Sanidad promoverá que sus profesionales sean autoridad pública para frenar agresiones
- Más de 30.000 profesionales fueron agredidos de 2008 a 2012, según Sanidad
- La reforma del aborto "no tiene impacto negativo" en el Sistema de Salud
- Cinco comunidades se han negado a firmar el informe que lo avala
Más de 30.000 profesionales de la Sanidad Pública sufrieron algún tipo de agresión en hospitales y centros de atención primaria entre 2008 y 2012, según un informe hecho público este miércoles en el Consejo Interreterritorial de Salud, por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Por eso, la ministra, Ana Mato, ha anunciado que promoverán su reconocimiento como autoridad pública, dado el "preocupante aumento de agresiones" detectado "en las últimas décadas".
Del total de agredidos, según dicho informe, más de 72% son mujeres. En uno de cada cinco casos, la agresión no es solo verbal, sino también física, según ha explicado la ministra tras la celebración del Consejo Interterritorial de Salud en el que se ha trasladado el contenido del estudio a las comunidades autónomas.
Además, Sanidad va a colaborar con el ministerio de Justicia, ha agregado la ministra, para que en caso de conflicto el profesional tenga presunción de inocencia.
La reforma del aborto "no tiene impacto negativo" en el Sistema de Salud
Sobre otro asunto, la reforma de la ley del aborto, el Consejo ha constatado que "no tiene ningún impacto negativo" sobre el Sistema Nacional de Salud, según ha señalado Mato. Este era el último punto incluído en la reunión con los representantes del ramo de los gobiernos regionales.
Mato, ha explicado que este acuerdo adoptado se trata "simplemente de una valoración sobre el impacto que tiene el anteproyecto" en el SNS "sin entrar en el fondo de la cuestión", pues "el debate político se realizará en otros órganos diferentes".
El informe, que remitirán al Ministerio de Justicia, no ha recibido el apoyo de cinco comunidades autónomas: Andalucía, Canarias, Cataluña, País Vasco y Asturias, según ha informado el consejero de esta última región, Faustino Blanco.
La ministra ha destacado que el anteproyecto de ley orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada mejora el marco legal que regula la objeción de conciencia de los profesionales y refuerza la información a la paciente.
Otro de los acuerdos adoptados este miércoles es el Proyecto de Real Decreto de Categorías y Equivalencias Profesionales con el que se pretende garantizar la movilidad de los profesionales. Así, se contempla la regulación de más del 80% de las categorías profesionales y su procedimiento de incorporación.