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El Vaticano violó la legislación internacional por los abusos sexuales, según la ONU

  • Un informe concluye que no tomó medidas en al menos 50 denuncias
  • La Convención contra la Tortura obliga a los Estados más allá de su territorio
  • Naciones Unidas critica que la Iglesia traslade a clérigos bajo sospecha

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El representante del Vaticano, Tomasi, comparece ante el Comité contra la Tortura de la ONU
El embajador del Vaticano ante la ONU, Silvano Tomasi, comparece ante el Comité contra la Tortura de la ONU para declarar por los casos de pederastia. Imagen tomada el 5 de mayo de 2014.

El Vaticano ha violado la Convención contra la Tortura en los casos en los que podía haber impedido abusos sexuales y no lo hizo, o en las ocasiones en que ni investigó ni denunció los hechos delictivos, según la ONU.

Así lo establece el Comité contra la Tortura y otros tratos inhumanos de las Naciones Unidas, que este viernes ha presentado sus conclusiones finales sobre el informe del Vaticano.

"Nosotros no decimos que el Vaticano es responsable de todas y cada una de las violaciones cometidas por cualquier cura. Pero sí decimos que la Santa Sede ha violado la Convención en los casos en que fue informada de abusos e ignoró las acusaciones, y eso, que nosotros sepamos, ha pasado al menos unas cincuenta veces", ha expresado en rueda de prensa la relatora del caso, Felice Gaer, informa Efe.

La principal conclusión del Comité es que la responsabilidad del Vaticano en los casos de abusos sexuales no se limita a su territorio, sino que abarca los abusos cometidos en otros Estados siempre y cuando la Santa Sede "ejerza efectivo control" sobre el perpetrador. "Efectivo control significa que el Vaticano supiera del caso, fuera informado y no actuara. O fuera informado y ordenase trasladar al abusador en lugar de perseguirlo y castigarlo", ha explicado Gaer.

"El Estado parte es responsable por los actos y omisiones de sus funcionarios y otros que actúen oficialmente o en nombre del Estado. Esta responsabilidad se extiende a las acciones u omisiones de los funcionarios del Estado parte desplegados en operaciones en el extranjero", ha concretado el Comité en el informe.

Esta conclusión rebate la interpretación del Vaticano de que carece de jurisdicción penal y de responsabilidad por los delitos cometidos por sus sacerdotes en otros países. En una primea reacción, la Santa Sede ha dicho que "toma nota" del informe y que sus conclusiones serán "consideradas con seriedad", informa AFP.

Para el Comité de la ONU, esa "interpretación" del Vaticano "no es congruente" con la Convención. Además, ha solicitado al Vaticano que modifique su legislación para que se adapte a los principios del tratado de 1986 y que fue ratificado por la Santa Sede en 2002, informa la misma agencia.

Atención a las víctimas

Gaer ha recordado que un Estado, en este caso la Santa Sede, tiene la obligación de evitar que un abuso se cometa, y de investigar lo sucedido, perseguir a los culpables y resarcir a las víctimas. "A los que sean responsables de crímenes se les deben aplicar sanciones, incluidas el despido de sus servicio como clérigos", han solicitado los expertos del Comité, formado por diez miembros independientes.

En su audiencia a comienzos de mes, el representante permanente del Vaticano ante la ONU en Ginebra, Silvano Tomasi, dijo que la Santa Sede ha investigado en los últimos diez años a 3.420 sacerdotes sospechosos de haber cometido abusos y que 884 fueron destituidos y apartados.

Asimismo, en sus conclusiones han pedido a la Santa Sede que se asegure de que todas las sospechas de abusos sean comunicadas a las autoridades civiles del lugar donde se cometieron presuntamente los hechos, "para facilitar la investigación y la acusación de los supuestos infractores".

Además, el Comité ha instado a que se revisen los concordatos del Vaticano con otros Estados para evitar que estos acuerdos sirvan para ocultar abusos o proteger a acusados.

Con respecto a las víctimas, ha solicitado que todas ellas obtengan una reparación sin tener en cuenta si el acusado ha sido o no llevado ante la Justicia, y que la Santa Sede cree un mecanismo de quejas para que puedan denunciar abusos.