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El Tribunal Constitucional de Portugal vuelve a tumbar varios recortes aprobados por el Gobierno

  • Declara inconstitucional la bajada de sueldo a los funcionarios
  • Así como los recortes en prestaciones por desempleo y enfermedad
  • Es el octavo veto del Alto Tribunal a los ajustes aprobados por el Gobierno

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El Tribunal Constitucional de Portugal ha vuelto a invalidar ajustes introducidos por el Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado de 2014 que, en este caso, afectan a los recortes a los salarios de los funcionarios y a la rebaja en las prestaciones por desempleo y enfermedad.

Los miembros del Alto Tribunal consideraron "inconstitucionales" tres de los cuatro artículos de la Ley de Presupuestos que habían sido sometidos a su dictamen, a solicitud de los principales grupos de la oposición.

La única medida que ha pasado la criba de los jueces es la de menor impacto presupuestario, la relativa a la suspensión de los complementos de algunas jubilaciones.

La más importante en términos económicos es la que afecta a los salarios de los funcionarios y, en este ámbito, el Constitucional invalida los recortes aprobados para los salarios de los trabajadores públicos que superen los 600 euros pero precisa que el veto no tiene efectos retroactivos, es decir, que su vigencia es a partir de este viernes.

Por lo tanto, ha dicho el presidente del Tribunal, Joaquim Sousa Ribeiro, "el Estado no está obligado a reembolsar" los montantes correspondientes a esa reducción desde su entrada en vigor el pasado enero.

Se anula un ahorro estatal de unos 1.300 millones

Con este fallo judicial se anula un nuevo ahorro estatal, de unos 1.300 millones de euros, y se obliga al Gobierno a buscar otras medidas para poder cumplir con el programa de ajustes pactado con la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) a cambio de su rescate.

"Es una buena noticia para todos los demócratas", ha dicho António José Seguro, el líder del Partido Socialista (PS), uno de los que solicitó la fiscalización del Tribunal.

Los jueces han dado la razón a tres de las cuatro peticiones de los socialistas, ha añadido, antes de recordar que se trata del octavo veto del Alto Tribunal a los ajustes aprobados por el Gobierno.

Aunque ningún miembro del Ejecutivo se ha pronunciado aún, algunos medios apuntan ya que esas medidas pueden pasar por una subida de impuestos, concretamente del IVA, que podría incrementarse hasta el 25%.