la justicia universal, mientras que los seis jueces centrales de instrucción tomaron la decisión de dirigirse a las partes para que ellas se posicionen sobre los efectos de la reforma.

Los jueces de la Audiencia Nacional se rebelaron así en contra del archivo automático de las causas a las que afecta la entrada en vigor de la reforma, sobre la que la Fiscalía ya manifestó su discrepancia en una queja que remitió al fiscal general del Estado, al entender que esa reforma limita la investigación de delitos, lo que a su entender podía ser "en cierta medida" inconstitucional.