La Fiscalía francesa pide penas de hasta 20 años para los etarras Ozaeta, Suberviola y Salaberria

• En concreto, pide para ellos 20, 18 y 15 años de prisión, respectivamente
• Detenidos en Burdeos en 2008, están acusados de ser dirigentes de ETA
• Ozaeta y Suberviola tomaron el relevo de los capturados "Mikel Antza" y "Baltza"

La Fiscalía francesa ha pedido una pena de 20 años de cárcel para la etarra Ainhoa Ozaeta y 18 años para Igor Suberviola en tanto que dirigentes de la organización terrorista cuando fueron detenidos en Burdeos el 20 de mayo de 2008

El fiscal del Tribunal de lo Criminal de París Jean-François Ricard ha solicitado 15 años para Jon Salaberría en tanto que destacado miembro del aparato político, arrestado en el mismo piso franco que los dos anteriores y que el presunto exjefe de la organización terrorista Francisco Javier López Peña, "Thierry", fallecido durante su encarcelamiento en marzo de 2013.

Ricard ha reclamado a los jueces que su dictamen incluya la obligación del cumplimiento efectivo entre rejas de dos tercios de las penas de cada uno de ellos.

Fusionar estas condenas a las que ya tienen

También solicitó la fusión de estas condenas con otras precedentes que tienen, lo que para Ozaeta Mendicute, alias "Kuraia" (39 años actualmente), sería sumar siete años más a la sentencia que el tribunal dará a conocer el jueves, y para Suberviola Zumalde, "Kartxi" (35) un año suplementario.

Ricard explicó que al ser capturados,  Ozaeta y Suberviola eran en ese momento, y desde tres años antes, "dos de los cuatro o cinco" máximos responsables de ETA por haber ascendido hasta su comité ejecutivo, "zuba".

Desde esa posición, -subrayó- estuvieron implicados en "todas las decisiones importantes" de la organización terrorista, y eso en el periodo de "fanatismo completo" de los años 2007-2008, cuando ETA tras el fin de la tregua puso en marcha una estrategia de "radicalización" en términos de atentados y asesinatos.

Según el relato del fiscal, Ozaeta y Suberviola se habían integrado al comité ejecutivo en la primavera de 2005 y no sólo seguían formando parte de este órgano supremo de decisión en mayo de 2008, sino que tenían intención de continuar pese a las críticas que habían recibido por parte de los responsables de los aparatos logístico y militar, Mikel Carrera Sarobe, "Ata", y Garikoitz Aspiazu Rubina, "Txeroki".

Ascenso tras la detención de 'Mikel Antza' y 'Baltza'

El ingreso en "zuba" de ambos fue la consecuencia de su ascenso en la jerarquía al asumir las responsabilidades que habían ejercido hasta su captura en Salies de Béarn en octubre de 2004 la pareja formada por el hasta entonces jefe político, Mikel Albisu, "Mikel Antza", y la responsable financiera, María Soledad Iparraguirre, "Baltza" o "Anboto".

Albisu e Iparraguirre habían preparado en 2004 una reforma de la estructura que se tradujo, entre otras cosas, en la creación de un "departamento de servicios" de carácter transversal cuya dirección asumió al año siguiente Ozaeta, y que incluía la estructura financiera ("Diba"), la de extorsión ("Gezi"), la de falsificación ("Fal") y la de los militantes ("H-Alboka").

En esa reforma habían previsto que Ozaeta sería la "número dos" del "departamento de servicios", lo que en la práctica significó que asumió las riendas con la caída de "Baltza", de igual forma que en paralelo Suberviola -que también estaba en el segundo escalafón- se convirtió en responsable del aparato político con el encarcelamiento de "Mikel Antza".

Ricard señaló que en el caso de "Gezi", Ozaeta no sólo dirigía la extorsión, "sino de cada una de las operaciones" contra los empresarios a los que se exigía el pago del llamado "impuesto revolucionario", que representaba hasta más del 90% de los ingresos de la banda.

El veredicto, el jueves

Para ilustrar el alcance de la extorsión por parte de ETA, que asimiló a las prácticas "mafiosas", contó que en el piso de Burdeos los soportes informáticos que tenían los acusados -y cuyo contenido en su mayor parte no ha podido ser analizado por estar codificado- contenían "1.047 víctimas" que "fueron aterrorizadas" con amenazas dirigidas contra ellas y contra sus familias.

El representante del Ministerio Público hizo hincapié en que "los acusados no tienen ningún derecho para arrogarse las actuales evoluciones en el País Vasco", en alusión al abandono por la banda de la lucha armada, porque "siempre las han combatido" y "han sido completamente ajenos".

El juicio continúa el miércoles con el alegato de la defensa. El jueves por la mañana está previsto que se dé por última vez la palabra a los acusados antes que el tribunal se retire a deliberar y que unas horas después haga público su veredicto.