La Izquierda Plural y Compromís-Equo presentan enmiendas a la totalidad de la ley de abdicación
- El Congreso debatirá la ley de abdicación el próximo 11 de junio
- Ambos grupos buscarán una votación en el Congreso sobre el referéndum
Los grupos parlamentarios La Izquierda Plural y Compromís Equo defenderán enmiendas a la totalidad en el debate de la ley orgánica que regula la sucesión del rey, que se celebrará el próximo 11 de junio. En sus enmiendas, pedirán, respectivamente, que se dé voz al pueblo sobre el modelo de Estado que quiere, y que en el plazo máximo de un mes se convoque un referéndum para que los ciudadanos elijan entre monarquía o república.
En concreto, el diputado de Compromís-Equo, Joan Baldoví, ha presentado una enmienda de totalidad este martes, pidiendo la devolución del proyecto de ley al Gobierno.
En otras dos enmiendas parciales, Compromís-Equo defenderá la consulta popular, pedirá que el rey Juan Carlos haga una declaración de bienes y que dé a conocer todo su patrimonio para poder "conocer en qué medidas se ha podido enriquecer" durante su reinado.
Un año de la proposición de IU para un referéndum
Mientras, fuentes del grupo parlamentario de La Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) recogidas por Servimedia, han asegurado este jueves que seguirán reclamando un referéndum una vez sea proclamado el nuevo rey, Felipe VI.
Se da la circunstancia de que el próximo 18 de junio, día en el que en principio está prevista la proclamación del nuevo rey, hará un año que IU registró la proposición no de ley para pedir la convocatoria de un referéndum.
Sin embargo, no podrá debatirse hasta más adelante, pues primero hay que esperar a que el Congreso "recupere la normalidad", dado que las dos próximas semanas la agenda parlamentaria estará prácticamente monopolizada con la abdicación del actual monarca, Juan Carlos I, y la proclamación del nuevo rey.
Además, La Izquierda Plural tiene que esperar a tener cupo para poder llevar esta iniciativa hasta el hemiciclo. Aproximadamente toca a una proposición no de ley cada dos meses, según las mismas fuentes.
Frente a quienes como el PP y el PSOE defienden que para celebrar este referéndum es necesario reformar la Constitución, este grupo parlamentario, explicaron, considera que no es necesario, en virtud del artículo 92.1 de la Constitución Española.
Dicho artículo establece que "las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos".
Votación sobre el referéndum
El diputado de Compromís-Equo busca que el Pleno del Congreso, que tramitará en un único debate la ley que dará vía libre a la proclamación del nuevo rey, se pronuncie también sobre la conveniencia de hacer un referéndum para cambiar el modelo de Estado.
La Izquierda Plural ya anunció el pasado martes que aprovecharía sus enmiendas a la ley de abdicación en el Congreso para forzar una votación en la Cámara sobre la convocatoria de un referéndum.
La propuesta de Compromís-Equo es que se pregunte a los electores si quieren que la Jefatura del Estado esa "ocupada por una persona electa directa o indirectamente por los ciudadanos" o prefieren "la continuidad de la monarquía como institución hereditaria".
Además, en su enmienda de totalidad, a la que ha tenido acceso Europa Press, Baldoví argumenta que la "línea sucesora marcada por la Constitución" sólo regula el "supuesto de la herencia" y que, al no haber fallecido el rey, ésta no es de aplicación.
Es decir, que tal y como está redactada la Carta Magna y sin haberse regulado hasta ahora la abdicación, el trono sólo podría llegar a manos del príncipe Felipe por herencia.
En cuanto a la posición del resto de grupos, PP, UPyD, Foro Asturias y UPN, votarán a favor, frente al voto en contra, por el momento, de la Izquierda Plural, ERC, Nueva Canarias y el BNG. El PNV y CiU se abstendrán.
Mientras, los diputados del PSOE se reunirán el próximo martes para debatir el voto sobre la ley orgánica de abdicación, después de que varios diputados del grupo lo hayan solicitado. Desde un principio, su secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, y la portavoz en el Congreso, Soraya Rodríguez, se habían mostrado partidarias del voto favorable.