El vicepresidente de Argentina, Amado Boudou, declara imputado por corrupción

• Ha reivindicado su inocencia y ha pedido ampliar su declaración
• Se enfrenta a la acusación de comprar una empresa para obtener contratos del sector público estando al frente del Ministerio de Economía

Amado Boudou se convierte en el primer vicepresidente en activo argentino en declarar en un caso de corrupción

Imputado por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública, el vicepresidente de Argentina, Amado Boudou, se ha convertido en el primer vicepresidente argentino en activo en comparecer como imputado ante la Justicia por su presunta implicación en un caso de corrupción que puede costarle su carrera política.

Arropado por cientos de militantes kirchneristas, Boudou, ha reivindicado su inocencia y ha anunciado que pedirá ampliar su declaración en el caso.

"Todo lo que sucedió hoy tiene que ver con el análisis técnico-jurídico de la causa. Las cuestiones políticas yo me las guardé para otra instancia. Voy a ampliar esta declaración", ha declarado Boudou a la prensa al retirarse de los Tribunales.

El vicepresidente ha señalado que en la audiencia ha hecho una exposición y luego él ha contestado "todas las preguntas" que tanto el juez del caso, Ariel Lijo, como el fiscal Jorge di Lello quisieron hacerle.

"Yo hoy concluí mi declaración jurídica y le dejé constancia al juez de que voy a pedirle ampliar mi declaración, cuando lo creamos conveniente, pero va a ser pronto", ha asegurado Boudou, que en su condición de vicepresidente del Gobierno y titular del Senado, ha acudido ante el tribunal para ser interrogado en el marco de la causa que investiga la presunta compra ilegal de la imprenta de papel moneda cuando era ministro de Economía (2009-2010).

“Confío en lo que he hecho y en lo que voy a seguir haciendo”

"Estoy muy tranquilo. Tengo confianza en todo lo que he hecho y en todo lo que voy a seguir haciendo", ha dicho Boudou a los periodistas que le esperaban en la puerta de su domicilio antes de dirigirse a los tribunales, en medio de un gran despliegue mediático.

El vicepresidente ha afirmado que espera que con su declaración indagatoria pueda "empezar a saberse toda la verdad" y ha insistido en que no tiene "ninguna estrategia" y que "podría no haber ido" y "haber contestado por escrito".

El vicepresidente, que ha atribuido las acusaciones a una campaña orquestada por medios enfrentados con el Gobierno, ha insistido en pedir al juez que le permitiera grabar su declaración con una cámara y accediera a la presencia de un taquígrafo del Senado en el juzgado como "acto de defensa", petición que ha sido rechazada por el magistrado.

De acuerdo al auto de citación firmado por Lijo, el vicepresidente está acusado de haber comprado, junto a José María Núñez Carmona, empresario y amigo del funcionario, la imprenta Ciccone Calcográfica en septiembre de 2010, cuando Boudou era ministro de Economía.

La operación se habría realizado a través de la firma The Old Fund, presidida por Alejandro Vandenbroele, "con el fin último de contratar con el Estado nacional la impresión de billetes y documentación oficial", según la resolución judicial.

Vandenbroele es señalado como presunto "testaferro" de Boudou, vínculo negado por el vicepresidente, quien estuvo al frente del Ministerio de Economía entre julio de 2009 y diciembre de 2011.

Boudou aprovechó "su condición de funcionario público"

En julio de 2010, un juzgado del fuero comercial declaró la quiebra de Ciccone -denominada actualmente Compañía de Valores Sudamericana- a petición de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por deudas impositivas.

Sin embargo, la Justicia levantó la quiebra tres meses después, a solicitud de la propia empresa, tras haber negociado un plan de pagos con la AFIP, y luego la imprenta quedó en manos de The Old Fund.

Según el auto, Boudou, "aprovechando su condición de funcionario público", y Núñez Carmona, habrían acordado con los entonces dueños de Ciccone la cesión del 70% de la empresa "a cambio de la realización de los actos necesarios para que la firma pudiera volver a operar y contratar con la Administración Pública".

Boudou, según el escrito, "habría tenido injerencia, de forma directa, presenciando las reuniones para la adquisición", y, junto a Resnick Brenner, jefe de asesores del Fisco, "en el trámite de un plan de pagos ilegal en la AFIP".

"Asimismo, habría intervenido, a través de personas interpuestas, en los actos necesarios para el levantamiento de la quiebra, con el objetivo de obtener el certificado fiscal para contratar con el Estado nacional. Esa finalidad se habría visto satisfecha una vez que Boudou ya era vicepresidente en, al menos, una oportunidad con Casa de la Moneda", afirma el auto.

“Fuerza Armando”

Frente al tribunal, cientos de militantes kirchneristas, en su mayoría conducidos por agrupaciones oficialistas desde municipios del cinturón de Buenos Aires, esperaban su llegada con charangas, pancartas con mensajes como "Fuerza Amado" e incluso una pantalla gigante donde se proyectaron declaraciones exculpatorias de Boudou ante medios próximos al oficialismo.

"Personalmente creo en la inocencia del vicepresidente pero ante todo venimos a apoyar la independencia de la justicia", ha asegurado a Efe Emmanuel Tusinski, convencido de que "habla bien de las instituciones" que el vicepresidente haya sido procesado y se haya presentado.

Por su parte, Rodrigo Claramonte se ha presentado en las puertas de los tribunales para apoyar al vicepresidente "independientemente del proceso judicial" frente a la "manipulación de los medios de comunicación que tratan de guiar la opinión pública".

Además, el jefe de Gabinete del Gobierno argentino, Jorge Capitanich, se ha referido al caso para pedir que se respete "el debido proceso" judicial.

"Muchas veces los medios generan prejuzgamiento, juzgamiento, juicio sumarísimo, condena y sentencia. Eso no es apropiado en un sistema republicano, que tiene que tener publicidad de actos, pero también un debido proceso", ha subrayado Capitanich en su rueda de prensa diaria.

Amado Boudou, de 51 años, dejó la cartera de Economía tras las elecciones de 2011 para ocupar la Vicepresidencia, pero las denuncias por su presunta implicación en escándalos de corrupción han eclipsado su carrera y han provocado que la presidenta Cristina Fernández lo colocara en un discreto segundo plano.