EE. UU. quiere reducir un 30% las emisiones de CO2 en la generación de energía hasta 2030

• Se pretende aplicar en las centrales termoeléctricas del país
• Ha sido una decisión ejecutiva de Obama para luchar contra el cambio climático
• Ya ha habido críticas a la ley y se espera una batalla legal

Contaminación en Los Ángeles.

El Gobierno de Estados Unidos ha desvelado este lunes una propuesta cuyo objetivo es reducir en un 30% las emisiones de dióxido de carbono (CO2) de las centrales termoeléctricas del país hasta 2030.

La Agencia de Protección Medioambiental (EPA, en sus siglas en inglés) ha anunciado que los estados podrán aplicar con flexibilidad la nueva legislación, que se prevé que entre en vigor en 2016.

Los estados tendrán capacidad para definir su combinación de fuentes de energía para alcanzar este objetivo a través de la promoción de energías renovables, incrementar el uso de gas natural, aumentar la eficiencia energéticas y a través de un sistema nacional de intercambio de licencias de emisiones.

Lucha contra el cambio climático

La decisión del presidente estadounidense, Barack Obama, de recurrir a su autoridad ejecutiva con esta iniciativa, y esquivar así al Congreso, ha suscitado críticas por parte de la oposición republicana, por lo que se espera el inicio de una batalla legal.

Se trata de la propuesta más ambiciosa en materia de protección al medio ambiente por un mandatario estadounidense, y Obama busca marcar con ella su legado en contra del cambio climático.

Obama justificó el pasado fin de semana el plan, al recordar que cerca del 40% de la contaminación en Estados Unidos proviene de las plantas de energía. Para 2020 esperan que las emisiones de dióxido de carbono se reduzcan en un 20%.

"Podemos elevar el denominador común por una economía más limpia y baja en emisiones de carbono que impulse el crecimiento en las próximas décadas", ha manifestado Gina McCarthy, directora de la EPA antes del acto oficial previsto en Washington este mismo lunes.

Críticas al plan de reducción de CO2

Algunos legisladores republicanos ya han mostrado su rechazo a la normativa y han anunciado su intención de tomar acciones para frenar su aplicación, con el argumento de supondrá eliminar miles de puestos de trabajo.

Los gobernadores de algunos estados con fuerte dependencia del carbón o de la electricidad generada con este mineral, como Kansas, Kentucky o Virginia, también se han mostrado críticos con el plan.

También la Cámara de Comercio estadounidense ha expresado su oposición a la medida, al pronosticar que costará unos 50.000 millones de dólares al año a la economía y aumentará los costes de la energía.