El Parlamento andaluz "no pudo conocer" las irregularidades en los ERE, según un informe

• Lo concluye la Intervención General del Estado en un informe pericial
• Se utilizaba "una terminología críptica, imprecisa (...) y a menudo equívoca"

Imagen del interior del Parlamento de Andalucía

La Intervención General de la Administración del Estado ha emitido un informe pericial en el que concluye que la Comisión de Economía y  Hacienda del Parlamento de Andalucía no pudo conocer las "irregularidades" de los ERE, ya que en los presupuestos se utilizaba "una terminología críptica, imprecisa, generalista y a menudo equívoca".

En el tercer informe complementario que elevan al Juzgado de instrucción del caso de los ERE, que dirige Mercedes Alaya, al que han tenido acceso Efe y Europa Press, los peritos de la Intervención dicen que no pueden "concluir que la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento de Andalucía pudiera tener conocimiento de la existencia de irregularidades en la presupuestación, o, en su caso, la tramitación de las subvenciones sociolaborales correspondientes al programa 31L".

Presupuestos con contenidos indeterminados

El informe afirma que las agencias andaluzas IFA e IDEA redactaban sus presupuestos con "una indeterminación acerca de quién pudiera ser el órgano otorgante o concedente de las subvenciones sociolaborales, lo que impediría conocer tanto la inadecuada presupuestación realizada por la Consejería de Empleo como las irregularidades que se estaban produciendo en la concesión de subvenciones".

La juez ha notificado a las partes dos informes ampliatorios de la Intervención del Estado sobre lo que pudieron conocer la Comisión de Economía del Parlamento, por un lado, y la Cámara de Cuentas de Andalucía, por otro, sobre las irregularidades en los ERE.

Según los interventores, las agencias IFA e IDEA elaboraban "incorrectamente su presupuesto de ingresos, incluyendo en el mismo unos ingresos procedentes del programa 31L que no eran tales, ya que su destino no era el de cubrir las pérdidas derivadas de su propia actividad (único establecido en la ley) sino el de pagar subvenciones concedidas por la Consejería de Empleo al margen de todo procedimiento legal y del preceptivo control".

IFA e IDE incluían "gastos inexistentes"

"En consecuencia, se estaban utilizando inadecuadamente por la Consejería de Empleo las transferencias de financiación para fines distintos a los legalmente previstos" y las agencias IFA e IDEA incluían "unos gastos inexistentes que nunca se iban a producir, lo cual mantenía la apariencia de compensar aquellos ingresos que habían sido incluidos indebidamente en su presupuesto, procedentes de las transferencias de financiación".

Debido a la indeterminación sobre el otorgante de la subvención y la inadecuada presupuestación realizada por la Consejería de Empleo, los auditores consideran que no hay la "evidencia necesaria" sobre irregularidades en "la presupuestación o, en su caso, la tramitación de las subvenciones sociolaborales correspondientes al programa 31L", dice el informe.

Informe solicitado por la juez Alaya

El pasado mes de marzo, la juez Alaya dictó un auto en el que ordenó a los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado que informaran sobre "qué pudo conocer" la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento andaluz -actual Comisión de Hacienda y Administración Pública- "sobre las irregularidades que se estaban produciendo en la concesión de subvenciones sociolaborales al margen de la Intervención General".

Posteriormente, y en otra resolución, quiso aclarar que "ni siquiera como hipótesis de estudio se ha planteado la existencia de responsabilidad" por parte del Parlamento andaluz, pues únicamente había pedido a los peritos que indagaran el papel que pudiera haber tenido la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento andaluz -actual Comisión de Hacienda y Administración Pública-.