La juez Alaya imputa al exconsejero andaluz de Innovación Martín Soler por el caso de los ERE

• Es el octavo consejero imputado en la trama de los ERE irregulares
• Se le acusa de seguir utilizando transferencias de financiación
• La juez aplaza al 12 de junio la declaración del presidente de Unicaja

La juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, ha imputado este miércoles en la causa al exconsejero de Innovación de la Junta de Andalucía Martín Soler por seguir utilizando las transferencias de financiación para pagar las ayudas investigadas.

La juez, en un auto al que ha tenido acceso Efe, cita a Soler para el próximo 17 de junio y acuerda un nuevo calendario de señalamientos que incluye para el 12 de junio a Braulio Medel, presidente de Unicaja, que en principio estaba citado mañana.

Martín Soler se une a otros siete exconsejeros de la Junta ya imputados como Magdalena Álvarez, que fue titular de Hacienda, así como Antonio Fernández, Manuel Recio, Antonio Ávila o Francisco Vallejo, junto a los expresidentes andaluces preimputados José Antonio Griñán y Manuel Chaves.

Según la juez, Martín Soler, que fue consejero entre 2009 y 2010, tuvo conocimiento del informe definitivo de la Intervención General de la Junta de Andalucía sobre la agencia IDEA y pese a eso siguió utilizando las llamadas transferencias de financiación para pagar las ayudas investigadas.

Nuevo calendario de declaraciones

En el nuevo calendario de declaraciones la juez incluye a José María Ruiz Mateos, quinto hijo del dueño de Rumasa imputado en la causa, que comparecerá el 17 de junio, así como a Ángel Rodríguez de la Borbolla (PSOE), exalcalde de Cazalla de la Sierra (Sevilla) y hermano del expresidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla.

La juez, además, cita el 13 de junio a Agustín Moreno Reviriego, exalcalde socialista de Torrecera (Cádiz), presunto "intruso" en las ayudas a la Faja Pirítica, y pide a la Guardia Civil que determine por qué este imputado ingresó 30.000 euros en 2001 en una cuenta del exconsejero de Empleo Antonio Fernández.

"Instancias superiores" en la toma de decisiones

Alaya dice en tres ocasiones que las decisiones sobre las medidas investigadas pudieron tomarse "en instancias superiores" a los consejeros imputados.

Así, al razonar la imputación de tres empresarios de la Sierra Norte de Sevilla, afirma que utilizaron "sus influencias en la Consejería de Empleo a través de su titular, Antonio Fernández, o incluso en instancias superiores".

En un correo electrónico de junio de 2008, el inculpado Manuel Valdecantos indicaba al exdirector de Trabajo Juan Márquez que "había logrado el cobro a través de gestiones realizadas con la Presidencia de la Junta" y en enero de 2009, cuando se habían agotado los fondos para el Matadero de Sierra Morena, los inculpados anunciaron que "ya verían que es lo que podían hacer cuando pasaran los cambios en la Junta (pues eran las fechas de cambio de presidente de la Junta)".

De hecho en enero de 2010, pasados dichos cambios, les fueron concedidos 300.000 euros, añade el auto.

Un caso con 185 imputados

La juez también pide a las partes que se pronuncien sobre la petición de la Junta de imputar en la causa al empresario Alfonso Seoane, que ocupó varios cargos en la Expo92 y recientemente fue asesor del exalcalde de Sevilla Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE).

Alaya, que tiene 185 personas imputadas entre "intrusos", ex altos cargos y mediadores en las ayudas, archiva la causa respecto a seis acusados: una trabajadora de la aseguradora Vitalia, dos administrativos del Grupo Nueva Rumasa y tres personas que sí tenían derecho a beneficiarse del ERE de Mercasevilla y la empresa SAMEC.

En cambio, rechaza retirar la imputación al exdelegado de Trabajo de la Junta en Sevilla Juan Rodríguez Cordobés pues considera que haber devuelto los 36.000 euros percibidos indebidamente "no desvirtúa los hechos que le fueron imputados".

La juez investiga la presunta administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31L de los fondos de la Junta de Andalucía, gracias a la cual fueron libradas ayudas arbitrarias a empresas, en muchos casos relacionadas con miembros del PSOE, y fueron financiados expedientes de regulación de empleo en algunos casos injustificados, en otros irregulares, y frecuentemente incluyendo la prejubilación de personas ajenas a las plantillas de las propias empresas.