El extesorero de CDC niega ante el juez que tenga cuentas bancarias en Suiza y Gibraltar

• Daniel Osàcar acepta la comisión rogatoria del juez a las autoridades helvéticas
• Según un oficio de la Policía, tiene al menos una cuenta con 1,28 millones
• El fiscal Anticorrupción calificó el documento de "inverosímil y chapucero"

El extesorero de CDC Daniel Osácar, a su salida de la Ciudad de la Justicia de Barcelona

El extesorero de CDC Daniel Osàcar ha negado este viernes que tenga cuentas bancarias en Suiza y Gibraltar, como apunta un oficio de la Policía Nacional, y ha aceptado la comisión rogatoria que el juez ha remitido a las autoridades helvéticas para aclarar la existencia de esos fondos.

Según han informado fuentes judiciales, Osàcar ha declarado apenas unos minutos ante el juez que investiga el saqueo del Palau de la Música, que le ha imputado por un delito de fraude fiscal a raíz de un oficio de la Policía Nacional que señala que podría tener una cuenta en Suiza con 1,28 millones de euros, así como otras sumas en entidades bancarias gibraltareñas.

Ante el juez instructor, Osàcar se ha limitado a negar la existencia de esas cuentas bancarias y su defensa no se ha opuesto a la comisión rogatoria que el magistrado ha remitido a las autoridades suizas para comprobar la credibilidad del informe policial, una gestión que podría demorarse meses en dar resultado.

"Inverosímil" para el fiscal

Xavier Melero, abogado de Daniel Osàcar, ha puesto en duda la credibilidad del oficio policial, que se basó en dos anónimos que alertaban de la existencia de esas cuentas, y ha destacado que en esta ocasión coincide con la opinión del fiscal Anticorrupción Emilio Sánchez Ulled, que ha investigado el caso del expolio del Palau.

En sus escritos enviados al juez sobre la nueva imputación de Daniel Osàcar, el fiscal Anticorrupción calificó el documento de "inverosímil y chapucero", realizado por un cuerpo policial "atípico" -el área de Asuntos Internos de la Policía Nacional- y similar a otros informes dudosos que han circulado recientemente por Barcelona.

El documento policial es un escueto oficio en el que se adjunta un documento anónimo, acompañado por una treintena de páginas con recortes de informaciones periodísticas, que sostiene que Osàcar tiene una cuenta en el Credit Suisse de Zúrich con 1,2 millones de euros que habría registrado importantes sumas de dinero en metálico y apunta a la posible existencia de otro fondo en una entidad bancaria gibraltareña.

La defensa de Osàcar pretendía que el extesorero de CDC pudiera acudir este viernes a declarar con una certificación en la mano que acreditara que no tiene cuenta alguna en Suiza, pero las autoridades helvéticas se la han denegado argumentando que para ello requieren una comisión rogatoria, según fuentes de la defensa del extesorero.

La defensa no da credibilidad al informe

El letrado de Osàcar ha arremetido contra el informe que ha comportado la imputación de su cliente por fraude fiscal y ha lamentado que la Policía Nacional no haya llevado a cabo ningún análisis ni investigación para comprobar la veracidad de los anónimos, sino que se haya limitado a remitirlo a la Fiscalía.

El extesorero ha entrado en la Ciudad de la Justicia de Barcelona junto al abogado y responsable de Régimen Interno de CDC, Francesc Sánchez, el mismo que ha acompañado en sus recientes citaciones judiciales a otros cargos de la formación nacionalista, entre ellos al diputado Oriol Pujol, encausado por la trama de las ITV.

En la imputación de Osàcar, que trascendió en vísperas del inicio de la campaña de las pasadas europeas, la formación nacionalista vio una "intencionalidad clara" de perjudicar al partido y en un comunicado remitido a los medios advirtió: "No es la primera vez que a las puertas de unas elecciones aparecen informes policiales basados en fuentes anónimas que cuestionan la honorabilidad de CDC".

En la investigación sobre el saqueo del Palau de la Música que el juzgado de instrucción número 30 de Barcelona está a punto de enviar a juicio, Osàcar afronta una petición fiscal de siete años de cárcel por su papel clave en el presunto pago de comisiones ilegales de la constructora Ferrovial a la formación nacionalista a través de Fèlix Millet, a cambio de la adjudicación de obra pública.