El Gobierno pide a los jueces que respeten la ley de justicia universal

• La última reforma ha permitido la excarcelación de 43 narcotraficantes
• Santamaría recuerda a los jueces que están obligados a aplicar las leyes
• "El Ejecutivo tiene la obligación de hacerlas cumplir y los jueces de aplicarla"

El Gobierno pide a los jueces que respeten la ley de justicia universal

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha pedido a los jueces que respeten la ley que regula la aplicación de la jurisdicción universal y ha estimado que la reforma aprobada en España no genera impunidad.

Soraya Sáenz de Santamaría ha realizado estas reflexiones en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros al ser preguntada por la polémica generada con la aplicación de la reforma legal que restringe la jurisdicción universal en España y que ha provocado la excarcelación de 43 narcotraficantes, y por las críticas de jueces de la Audiencia Nacional a la nueva norma.

Sáenz de Santamaría ha explicado que "en un sistema de división de poderes el Parlamento aprueba las leyes, el Ejecutivo tiene la obligación de hacerlas cumplir y los jueces de aplicarla y los procedimientos en los que se estime que una ley pueda no ajustarse a la Constitución están ahí".

"A cada uno de los poderes nos corresponde respetarnos entre nosotros, respetar las decisiones que adoptan los otros, en este caso entre el poder legislativo y el poder judicial", ha insistido.

“"Aquí nadie puede considerarse al margen de la división de poderes"“

Al respecto, ha abundado en que "a los jueces les corresponde juzgar y hacer ejecutar lo juzgado y a las Cortes Generales aprobar las leyes que los jueces aplican y los mecanismos en el caso de dudas sobre la legislación están legalmente previstos. Aquí nadie puede considerarse al margen de lo que es la división de poderes".

Justicia para víctimas o culpables españoles

Ha recordado que el objetivo de esta reforma es que los delitos de persecución universal, sin perjuicio de otras particularidades, queden vinculados a que la víctima sea española, que el presunto culpable sea español o se encuentre en España pendiente de extradición y en el caso del narcotráfico que el destino u origen del cargamento sea España.

"Las dificultades se plantean cuando se trata de juicios por barcos capturados en aguas internacionales no españolas, sin tripulantes españoles y en algunos de los casos que ni siquiera se dirigían a España", ha aclarado en referencia a los últimos casos.

Ha precisado que "eso no quiere decir que estos delitos tengan por qué quedar impunes pues las autoridades españolas cuando tienen conocimiento de la comisión de un delito fuera de su jurisdicción pueden denunciarlo ante la justicia del país competente".

En todo caso ha destacado que no es la única reforma que se ha hecho en la justicia universal a lo largo de la historia de la ley orgánica del poder judicial en varias legislaturas y ha recordado la modificación de 2009, cuando hubo que reconducir algunos de los supuestos y así se hizo en una enmienda.

Suspendido el juicio contra cinco narcos acogidos a la reforma

El juicio contra cinco narcotraficantes capturados en aguas internacionales cuando supuestamente transportaban 1,7 toneladas de cocaína frente a las costas de Cabo Verde, previsto para los días 5 y 6 de junio, ha sido suspendido porque los encausados han solicitado su libertad en aplicación de la reforma de la justicia universal.

La Sala Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional ha decidido remitir al Pleno la petición de libertad de los narcotráficantes. El Pleno ya ha tomado postura respecto a tres buques apresados en aguas internacionales. En total, han quedado en libertad 43 presuntos traficantes de droga.

El buque Pacífico fue abordado en aguas internacionales del Atlántico a las 7:00 horas del 15 de marzo de 2013. El barco estaba tripulado por cinco personas, una de nacionalidad coreana y otras cuatro brasileñas. Viajaba sin pabellón y tenía matrícula de Panamá. En el momento del abordaje en una operación conjunta entre las autoridades de Portugal y España, supuestamente transportaba 1,7 toneladas de cocaína, con un valor de mercado cercano a los 60 millones de euros.

Según las conclusiones de las Fuerzas de Seguridad del Estado, "se prestaban a introducir en un punto no determinado de la Península Ibérica" la droga.

En el momento del abordaje se les incautaron, además, varios GPS, teléfonos por satélite y dinero en efectivo y fueron trasladados a Las Palmas de Gran Canaria. El fiscal pedía trece años y medio de prisión por un delito contra la salud pública.